El plan era que cuando los migrantes deportados por el Reino Unido aterrizaran este miércoles en Kigali, desde el aeropuerto serían trasladados al Hope Hostel [Albergue de la Esperanza], un centro situado en el barrio de Kagugu que durante tres décadas acogió a estudiantes supervivientes del genocidio de Ruanda de 1994. La instalación tiene una seguridad de tipo aeroportuaria: escáners y detectores de metal. Los deportados se quedarán en habitaciones dobles. El albergue tiene 50. Cada piso tiene baños comunitarios y una zona para lavar la ropa. El edificio también cuenta con wifi y hay ordenadores para que los migrantes puedan seguir la evolución legal de sus casos. El Reino Unido pagará a Ruanda unos 133 millones de euros para mantener el programa durante los próximos cinco años. Un comité parlamentario ha asegurado que el coste será el mismo que el del proceso de asilo en el Reino Unido.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el primer vuelo de la vergüenza de Boris Johnson
Quince minutos antes de las primeras deportaciones de migrantes a Ruanda, el ministerio del Interior confirma que el avión no despegará
LondresFracaso de Boris Johnson. Uno más. La intervención a última hora de la tarde de este martes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros organismos judiciales del Reino Unido ha paralizado y ha dejado en ridículo el programa de deportación de migrantes a Ruanda impulsado por el gobierno de Boris Johnson para externalizar, a casi 10.000 kilómetros de distancia, la gestión de las demandas de asilo, en especial la de aquellas personas que llegan en pateras a través del canal de la Mancha. En las horas previas al despegue, que estaba previsto para las 22.30 h, hora local, la lista de siete deportados ha caído a cuatro, posteriormente a uno y después a cero. El gobierno ha confirmado que suspende el vuelo pero también que continúa comprometido con un programa que la Iglesia anglicana considera "inmoral".
Una de las personas que aparecen en la lista de deportados, un kurdo iraní que estaba detenido en un centro cerca del aeropuerto de Heathrow, ha conocido hoy mismo que su última apelación para evitar la deportación había sido rehusada. En declaraciones telefónicas a la BBC, aseguraba: "Desde que supe que estaba entre los que serán deportados a Ruanda, casi no me puedo comunicar con nadie y no puedo dormir. Estoy inquieto. Prefiero morir aquí que ser trasladado a Ruanda. Es devastador".
Originalmente, el vuelo lo tenían que ocupar 37 personas, pero diferentes intervenciones legales de grupos de defensa de los derechos humanos y de abogados especializados ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales y del Tribunal de Apelación habían rebajado la cifra hasta los siete mencionados: dos kurdos, tres iraquíes, un iraní, un albanés y vietnamita.
La discutida política de Downing Street es poco más que un cebo para los tradicionales votantes conservadores. Un primer ministro en horas muy bajas debido al escándalo del Partygate y al rechazo de una importante parte de sus propios diputados ve cómo un asunto de guerra cultural le puede servir para recuperar la iniciativa política y unos mínimos niveles de popularidad.
Una encuesta elaborada ayer por YouGov sostiene que el 44% de la población del Reino Unido apoya las deportaciones a Ruanda, mientras que el 40% se opone. El sondeo también muestra una clara división según las filiaciones partidistas. El 74% de los votantes conservadores están a favor, mientras que el 71% de los laboristas se manifiestan en contra. Así, más que una política diseñada para "combatir a las mafias" que trafican con seres humanos en el canal de la Mancha, como sostiene el gobierno Johnson para justificarla, de lo que realmente se trata es de una muletilla ideológica que tiene el objetivo de dividir la opinión pública. Justo lo que Boris Johnson necesita en estos momentos.
Críticas del heredero al trono
No en balde, por segunda vez en siete días el premier ha dejado que las cámaras de televisión entraran en los primeros minutos de la reunión semanal del gobierno para que grabaran las palabras con las que ninguneaba, e implícitamente calificaba de cómplices de los traficantes, a los abogados que han defendido a los inmigrantes. Unas palabras que le han valido la reprobación del presidente del Tribunal Supremo, Robert John Reed, que en un comunicado ha asegurado que "los abogados están haciendo su función, adecuada para garantizar que sus clientes no sean sometidos a un tratamiento ilegal por parte del gobierno".
La política del gobierno conservador en relación con los migrantes es la culminación de la que puso en práctica en 2012 Theresa May cuando era la ministra del Interior de David Cameron: crear un "ambiente hostil" contra la inmigración. El resultado quizás satisface a la inmensa mayoría de los votantes tories, pero a ninguno de los 23 obispos anglicanos que son miembros de la Casa de los Lores, con el de Canterbury al frente. En una carta abierta publicada este lunes en el Times, la han tildado de "política inmoral que avergüenza al Reino Unido".
Este programa de deportación incluso ha merecido las palabras de reprobación del príncipe Carlos. Según una información publicada por el Times el pasado viernes, el heredero al trono la calificó en un comentario privado de "horrorosa".
![Una imagen del Hope Hostel, en Kigali.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 5500 3574"%3E%3C/svg%3E)
Pero, además, parece bastante inútil. Porque en el primer día en el que se había anunciado el despegue del primer vuelo con destino a Kigali, finalmente cancelado, más de 300 personas han llegado en diferentes tipos de embarcaciones a las costas británicas surcando las aguas del canal de la Mancha, en una jornada en la que las aguas estaban excepcionalmente tranquilas por las buenas condiciones meteorológicas imperantes a la zona. A lo largo del año, hasta este martes, han desembarcado en el Reino Unido poco más de 10.500 personas.
