Londres anuncia un plan draconiano para enviar a Ruanda "decenas de miles" de migrantes

LondresLos migrantes hombres que crucen el canal de la Mancha en pateras, y que hayan llegado al Reino Unido después del 1 de enero "ilegalmente", en palabras del primer ministro británico, Boris Johnson, serán enviados a Ruanda en un vuelo de ida, sin posibilidad de regreso, y nunca podrán solicitar asilo en el Reino Unido.

El anuncio lo ha hecho este jueves el premier en una conferencia desde Kent, condado del sur de Inglaterra donde se concentran la mayoría de llegadas de solicitantes de asilo desde las costas del continente. A partir de ahora, cruzar el Canal en patera será un crimen en el Reino Unido. De hecho, si se entra al país por cualquier ruta sin un visado o sin el derecho a hacerlo en virtud de acuerdos bilaterales o de tener la documentación en regla, el gobierno considerará que la entrada ha sido ilegal y, por lo tanto, se perderá cualquier derecho a pedir asilo. El acuerdo –que estaba firmando en Ruanda la ministra del Interior, Priti Patel, prácticamente al mismo tiempo que Johnson hablaba— "no tiene límites, y Ruanda tendrá la capacidad de reubicar a decenas de miles de personas durante los próximos años", ha añadido el premier. En el futuro, y si este programa piloto funciona, también podría incluir a mujeres y niños.

Desde este mismo jueves, Royal Navy se ocupa de la vigilancia de las costas del canal de la Mancha. La implicación del ministerio de Defensa en la operación es el resultado del convencimiento de que el tráfico y la circulación de migrantes por el Canal puede continuar y que, en vez de llegar a las costas del Reino Unido y ponerse en manos de las autoridades británicas, la sola posibilidad de un vuelo inmediato hacia el este de África puede provocar que los recién llegados intenten desvanecerse y disolverse en la sociedad para iniciar una vida, ni que sea fantasmagórica y como indocumentados, al margen de cualquier sistema de control pero al menos en el Reino Unido.

Una autocracia criticada por el Reino Unido

A cambio de aceptar la llegada a Ruanda de los hombres que llegan a las costas de Kent en patera, el gobierno de Kigali recibirá un importe inicial de 120 millones de libras esterlinas para hacer frente a los costes. El mismo gobierno británico expresó el año pasado su preocupación por las "continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y a la libertad de prensa" ante las Naciones Unidas. Pero ignorándolas completamente, y sin tener en cuenta que el presidente, Paul Kagame, cumple todos los estándares para ser tildado, en el mejor de los casos, de autócrata, y en el peor, de dictador, Johnson ha dicho en su discurso que Ruanda es "un de los países más seguros y con un grado de desarrollo económico más rápido del mundo".

Los migrantes que lleguen al Reino Unido serán inicialmente evaluados por los funcionarios del ministerio del Interior para determinar si son realmente migrantes económicos o auténticos solicitantes de asilo que hayan huido de la persecución en sus países de origen. Sin embargo, de momento se ignora cuánto tiempo durará este proceso ni cómo se decidirá si un individuo es un migrante económico o un verdadero solicitante de asilo. A quienes se les permita quedarse en el Reino Unido mientras se procesa su demanda serán alojados en centros de acogida como los existentes en Grecia, en concreto en la isla de Samos, con financiación de la Unión Europea. El primero se abrirá a Linton-on-Ouse (North Yorkshire), donde los internos tendrán que obedecer normas estrictas –prácticamente en régimen de prisión–. El año pasado llegaron a las costas de Kent unas 28.500 personas y este año, hasta ahora, lo han hecho algo más de 5.000. Este miércoles llegaron 600 personas.

Los que sean enviados inmediatamente a Ruanda serán alojados en centros construidos ad hoc y entrarán en sistema de procesamiento de Kigali. En un máximo de tres meses tendrán que tener un veredicto. Si obtienen el estatus de refugiado, recibirán la residencia. Los que no lo obtengan serán repatriados a los países de origen. Las organizaciones humanitarias y de ayuda legal a los refugiados tememos que, con este nuevo plan, se abra la puerta indiscriminada a la expulsión de cualquier persona que llegue en patera por el Canal. Además, han denunciado igualmente que Ruanda no respeta los derechos humanos y que las personas que sean enviadas hasta el este del África se exponen a ser víctimas de cualquier abuso.

Los precedentes existentes de programas parecidos no permiten mucho optimismo. Israel estableció uno similar con Ruanda que acabó en 2018. Y miles de las personas que acabaron en manos de la administración de Kigali después se vieron de nuevo inmersas en el círculo sin fin de los traficantes de seres humanos. Human Right Watch denunció numerosos casos de violaciones, abusos y asesinatos de los acogidos a este programa.

En su discurso, Johnson ha justificado esta política en virtud de "nuestro impulso humanitario, hecho que es posible gracias a las libertades del Brexit". El resultado, ha asegurado, será el establecimiento de "vías seguras y legales para el asilo que a la vez perturbarán el modelo de negocio de las bandas, porque implica que los migrantes económicos que se aprovechan del sistema de asilo no podrán quedarse en el Reino Unido". Johnson también ha dicho que "aquellos que lo necesitan realmente estarán debidamente protegidos, incluido el acceso en servicios legales al llegar a Ruanda, y tendrán la oportunidad de construir una nueva vida".

Johnson, sin embargo, ha aceptado que, a pesar de que "confiamos que nuestra nueva asociación migratoria cumple con todas las obligaciones internacionales, la iniciativa será impugnada en los tribunales" por lo que ha calificado de "formidable ejército de abogados motivados políticamente". Por lo tanto, la medida no podrá ser "efectiva de la noche a la mañana, pero prometo que haremos todo lo que haga falta para hacer realidad" la nueva política migratoria. De momento, dentro del marco legal establecido, con la posibilidad de "hacer las reformas que sean necesarias".

El primer ministro británico ha vuelto, pues, a los viejos eslóganes de los tories y del Brexit: la recuperación del control sobre las fronteras, una iniciativa que muchos especialistas —e incluso Nigel Farage, uno de los grandes impulsores de la salida del Reino Unido de la UE— consideran condenada al fracaso. Además, como ha apuntado el jefe del Partido Laborista, Keir Starmer, no deja de resultar sorprendente que el anuncio del plan se haga 48 horas después de que el premier y el ministro del Tesoro, Rishi Sunak, hayan recibido sendas multas –y pueden recibir más los próximos días– por el escándalo del Partygate. Se trata de un "anuncio desesperado de un primer ministro que solo quiere desviar [la atención] de su propia infracción de la ley".