Reino Unido

Carlos III ha pagado más de 34 millones de euros en impuestos desde que está en el trono

A partir de abril del 2027, el gasto ordinario para el mantenimiento de la monarquía británica aumentará un 33%

Carlos III, durante una recepción de la Semana del Clima de Londres, en el Palacio de St. James, Londres, el día 24 de junio.
25/06/2026
4 min

LondresEl rey Carlos III ha pagado más de 34 millones de euros en impuestos desde que accedió al trono a raíz de la muerte de la reina Isabel II, según ha revelado este jueves por la noche el Palacio de Buckingham, en lo que un portavoz ha asegurado que es "un ejercicio de transparencia sin precedentes". Es la primera vez que la casa real británica publica la factura fiscal personal del monarca. Desde 1993, los soberanos pagan voluntariamente impuestos sobre la renta y las plusvalías. Legalmente, sin embargo, no están obligados.

El detalle del pago de impuestos especifica que Carlos III ha abonado 13,57 millones de euros para el ejercicio 2023-24 y 14,97 millones el 2024-25. El Palacio de Buckingham no ha desglosado la cantidad correspondiente a los primeros meses del reinado (septiembre de 2022 - 31 de marzo de 2023, cuando se cierra el año fiscal en el Reino Unido), pero afirma que el total pagado desde la accesión al trono supera los ya mencionados 34 millones de euros.

La publicación coincide con la difusión del Sovereign Grant report, el documento que, en medio de una cierta neblina, detalla cómo se gastan los fondos públicos destinados al mantenimiento de la institución monárquica. Llama la atención que mientras el gobierno británico exige sacrificios presupuestarios a los ministerios –especialmente al de Defensa, razón por la que dimitió recientemente el responsable de la cartera– y a los servicios públicos, las cuentas de la monarquía muestran una realidad bien saneada.

Dinero público y privado

Carlos III y el príncipe Guillermo disponen de un sistema de financiación único que combina una generosa aportación directa del estado con ingresos millonarios procedentes de dos grandes patrimonios históricos: los ducados de Lancaster y de Cornualles, respectivamente. El primero ha proporcionado al rey 33,30 millones de euros durante el ejercicio 2024/25. Oficialmente, este dinero forma parte del denominado Privy Purse, una bolsa destinada a cubrir gastos privados del monarca y también algunas actividades oficiales no financiadas por el estado.

El heredero de la Corona, el príncipe Guillermo, tampoco depende precisamente de un salario. El ducado de Cornualles, que pasa automáticamente al príncipe de Gales, le ha generado unos ingresos netes de 26,56 millones de euros durante el mismo período. Se trata de un patrimonio multimillonario que incluye tierras agrícolas, propiedades residenciales y comerciales, y otras inversiones repartidas principalmente por el suroeste de Inglaterra.

La subvención pública que financia las actividades oficiales de la Corona –el Sovereign Grant– se elevará este ejercicio 2026-2027 hasta los 160 millones de euros, una subida muy significativa si se compara con los 100,2 millones registrados solo dos años atrás. El incremento consolida una trayectoria claramente alcista que ha alimentado las críticas sobre el coste real de la institución.

Durante el ejercicio anterior (2025-26), la subvención soberana ya había alcanzado los 153,26 millones de euros, después de haber sido congelada desde el 2021-22. De este importe, 78,31 millones –más de la mitad– se destinaron a la conservación de los palacios reales ocupados y, sobre todo, a las obras de modernización del de Buckingham. A partir del 2027, una vez finalizados estos trabajos, la dotación se rebajará hasta los 115,90 millones anuales para el período 2027-2032. Todo ello implica que, a pesar de la reducción prevista, el gasto ordinario de la monarquía continuará siendo notablemente superior: a partir de abril del 2027, el presupuesto para el funcionamiento cotidiano de la institución crecerá en más de 29 millones de euros, más o menos, el 33%.

Los defensores del sistema argumentan que este dinero no proviene estrictamente de los impuestos, sino de los beneficios del Crown Estate, el enorme patrimonio inmobiliario y territorial vinculado a la Corona. Pero esta justificación es cada vez más cuestionada. El mismo informe del Sovereign Grantrecoge las críticas de varios expertos que consideran "artificial" la relación entre los beneficios del Crown Estate y la financiación de la monarquía. Hasta el punto que el antiguo secretario del cabinet, Andrew Turnbull, llega a afirmar que el mecanismo crea la "falsa impresión" de que la Corona se financia a sí misma cuando, en realidad, los recursos entran en el Tesoro y es el estado quien decide posteriormente transferirlos a la familia real.

24.000 millones de patrimonio

Y si bien por primera vez se ha informado de los impuestos que ha pagado Carlos III, la cuestión fiscal es otra de las anomalías que pone de manifiesto el informe del Sovereign Grant. Ni el rey ni el heredero tienen la obligación legal de satisfacer impuestos. Esta situación continúa siendo excepcional, ya que el cumplimiento fiscal de las figuras principales de la monarquía no deriva de una obligación legal aprobada por el Parlamento, sino de un acuerdo no vinculante entre el Tesoro y la casa real.

Otra zona gris continúa siendo la fortuna personal del rey. El informe admite que los ingresos procedentes de sus inversiones privadas, así como el patrimonio heredado de la reina Isabel II, no se hacen públicos. En el momento de la coronación, sin embargo, The New York Times publicó que el patrimonio total de la familia real ascendía a unos 24.000 millones de euros.

En resumen, el documento ofrece algunas pistas pero pocas certezas. No hay constancia de que Carlos III financie directamente a su hermano, el príncipe Andrés, pero sí que se recuerda que la reina Isabel II sufragó con recursos personales el acuerdo extrajudicial que Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York, cerró con Virginia Giuffre en 2022.

En un país donde las listas de espera de la sanidad pública baten récords y algunos ayuntamientos –el de Birmingham, la segunda ciudad del país– declaran quiebra financiera, el debate sobre el coste real de la monarquía vuelve a situarse en el centro de la política británica. La publicación de la factura sobre el impuesto de la renta de Carlos III intenta apaciguar cualquier polémica en torno a la monarquía, la única institución del Reino Unido que nadie, o prácticamente nadie, cuestiona.

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