Trump declara la guerra a la Justicia por deslegitimar el único freno a sus aspiraciones absolutistas
Musk lidera la campaña contra los jueces estadounidenses y cita a El Salvador como ejemplo a seguir
WashingtonEl dique de contención en las aspiraciones absolutistas de Donald Trump son los tribunales. Las órdenes ejecutivas que buscan extralimitar el poder presidencial no se han detenido después de un mes de mandato y el goteo de bloqueos judiciales en los decretos no ha hecho más que aumentar. El freno judicial es una piedra en el zapato de la nueva administración, que ya está poniendo en marcha una campaña para deslegitimar la autoridad de los jueces y desafiar su poder. Trump busca las grietas del sistema para intentar desencadenar una crisis constitucional.
No sería la primera vez. En la anterior presidencia Trump ya hizo chocar al ejecutivo y al legislativo al declarar la emergencia nacional en la frontera para poder destinar unos fondos federales a la gestión migratoria que el Congreso no había autorizado. El mandato del republicano finalizó sin que se resolviera el conflicto. Ahora, la crisis que quiere provocar Trump no es con el legislativo, sino con el judicial. Muchos de los recortes que ha llevado a cabo el grupo de trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (que en realidad no es ningún departamento) se han visto frenados por órdenes cautelares de jueces de distrito. Y lo mismo ha ocurrido con muchas de las órdenes ejecutivas que el presidente ha estado firmando en contra de las personas migrantes y las políticas de diversidad, equidad e igualdad.
El movimiento más reciente del gobierno Trump para capar los tribunales ha sido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo para que elimine una herramienta clave que los tribunales inferiores han utilizado para bloquear varias acciones de su agenda. El jueves por la noche el equipo legal de Trump pidió al Supremo que frenara o archivara tres órdenes judiciales a escala federal contra su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En el recurso de emergencia se argumenta que los jueces de distrito no tienen autoridad para emitir órdenes generales que bloqueen políticas en todo el país. Si el Supremo acepta el recurso y compra el argumento de que los jueces de distrito no tienen autoridad más allá, Trump lograría deshacerse de un freno importante para sus planes.
Mientras que los estados con jueces más progresistas podrían frenar todavía el embate inicial de la agenda ultra de Trump, otros estados más conservadores tendrían vía libre para acelerar aún más la agenda del republicano. Antes de que el presidente tomara posesión, algunos estados como Texas ya se habían puesto manos a la obra para avanzar trabajo.
Pese a que el republicano recurra al Supremo –confiando que la mayoría conservadora le dé la razón– la campaña que se está orquestando desde dentro del círculo más cercano del magnate pretende deslegitimar al conjunto del poder judicial. Las últimas declaraciones del vicepresidente JD Vance o de Elon Musk buscan resquebrajar el único contrapeso efectivo que existe ahora ante el poder del presidente.
Las provocaciones de Vance
Vance, que ya hace tiempo que ha adoptado su rol de provocador, fue quien abrió la veda y empezó a cuestionar el poder de los jueces cuando aparecieron las primeras decisiones cautelares que frenaban las órdenes ejecutivas del magnate. "Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo utilizar su discreción como fiscal, también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo", escribía el mes pasado en X frente a uno de los bloqueos judiciales a las acciones ejecutivas.
Aunque el vicepresidente afirme que la Justicia no tiene ninguna autoridad sobre la voluntad del Ejecutivo, el artículo III de la Constitución otorga a los jueces federales la potestad de dictaminar sobre casos que involucren al presidente, así como otros poderes del Gobierno. Se trata de la revisión judicial. Lo que sugiere Vance en su publicación supondría desmontar el estado de derecho actual y sentar las bases para que, más adelante, Trump pueda rebelarse contra los jueces.
La narrativa se ha ido repitiendo a lo largo de las semanas, tanto fuera como dentro de la Casa Blanca. Cuando el equipo legal de la administración Trump presentó un recurso contra un bloqueo cautelar que ordenaba restablecer el flujo de las ayudas federales a los programas sociales, el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, aseguró: "Cualquier impugnación legal en su contra no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense".
La mayoría republicana en la Cámara de los Representantes y el Senado lleva tiempo guardando silencio ante la usurpación de sus competencias. El speaker de la cámara baja, el republicano Mike Johnson, incluso mostró su apoyo a las acciones del presidente pese a que invaden su terreno. El legislativo ya se ha juntado en Trump, ahora solo hace falta poner freno a aquellos jueces que, a criterio del magnate, son rebeldes.
El Salvador, referente para Musk
En la entrevista conjunta de Musk y Trump en la cadena Fox, el hombre más rico del mundo volvía a decir en prime time que el presidente es quien encarna la voluntad del pueblo, y que si su poder se topaba con límite, no se estaba viviendo en democracia: "Si la voluntad del presidente no se implementa, y el presidente es el representante del pueblo, esto significa que no vivimos en una democracia, sino en una burocracia".
Musk no sólo ha cargado contra la separación de poderes, sino que ha llegado a pedir elimpeachment de jueces ya poner al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como ejemplo de lo que debe hacerse con el poder judicial. En varias publicaciones en X, en las que Bukele respondió a Musk dándole la razón, el multimillonario defendía lo siguiente: "La única manera de restaurar el gobierno del pueblo en Estados Unidos es destituir a los jueces. Nadie está por encima de la ley, incluidos los jueces. Esto es lo que hubo que arreglar El Salvador. Lo mismo se aplica en Estados Unidos".
En El Salvador, Bukele logró que en el 2021 el parlamento –controlado por su partido– destituyera a los jueces del Tribunal Constitucional, la más alta instancia judicial en el país. Ya entonces saltaron las alarmas en un país que caía en el abismo del autoritarismo.