Revés a la política migratoria de Meloni: el TJUE da a los jueces italianos la última palabra en las deportaciones

BarcelonaEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este viernes la forma de designar a un país de origen seguro en Italia, pero afirma que esta catalogación debe someterse a un control judicial. El TJUE cuestiona así la legitimidad de la lista de "países seguros" que Italia utiliza para enviar a migrantes a Albania a la espera de que se decida sobre sus solicitudes de asilo.

La sentencia supone un revés en la base legal sobre la que se sustenta el sistema de "externalización" de la migración ideado por Giorgia Meloni. La primera ministra italiana calificó la decisión del tribunal de "sorprendente" y asegura que "debilita las políticas para combatir la inmigración ilegal masiva y para defender las fronteras nacionales".

La sentencia hace referencia al caso de migrantes con nacionalidad de Bangladesh que fueron rescatados en el mar por las autoridades italianas y conducidos a un centro de internamiento en Albania, en base al polémico acuerdo entre Tirana y Roma para tener centros de internamiento de migrantes en territorio albanés. La solicitud de protección internacional de ambos ciudadanos fue examinada por las autoridades italianas en la frontera mediante el procedimiento acelerado y denegada por infundada debido a que su país de origen se consideraba "seguro".

Este viernes el tribunal con sede en Luxemburgo avaló que la solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país puede ser denegada en el marco de un procedimiento fronterizo acelerado si su país de origen fue designado por un Estado miembro como "seguro". Y ha precisado que esta designación puede efectuarse mediante un acto legislativo, como hace Italia, siempre que pueda ser objeto de un control judicial efectivo en cuanto al cumplimiento de los criterios materiales establecidos en la legislación comunitaria.

Así, la sentencia establece que la designación de "seguro" debe cumplir estándares legales estrictos y permitir que los solicitantes y los tribunales accedan e impugnen las pruebas de apoyo. Los requisitos incluyen demostrar que no se practica persecución, que no existen torturas ni tratos inhumanos o degradantes o que no existe ninguna amenaza de violencia indiscriminada en situación de conflicto armado. El TJUE añade también que un país podría no ser clasificado como "seguro" si no ofrece una protección adecuada a toda su población, coincidiendo con los jueces italianos que habían planteado esta cuestión el año pasado.

El gobierno de Meloni ha reaccionado duramente a la sentencia: "La jurisdicción, esta vez europea, reclama competencias que no le corresponden, frente a responsabilidades políticas". Y añade en un comunicado que "es un paso que debería preocuparnos a todos, porque reduce aún más los ya limitados márgenes de autonomía de los gobiernos y los Parlamentos en la orientación normativa y administrativa del fenómeno migratorio".

Un plan fracasado

En octubre pasado, el gobierno ultraderechista de Hermanos de Italia inauguró en Albania dos centros para expulsar desde allí a los migrantes interceptados en el Mediterráneo sin derecho de asilo. Los centros nunca han llegado a ser operativos porque han recibido diversas sentencias judiciales contrarias. Para sortearlas, el ejecutivo italiano tuvo que modificar la ley, retirar competencias a la sección especializada en inmigración y, finalmente, convirtió a las instalaciones albanesas en centros de espera a la repatriación.

Recientemente, además, un estudio de la Universidad de Bari y de la ONG Action Aid reveló que los centros de detención costaron 114.000 euros diarios para las veinte personas que estuvieron recluidas entre mediados de octubre y finales de diciembre de 2024. Por otra parte, las 20 costaron más de 74 millones de euros.

Sin embargo, en el comunicado de este viernes el gobierno italiano se muestra dispuesto a "buscar todas las soluciones posibles, tanto técnicas como normativas, para proteger la seguridad de los ciudadanos". Esto, a diez meses que entre en vigor el pacto de la Unión Europea sobre inmigración y asilo, cuya aplicación plena debería alcanzarse en junio de 2026.