La macroley de Milei comienza a andar con su aprobación en la Cámara de los Diputados

Buenos AiresLa ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, popularmente conocida como la ley ómnibus por su magnitud, ha sido aprobada este viernes en la Cámara de los Diputados de Argentina. Con 144 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención, la macroley del presidente Javier Milei da un primer gran paso al Parlamento, que aún debe votar en particular –es decir, hacer enmiendas– a partir del martes que viene. Luego el texto pasará al Senado para ser aprobado del todo y entrar en vigor. La sesión legislativa más larga de la democracia argentina –29 horas distribuidas en tres jornadas– ha estado acompañada de movilizaciones en la calle y represión policial.

“La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron acabar con los privilegios de la casta y la república corporativa, a favor del pueblo, que ha sido empobrecido y obligado a pasar hambre durante años por la clase política”, decía el comunicado de la oficina del presidente minutos después de la noticia, publicado en la red social X. Milei ha agradecido la “colaboración” de la oposición: “Esperamos contar con la misma grandeza el día de la votación de la ley en particular, para avanzar en el Senado y empezar a devolver la dignidad al pueblo argentino. El único camino viable para nuestra patria es el de la libertad, el trabajo y el orden”, ha dicho.

Milei necesitaba 129 votos favorables en el Parlamento para esta primera aprobación de la ley. Encontrándose en clara minoría –su coalición, La Libertad Avanza, sólo tiene 38 diputados–, el presidente ha contado con el apoyo de los 37 diputados del PRO –la derecha tradicional del expresidente Mauricio Macri– y de la llamada “ oposición dialogante”, formada por el centroderecha de Unión Cívica Radical (UCR), partidos provinciales y peronistas que han abandonado las filas de Unió por la Patria. Sin embargo, después de semanas de negociaciones, Milei se ha visto obligado a renunciar a varios puntos del texto inicial. De hecho, ha reducido a casi la mitad los 644 artículos de la propuesta original, pero todavía quedan puntos polémicos que serán debatidos en la votación particular, artículo por artículo.

Puntos polémicos

Uno de los puntos más polémicos es la atribución de competencias extraordinarias al presidente. Milei pretende que el legislativo le conceda facultades de emergencia hasta el 31 de diciembre de este año, prorrogables un año más. La propuesta original abarcaba el mandato completo, pero la ha tenido que recortar para sumar apoyos.

Asimismo, las privatizaciones de las empresas públicas son todavía una piedra en el zapato del gobierno. Milei quiere venderlas todaspero no tiene el apoyo necesario para hacerlo. En consecuencia, ha tenido que reducir la lista de 41 empresas a 26. Entre otras, ha sacado a la petrolera YPF y ha aceptado no privatizarlas todas al 100% sino hacerlas mixtas. Tampoco existe acuerdo sobre las competencias del ejecutivo para adquirir deuda externa sin la autorización del legislativo. El presidente pretende saltarse la aprobación del Congreso para pedir préstamos, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional.

También hay discrepancias en cuanto al protocolo de seguridad promovido por la ministra Patricia Bullrich, ya recortado en un punto tan polémico como la prohibición de reuniones de más de tres personas en la vía pública. En cuanto a la reforma fiscal, Milei deberá negociar directamente con los gobernadores provinciales, que discrepan de la propuesta que defiende que parte del impuesto sobre operaciones en moneda extranjera deje de revertir en obra pública en el interior del país. La votación particular y las enmiendas sobre estos puntos de conflicto arrancarán el martes al mediodía en la Cámara de los Diputados.

Represión policial

Con temperaturas de más de 30 °C, las últimas noches se han vivido con tensión entre manifestantes y agentes de la policía frente al Congreso. La nueva ley de seguridad de Bullrich declara ilegal el corte de la vía pública para una manifestación, y el “protocolo antipiquetes” se ha aplicado efectivamente para dispersar a las personas concentradas contra la ley ómnibus. Un enorme despliegue de efectivos han subido en motos y han disparado gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes –había representantes de los movimientos sociales, jubilados y sindicatos– ya los periodistas. Se han hecho barricadas con contenedores y ha habido enfrentamientos con la policía, a la que Bullrich ha felicitado en un tuit en el que también ha comunicado que se identificará y se denunciará penalmente a todos los manifestantes que hayan quemado bienes públicos, arrojado piedras o atacado policías: "Quien la hace, la paga", ha advertido.