Casi ocho años después del derrumbe del puente Morandi, el viaducto de la autopista de Génova que se derrumbó el 14 de agosto de 2018 y causó 43 muertes, la justicia italiana ha condenado a 12 años de cárcel al exdirector general de Autostrade per l’Italia (ASPI), Giovanni Castellucci. La fiscalía había pedido para el máximo responsable de la concesionaria encargada del mantenimiento de la infraestructura, filial de Atlantia, una pena de 18 años y seis meses, la más alta de las solicitadas para los 57 acusados.El Tribunal de Génova también ha condenado a cinco años de cárcel al exdirector de la Unidad de Supervisión de Concesiones de Carreteras del ministerio de Infraestructuras y Transportes, Mauro Coleta, para quien la fiscalía había pedido una pena de diez años.
El parlamento italiano aprueba una polémica ley electoral que favorece al partido de Meloni y acaba con la paridad
La oposición considera que la ley está hecha a medida para la primera ministra de cara a las elecciones generales de 2027
RomaEl Parlamento italiano ha dado luz verde este jueves al proyecto de reforma de la ley electoral propuesto por el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el último año de la legislatura. El texto pasará ahora al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria antes de la aprobación definitiva, prevista para después del verano.
La nueva ley electoral ha sido aprobada con 217 votos a favor, 152 en contra y 2 abstenciones, y ha abierto una grieta en la coalición de derechas que lidera la primera ministra después de que la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani y la ultraderechista Lliga de Matteo Salvini votaran en contra de una enmienda sobre las listas electorales impulsada por el partido de Meloni, Hermanos de Italia, y sobre la cual la coalición gubernamental se había declarado favorable.
La enmienda en cuestión –una de las más de 200 presentadas– proponía papeletas con cabezas de lista blindados y el resto de candidatos sujetos a la preferencia de los electores. Una iniciativa que había sido aceptada sin mucha convicción por Forza Italia y la Lliga. Sin embargo, una vez llegó el momento de la votación con el inicio de la tramitación parlamentaria el martes, al menos una treintena de diputados de la coalición gobernante votaron en contra de las indicaciones de la primera ministra, lo que hizo naufragar la iniciativa por un solo voto de diferencia: 188 en contra y 187 a favor.
La identidad de estos diputados no se ha revelado porque el voto era secreto, pero ha dejado gravemente tocada la coalición de gobierno a las puertas de la pausa estival. "El resultado muestra que la izquierda y la oposición han votado unánimemente en contra. Pero incluso dentro de la mayoría parlamentaria han faltado varios votos, lo que invita a la reflexión", ha lamentado Meloni.
70 escaños extra para el ganador
El objetivo de la reforma, según sus impulsores, es dar más estabilidad a futuros ejecutivos mediante la introducción de un "premio de gobernabilidad", un mecanismo que otorgaría 70 escaños extras a la Cámara de los Diputados y 35 al Senado a la lista o coalición que llegue al 42% de los votos en los comicios. Un regalo que permitiría a la coalición vencedora en las urnas elegir al siguiente presidente de la República sin llegar a un acuerdo con el resto de partidos –como se ha hecho siempre–, ya que tendría la mayoría para elegir al sucesor del actual jefe de Estado, Sergio Mattarella, cuyo mandato expira en 2029. Una anomalía democrática que la oposición considera inconstitucional.
Con carteles donde se podían leer frases como "Meloni ha fracasado" o "Esta ley electoral es un fraude", la oposición ha protestado de manera unánime contra una reforma electoral que considera hecha a medida para la primera ministra de cara a las próximas elecciones generales, previstas para 2027. "A la derecha no le importan los problemas de los italianos, pero a nosotros sí. Trabajaremos para ganar con nuestros aliados, con cualquier ley electoral, para enviarles a casa y finalmente dar a Italia el gobierno que se merece para mejorar la vida de la gente", ha declarado la líder del Partido Democrático (PD), Elly Schlein.
La aprobación de una nueva ley electoral era fundamental para Meloni después de que ninguna de las iniciativas incluidas en el programa con el que la coalición de derechas se presentó unida a las generales de 2022 –la elección directa del primer ministro, la reforma de la justicia y la de la autonomía fiscal para las regiones del norte del país– haya salido adelante durante la legislatura.
Es por ello que la primera ministra presionaba desde hacía meses a sus socios de gobierno, Antonio Tajani y Matteo Salvini, para aprobarla. El problema es que el cálculo de los escaños asignados al Parlamento en función de los votos que Meloni quiso introducir en el texto favorece a su partido –que continúa liderando las encuestas de opinión– en detrimento de la Liga y de Forza Italia.
Otro aspecto polémico de la reforma es la eliminación de la disposición que garantiza la paridad de género en las listas, lo que ha provocado el descontento de muchas parlamentarias, incluyéndolas a algunas de la coalición gobernante. "Es triste que la primera mujer que llega a primera ministra sea recordada por haber infligido un golpe mortal a la paridad de género en la representación electoral", ha lamentado la portavoz de Alianza Verde e Izquierda, Luana Zanella.