Trump abre la veda a la persecución de la oposición y amenaza con cerrar las televisiones críticas

WashingtonLos gritos de "Fight, fight, fight!" que blandió Donald Trump después de sobrevivir al atentado de Butler no sólo eran una herramienta para galvanizar a los suyos. También eran una promesa de venganza que, un año después del episodio, galopa rampante por una sociedad mucho más fracturada y en la que el presidente ha abierto la veda para la persecución de la oposición. Sea en las universidades, en los centros de investigación científicos, en los medios o en las calles. La censura en el programa de Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesino de Charlie Kirk y el anuncio de que catalogará el movimiento antifascista como "organización terrorista" son los ejemplos más recientes, pero no serán los últimos.

Y de hecho, el propio presidente no se esconde, y este jueves por la noche ha sugerido que "debería retirarse la licencia" a las cadenas de televisión estadounidenses que hagan una cobertura "negativa" sobre su presidencia, abriendo la puerta así a la censura política directa. Trump respondía las preguntas de los periodistas al Air Force One de vuelta a Estados Unidos, que le preguntaban si haría que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) interviniera contra otros presentadores después de haber logrado suspender el programa de Kimmel. Horas antes, preguntado por lo mismo, Trump aseguró que Kimmel había sido despedido "por falta de talento". En esta segunda ocasión, no se refirió a ningún programa en concreto, pero apuntó que la mayoría de cadenas de televisión mayoristas de su país habían tenido "una cobertura el 97 por ciento negativa" sobre él ya desde la campaña electoral. "Solo me dan mala prensa. Y están obteniendo una licencia. Creo que quizá deberían retirarles las licencias", apuntó.

El asesinato de Kirk sólo ha sido un pretexto más para dejar atrás los eufemismos en una arena política y social donde el movimiento ultraconservador siempre ha considerado a la izquierda como el enemigo. El regreso de Trump a la Casa Blanca era una condición necesaria para poder liberar a Estados Unidos de lo que llaman "la agenda woke". El verano de la campaña, Kevin Roberts, el presidente de la Heritage Foundation –el think tank ultraconservador que hay detrás del Project 2025–, explicaba en el podcast de Steve Bannon: "Por primera vez en la historia, el movimiento conservador de ese país estamos tan organizados como ellos [la izquierda]. Lo que estamos construyendo aquí no es sólo para 2025, es para el próximo siglo de EEUU". Y añadía: "Quiero ser parte de lo que yo llamo la segunda revolución americana, que se producirá sin sangre si la izquierda lo permite".

Trump, consciente o no, está impulsando esta "segunda revolución americana" rodeado de lealistas que no le paran los pies y también de algunos de los autores del Project 2025. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, que amenazó con la cadena –"Podemos hacerlo con agrado o por fuerza"–, es uno de los autores del documento. Al igual que el zar de la frontera, Thomas Homan, que ha aplicado mano dura contra los migrantes, y el asesor del presidente, Stephen Miller, el gran ideólogo tras la campaña de deportaciones masivas.

Estos días Miller hablaba así sobre la izquierda en el país, antes de que Trump anunciara la intención de designar el antifascismo como terrorismo: "Vamos a encauzar toda la rabia que tenemos por la campaña organizada que ha llevado a este asesinato para arrancar y desmantelar estas redes terroristas… identificar, desarticular, desmantelar y destruir estas redes, y volver a que América sea segura para el pueblo americano". Miller criminaliza a buena parte de la ciudadanía, donde parece que sólo hay espacio para un único pueblo americano, que es el suyo.

Tratar de terrorista un movimiento tan amplio como el antifascismo tampoco es un descuido. Las inconcreciones y las vaguedades forman parte del lenguaje administrativo de Trump, que las aprovecha para estirarlas hasta el límite y poder encajar todo lo que le molesta. Es el mismo patrón que se ha seguido para intentar interferir en la libertad de cátedra en las universidades, acusándolas de permitir el antisemitismo. Bajo el gobierno Trump, cualquier posicionamiento público y crítico con la guerra de Gaza puede ser considerado antisemita. Bajo esta reedición más amplia del concepto, el departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisa las redes sociales de los solicitantes de visados y lo tiene en cuenta como un criterio para denegarlos.

El DHS estos días también ha estado acosando a los medios a través de las redes, y les ha acusado públicamente de esparcir el odio contra los agentes de inmigración con sus noticias sobre las redadas contra las personas sin papeles. "Hacemos un llamamiento a los medios ya la izquierda a que dejen atrás la retórica de odio contra el presidente Trump, aquellos que le apoyan y nuestros valientes agentes", escribía el miércoles el departamento en un comunicado de prensa. Este jueves compartía una noticia de la agencia Associated Press y le acusaba de "intentar crear un clima de miedo y desprestigiar a las fuerzas del orden" para explicar el impacto negativo de la militarización de Washington en la asistencia de los niños migrantes en la escuela.

De la misma manera que Trump se ha encargado de erosionar los dos grandes contrapoderes del sistema de check and balances de la democracia estadounidense –el legislativo y el judicial–, ahora quiere hacer arrodillar el cuarto poder: el periodismo, que en las democracias se conoce bajo ese nombre por su labor fiscalizadora.

La intención de doblegar a la prensa bajo su realidad alternativa ya quedó probada al inicio del mandato, cuando vetó Associated Press del pool (el grupo de periodistas que sigue al presidente) del Despacho Oval por no haber aceptado el rebautizo del golfo de México como "golf de América", tal y como él había ordenado. AP tuvo que surfear el castigo hasta que los jueces le dieron la razón.

Incluso la Primera Enmienda, la que recoge la libertad de expresión, ha sido cuestionada por la fiscal general, Pam Bondi. En relación al asesinato de Kirk, Bondi publicó en las redes sociales que "el discurso de odio que atraviesa la línea de amenazas de violencia no está protegido por la Primera Enmienda; es un delito". Las afirmaciones de la cúpula trumpista han hecho que incluso los suyos se pongan las manos en la cabeza.

El expresentador de la Fox Tucker Carlson decía lo siguiente: "Esperamos que dentro de un año el caos que estamos viendo tras el asesinato [de Kirk] no se aproveche para introducir leyes de discurso de odio en este país. Si esto llegara a pasar por... nunca habría un momento más justificado". decir lo que piensa, no a dañar a otra gente pero sí a expresar su opinión".

Trump empezó la purga en dos direcciones: desde dentro, limpiando al funcionariado de la administración para que no le pusiera trabas, y desde abajo, contra las personas sin papeles, el escalón más débil de la sociedad. Ahora la campaña represiva que empezó el día 1 de su mandato no hace más que seguir el camino lógico, de dentro a fuera: los medios. Y de abajo hacia arriba: sus ciudadanos.