Veinte años para obtener la residencia permanente: la receta británica contra la inmigración

LondresDesde que llegó en el gobierno hace dieciséis meses, el laborismo trata de luchar contra la inmigración ilegal que llega por el canal de la Mancha como si fuera la fórmula mágica que resolverá todos sus problemas, que no son pocos. Tras la remodelación del ejecutivo en septiembre, obligada por la caída en desgracia de la vice primera ministra, Angela Rayner, el premier Keir Starmer –cada día más impopular y más asediado dentro de su partido– nombró como responsable de Interior a Shabana Mahmood, una mujer hija de inmigrantes considerada muy dura en una materia tan sensible como es la seguridad fronteriza y la inmigración.

Dos meses más tarde, a Mahmood le ha llegado la hora de justificar su fama. Y este lunes presentará en el Parlament una serie de medidas legales destinadas a frenar la llegada de pateras, las más duras en décadas. De rebote, empezará a poner los cimientos de sus aspiraciones para suceder a Starmer –no es la única integrante del gobierno que quiere el liderazgo–, al que los analistas no le otorgan vida política más allá de mayo. Las elecciones en Escocia, Gales y parte de Inglaterra pueden suponer su tumba, si la previsión demoscópica se cumple y el Partido Reformista del xenófobo Nigel Farage se lleva la parte del león.

En la carrera para posicionarse en buen lugar en la parrilla de salida de la sustitución de Starmer, la ministra Mahmood ha autorizado una estrategia sin precedentes: una campaña de comunicación con imágenes explícitas que muestran pateras destrozadas, migrantes desesperados en el agua helada, niños atrapados en embarcaciones, congelado o aplastado si se intenta el salto desde Francia.

Las fotografías, que en otras circunstancias no se permitirían en publicidad gubernamental, recibieron el visto bueno personal de la ministra ante lo descrito como "la gravedad extrema" del fenómeno y, en declaraciones este domingo a la BBC, horas antes de su comparecencia en el Parlamento, como una "misión moral" ante una inmigración ilegal que "está esquiva". Los anuncios explican, sin eufemismos, que las travesías pueden durar hasta doce horas, que las pateras se hacen añicos en medio del mar, que los chalecos salvavidas con los que les abastecen los traficantes no funcionan y que el combustible de las lanchas quema la piel. "Muchos niños han muerto así. Si subes a un bote, podrías matar a alguien, incluido un niño", afirma uno de los mensajes de la propaganda.

La campaña forma parte de un esfuerzo conjunto con Francia por transmitir que la entrada ilegal supone detención inmediata y deportaciones rápidas. La medida central prevé que las personas reconocidas como refugiadas tendrán que esperar veinte años antes de poder optar a la residencia permanente, en lugar de los cinco actuales. Además, se revisará su estatus de forma regular y aquellas personas que provienen de países que se consideran seguros tendrán que devolver. El paquete de reformas prevé también acelerar las deportaciones, ampliar el número de delitos que conllevan expulsión automática y exigir a los jueces que prioricen la seguridad pública por encima de alegaciones relativas al derecho a la vida ya la reunión familiar y al riesgo de trato inhumano en los países de origen. Asimismo, Mahmood no descarta reformas puntuales de la Convención Europea de Derechos Humanos para impedir, dice, "abusos del sistema que retrasan o bloquean retornos justificados".

Según las cifras oficiales, las deportaciones han aumentado el 23% desde la llegada del laborismo al poder –48.560 personas expulsadas, incluyendo delincuentes extranjeros y solicitantes de asilo–, pero las llegadas por el Canal siguen creciendo: 39.075 personas2, de 45.755.

El modelo danés está presente en buena parte de estos planteamientos. El sistema, que expulsa al 95% de los solicitantes fallidos y ha llevado a las concesiones de asilo al mínimo histórico, lo han estudiado sobre el terreno altos cargos del ministerio del Interior británico. Dinamarca, de hecho, restringe la reunificación familiar, limita la estancia de muchos refugiados a permisos temporales y endurece los requisitos para obtener la residencia permanente, incluyendo encontrar trabajo y vivir fuera de las llamadas "sociedades paralelas", barrios en los que la mayoría de habitantes son de origen no occidental. Londres estudia aplicar una versión más suave de estas reglas, pero con un claro giro hacia la restricción: el gobierno ha suspendido las reunificaciones familiares hasta redactar un nuevo reglamento más estricto.

La ola de Boris Johnson

El giro laborista para combatir la inmigración también ha abierto otro frente: la gestión de los llamados Boriswave migrantes, la ola de 1,6 millones de personas que han llegado legalmente al Reino Unido entre 2021 y 2024 bajo el régimen migratorio impulsado por el ex primer ministro, Boris Johnson. Más de la mitad –879.000– cobran sueldos inferiores a la media británica, lo que, según el ministerio del Interior, puede disparar el coste de las prestaciones sociales cuando empiecen a optar a residencia indefinida a los cinco años. Mahmood, de hecho, quiere extender este período a diez años y vincular condiciones estrictas: haber pagado cotizaciones a la seguridad social, no haber recibido beneficios, tener un historial penal neto, haber hecho voluntariado social y demostrar un alto nivel de inglés. Los ciudadanos de Hong Kong quedarían exentos.

Este paquete sitúa al laborismo con una posición más dura de lo que muchos militantes del partido quisieran. Algunos diputados de izquierdas alertan de que las medidas de estilo danés tienen "ecos de la extrema derecha". Pero Downing Street considera que la batalla electoral está ahora en el flanco derecho. En septiembre, Nigel Farage prometió medidas aún más contundentes, cómo retirar el estatus de residencia permanente a cientos de miles de ciudadanos no comunitarios, y deportaciones masivas, mientras los conservadores defienden un límite anual de migración votado por el Parlamento.

Mahmood resume la nueva orientación del gobierno con una frase que hoy marca todo el debate: "Las rutas legales son la única vía hacia Reino Unido". El problema, si lo es, es que cada vez hay menos. El futuro de la política migratoria británica –y las expectativas electorales de los laboristas en general y de Keir Starmer en particular– dependerá de si el nuevo giro de estrategia es suficiente para convencer a unos votantes cada vez más impacientes.

La gran paradoja es que el Reino Unido necesita inmigración. La población está envejeciendo rápidamente: cerca de un 19% tiene más de 65 años y la proporción aumentará en las próximas décadas. Al mismo tiempo, el crecimiento natural es prácticamente cero, porque los nacimientos apenas superan a las defunciones. Según las proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística, casi todo el aumento poblacional hasta el 2032 procederá de la inmigración limpia, que es ya el principal motor demográfico del país. Sin este influjo, Reino Unido entraría en estancamiento o declive poblacional, con una población activa más pequeña y mayores presiones sobre pensiones y servicios públicos. Por eso, tanto economistas como demógrafos coinciden en que la inmigración es clave para sostener el mercado laboral y compensar el acelerado envejecimiento de la sociedad británica.