El dilema de la nueva Hungría: democratización exprés o con todas las garantías para borrar el régimen de Orbán

BarcelonaPéter Magyar tomó las riendas del gobierno de Hungría el 9 de mayo y desde entonces no ha levantado el pie del acelerador, con el objetivo de dejar atrás lo más rápido posible el régimen autocrático construido en los últimos dieciséis años por Viktor Orbán. El primer ministro ha bautizado esta operación de transición democrática con el nombre de fuego purificador, que tiene como máxima prioridad destituir a las personas leales a Fidesz que ocupan cargos públicos y que pueden poner trabas al proceso de reconstrucción del estado de derecho. El primero en caer ha sido el presidente del país, Tamás Sulyok, a quien Magyar ha descrito como una "marioneta" de Orbán. Este proceso de democratización exprés ha disparado aún más la popularidad del nuevo gobierno, pero también ha hecho alzar la ceja a algunas organizaciones y analistas que avisan del riesgo de pasarse de frenada y caer en la misma trampa de concentración de poder del régimen anterior.

Para poder cesar al jefe de Estado, el partido gubernamental Tisza ha aprovechado la mayoría parlamentaria de dos tercios para impulsar una reforma constitucional que incluía su destitución. La enmienda se aprobó el 13 de julio y, a pesar de que Sulyok amenazó con recurrirla judicialmente denunciando un "abuso del poder político", la acabó ratificando cinco días después, lo que hacía efectivo su cese. Ahora el Parlamento tiene un máximo de treinta días para elegir a su sucesor. Magyar ha recibido la primera negativa, la de la gran maestra de ajedrez Judit Polgár, que era su primera opción.

La reforma aprobada también establece un límite de edad para los jueces del Tribunal Constitucional: los que sean mayores de 70 años deberán dejar el cargo y perderán la inmunidad. Esto afecta al presidente del tribunal, Péter Polt, otra de las figuras leales al ex primer ministro ultraconservador.

La actual Constitución –redactada por el antiguo partido gobernante y modificada dieciséis veces para adaptarla a sus intereses–, hace posible que un partido con supermayoría en el Parlamento pueda reformarla sin necesidad de consulta. Tisza está aprovechando esta herramienta para desmontar el sistema construido por Orbán. "Con los gobiernos de Fidesz, todas las instituciones clave habían quedado capturadas por el partido. Lo que está haciendo Magyar es intentar desmantelar este sistema y construir uno nuevo con mecanismos de control más fuertes", recuerda Zsuzsanna Vegh, investigadora asociada del think tank European Council on Foreign Relations (ECFR).

El objetivo del gobierno es abrir un proceso consultivo en otoño para redactar una nueva ley fundamental, que debería ser ratificada en un referéndum. También ha prometido sacar adelante una nueva ley electoral.

Un proceso "revolucionario"

"Es un período de transición con muchos peligros, porque no tenemos garantías constitucionales claras contra el poder del gobierno", avisa Zoltán Fleck, profesor de Sociología del Derecho en la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest, pero asegura que "la dirección es buena", una opinión que comparten todos los expertos y activistas entrevistados para hacer este artículo. El analista subraya que es un "proceso revolucionario" que, por tanto, requiere un "radicalismo político". Admite, sin embargo, que esto puede ser difícil de encajar en "la manera legalmente aceptada de cambiar el sistema" en las instituciones europeas. Aun así, considera que, en el caso de la destitución del presidente y otras figuras públicas ligadas a Fidesz, hay un argumento legal firme para defenderlo: "No han cumplido con las obligaciones constitucionales ligadas a sus cargos".

Márta Pardavi, copresidenta del Comité de Helsinki húngaro, una ONG de defensa de los derechos humanos, alerta de que es crucial que el proceso de democratización húngaro se haga con todas las garantías porque servirá de ejemplo para otros países que puedan encontrarse en situaciones similares en el futuro sobre "cómo se puede volver a la democracia y al estado de derecho de una manera rápida, efectiva y legal". Afirma que el hecho de haber impulsado la reforma constitucional tan deprisa (solo hubo cinco días de consulta pública) "no ha dejado espacio para una reflexión" sobre qué debería incluir y qué no, y considera que se han dejado de lado aspectos importantes, como la destitución también del presidente del Tribunal Supremo.

Desde Amnistía Internacional, aplauden los objetivos políticos del gobierno de Magyar, pero critican los métodos utilizados en algunos casos. Por ejemplo, en cuanto a la destitución del presidente, apuntan que la Constitución prevé un proceso de impeachment" que habría estado más de acuerdo con la ley. "En cambio, han elegido una manera de hacer que es propia de Fidesz, es decir, reformar la Constitución a su favor, para agilizar el proceso", dice Áron Demeter, director de comunicación y campañas en la rama húngara de la organización.

Los entrevistados coinciden en cuestionar otra medida incluida en la reforma constitucional: el límite de 12 años para los diputados del Parlament, con el que se quiere evitar que los históricos de Fidesz se perpetúen en el escaño. Antes ya se había limitado a dos legislaturas los mandatos de los primeros ministros, para asegurarse de que Orbán no pueda volver a ser elegido. "No tenemos elecciones previstas en el futuro reciente, así que había tiempo de sobra para debatir esto", dice Pardavi.

Vegh argumenta que esto habría encajado más dentro del debate sobre la nueva ley electoral que en una reforma de la Constitución. "Lo que ha hecho Tisza ha sido un movimiento político para enviar un mensaje a Fidesz y avisarle de que su estrategia de capturar el estado se ha acabado", dice.

El Parlament húngaro también ha aprobado diversas medidas para luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia. En este caso, la prisa sí está justificada, porque a finales de agosto se acaba el plazo para cumplir con los requisitos impuestos por Bruselas para desbloquear los 16.400 millones de euros de fondos europeos congelados.

Orbán reaparece y denuncia una "tiranía"

El partido de Orbán, que durante dieciséis años desmanteló el estado de derecho, ha criticado que Hungría se ha convertido en una “tiranía” en manos de Péter Magyar. El mismo Orbán hizo un llamamiento el miércoles a la "resistencia nacional" contra el "régimen autoritario" en la primera rueda de prensa que hacía desde que perdió estrepitosamente las elecciones el 12 de abril. Y anunció que Fidesz utilizará todos los medios pacíficos posibles para luchar contra el abuso de poder.

Con todo, el partido que ha dominado el país durante casi dos décadas está perdiendo apoyo a marchas forzadas y algunas de las figuras más destacadas de sus filas ya se han marchado. El líder del grupo parlamentario, Gergely Gulyás, ha abandonado su escaño, y uno de los hombres más fuertes del anterior gobierno, el exministro de Exteriores, Péter Szijjártó, ha anunciado que deja la política para ocupar un alto cargo en el fabricante chino de coches eléctricos BYD.