Internacional 10/12/2020

Francia presenta su receta contra el islamismo radical

El gobierno de Macron defiende un proyecto de ley que refuerza valores republicanos como el laicismo

Albert Castellví Roca
5 min
El primer ministre francès, Jean Castex, aquest dimecres, durant la presentació del projecte de llei

SabadellEl gobierno francés ha presentado este miércoles el proyecto de ley con el que pretende combatir el islamismo radical. El texto era conocido hasta ahora como ley contra el separatismo (el término que el presidente del país, Emmanuel Macron, usa para referirse al integrismo islámico), pero esta denominación se ha cambiado finalmente por la de ley de reafirmación de los principios republicanos. El documento, de hecho, evita hacer referencia explícita a ninguna religión en concreto, y en la rueda de prensa en la que se ha detallado su contenido el primer ministro, Jean Castex, ha remarcado que el proyecto no pretende ir "contra las religiones ni contra la religión musulmana en particular", sino que "es un texto de libertad, de emancipación ante el fanatismo religioso".

Aún así, Castex ha señalado "la nefasta ideología del islamismo radical", que ha opuesto a la libertad religiosa, como objetivo de la ley y, en una entrevista publicada a Le Monde este mismo miércoles, el primer ministro afirma que "el enemigo de la República es una ideología política que se denomina islamismo radical y que pretende dividir a los franceses". En este sentido, la ley permite cerrar centros de culto si se detectan actividades que inciten a la violencia, el odio o la discriminación, incrementa el control sobre la financiación extranjera de las asociaciones religiosas y ofrece protección a los líderes religiosos moderados ante posibles injerencias que pretendan sustituirlos por otros radicalizados.

Valores republicanos

El proyecto de ley, que se empezará a debatir en la Asamblea Nacional a principios de año, pretende reforzar algunos de los valores fundamentales de la República Francesa, como el laicismo o la libertad de expresión. Así, entre otras cosas, extiende a los trabajadores de empresas contratadas por la administración la prohibición de manifestar públicamente su religión (por ejemplo, llevando un velo) que ya afectaba a los trabajadores públicos, y exigirá a cualquier entidad que aspire a recibir una subvención "respetar los principios y valores de la República", especialmente los de la dignidad humana, la igualdad, la fraternidad y el rechazo del odio.

Además, la ley prevé penas de prisión para quien amenace o intimide a un servidor público, y también para quien ponga en peligro la integridad de una persona difundiendo públicamente sus datos. Se trata de dos medidas que parecen hechas a medida para evitar nuevos casos como el del profesor Samuel Paty, que fue decapitado por un yihadista el 16 de octubre después de que hubiera mostrado caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión: antes del asesinato, el padre de una alumna había amenazado a Paty y había difundido a través de las redes sociales información sobre él que permitió que el atacante lo localizara.

La educación en casa, restringida

Entre los aspectos que regula el proyecto de ley está la educación en casa. Se calcula que actualmente hay 62.000 niños en Francia que no van a la escuela porque sus familias han optado por educarlos en familia, pero en algunos casos esta opción se utiliza como un subterfugio para sacar a los niños de la escuela republicana y educarlos clandestinamente en el fundamentalismo religioso. La ley restringirá la posibilidad de que los niños de más de tres años puedan ser escolarizados en casa y lo permitirá solo en casos excepcionales y justificados.

La ley también prohíbe que los médicos expidan certificados de virginidad, establece nuevos mecanismos para luchar contra los matrimonios forzados (un problema que afecta a unas 200.000 mujeres en Francia, según ha señalado la ministra de Ciudadanía, Marlène Schiappa) y pone nuevas trabas a la poligamia: esta práctica ya era ilegal en Francia, pero a partir de ahora no se podrá otorgar el permiso de residencia a hombres que estén casados con más de una mujer.

Críticas a ambos lados

Emmanuel Macron había anunciado la futura aprobación de la ley contra el separatismo el 2 de octubre, dos semanas antes de que el yihadismo volviera al centro del debate en Francia con el asesinato de Paty y, unos días más tarde, con el ataque terrorista en Niza en el que tres personas murieron apuñaladas.

El endurecimiento de la lucha contra contra el islamismo (con la amenaza de disolución de algunas organizaciones vinculadas al integrismo islámico o el control de mezquitas sospechosas de radicalismo) y la defensa a ultranza de la libertad de expresión y el derecho a la blasfemia que Macron hizo a raíz de la decapitación del profesor convirtieron a Francia en objetivo de campañas de boicot en parte del mundo musulmán, instigadas entre otros por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

A pesar de la ausencia de referencias al islam en el proyecto de ley y los esfuerzos del gobierno para presentarlo como una defensa de la libertad religiosa, el texto amenaza con hacer crecer la tensión en este sentido. Francia es el país europeo con una comunidad musulmana más importante, unos seis millones de personas, aproximadamente el 8% de la población total del país.

De momento la aprobación del proyecto de ley (que el consejo de ministros ha hecho coincidir con el 115 aniversario de la norma de 1905 que consagraba el laicismo del estado) ha recibido críticas desde los dos extremos del espectro político francés. A la izquierda, el líder de Francia Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciado que el texto contiene "una estigmatización de los musulmanes". Mientras tanto, Jordan Bardella, eurodiputado del ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, ve "un paso atrás del gobierno ante el islamismo": "Al renunciar a citar expresamente este mal que mordisquea la sociedad francesa, se condena a si mismo a no combatirlo con eficacia", ha advertido.

Por su parte, el Consejo de Estado ya ha advertido de que algunos aspectos de la norma, especialmente los que hacen referencia a la educación, pueden entrar en contradicción con el principio de libertad de elección educativa que recoge la Constitución.

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