Trump se acoge al secreto de estado para entorpecer la investigación sobre la deportación de venezolanos en El Salvador

WashingtonEl pulso de Donald Trump en el poder judicial continúa. La Casa Blanca se ha acogido al secreto de estado para evitar detallar la hora en la que despegó el avión que deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador. El gobierno republicano invocó este privilegio este lunes por la noche, horas antes de que expirara el plazo marcado por la justicia, y se negó a revelar más información sobre el vuelo, lo que entorpece las investigaciones del juez James Boasberg para determinar si la Casa Blanca violó su bloqueo judicial. El fallo de este caso se ha convertido en el principal frente en la guerra abierta de Trump contra la autoridad de los jueces.

El 15 de marzo, el presidente estadounidense invocó la ley de enemigos extranjeros para poder deportar a migrantes venezolanos vinculados con la banda El Tren de Aragua. Boasberg emitió una orden de emergencia bloqueando la aplicación de esta ley y exigiendo que se frenara cualquier vuelo de deportación que se ejecutara bajo la ordenanza. Al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciaba que se habían deportado a más de 200 personas a las cárceles de El Salvador bajo la acusación de, presuntamente, pertenecer a la banda criminal. Aunque la Casa Blanca niega haber ignorado la orden del juez, sigue sin revelar a qué hora despegó el avión para poder determinar si fue antes o después de la decisión judicial.

Después de que la semana pasada el Departamento de Justicia también evitara responder a la pregunta sobre la hora de despegue, Boasberg estableció como fecha límite este martes para entregar esta información. El juez federal, objeto de una dura campaña de acoso por parte de Trump y sus seguidores, también dio al ejecutivo la opción de acogerse al privilegio de los secretos de estado.

Ahora, los abogados de los migrantes venezolanos que presentaron la impugnación legal de las deportaciones tendrán hasta el 31 de marzo para responder. Boasberg advirtió de que habría consecuencias si concluye que la administración violó su orden, pero no especificó cuáles serían.

En los documentos judiciales presentados este lunes por la noche, el Departamento de Justicia declaraba que invocaría ese privilegio, argumentando que la investigación de Boasberg constituye una extralimitación judicial que vulnera la autoridad del poder ejecutivo en materia diplomática y de seguridad nacional. "Razonablemente, cabría esperar que la divulgación de esta información causara un daño significativo a los intereses de las relaciones exteriores de Estados Unidos", escribía Rubio.

El gobierno de Trump continúa su campaña por erosionar el poder de los jueces y poner en cuestión su autoridad para controlar las acciones del ejecutivo según la ley. Esta autoridad se conoce como revisión judicial y está recogida en el artículo III de la Constitución, donde se otorga a los jueces federales el poder por dictar sentencia sobre aquellos casos que involucren al presidente, así como otros poderes del gobierno.

Trump lleva semanas calentando la tensión con el poder judicial, ya que los tribunales se han convertido en la primera línea de defensa ante los intentos del presidente por extralimitarse en su poder. El pasado martes, Trump hizo un llamamiento para que sus congresistas –que tienen mayoría en ambas cámaras parlamentarias– iniciaran un proceso de impeachment contra Boasberg, así como contra otros jueces que bloquearon otras órdenes ejecutivas del presidente. La petición provocó que incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, hiciera un inusual comunicado y rechazara la idea. Con toda probabilidad, el caso de la deportación de los venezolanos y la ley de enemigos extranjeros acabará en la mesa del Supremo para que éste decida su futuro.

"Los nazis recibieron un mejor trato"

Pese a cuestionar el poder de los tribunales, los abogados del gobierno también presentaron un recurso ante el tribunal de apelaciones para que se revocara el bloqueo judicial sobre la ley de enemigos extranjeros, que data del siglo XVIII. Este lunes, durante la audiencia sobre los argumentos iniciales, la juez Patricia Millet afirmó que "los nazis recibieron un mejor trato" cuando se les aplicó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial que ahora los venezolanos.

La ley de 1789 se creó para tiempos de guerra con el objetivo de expulsar rápidamente del país a aquellas personas migrantes que se consideraran colaboradoras de países enemigos. Entre otros aspectos, la ordenanza permite dejar sin proceso judicial a las personas a las que se les aplica. Antes de Trump, la norma sólo se había utilizado tres veces: la última fue durante la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a inmigrantes japoneses, alemanes e italianos.

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