Ofensiva parlamentaria por los vínculos de TV3 con el 3% de Convergència

BarcelonaLa financiación ilegal de Convergència todavía hace crecer nubes sobre la honorabilidad de TV3, que los directivos quieren ahuyentar mientras una parte significativa del arco parlamentario les atiza. Una filtración periodística de la investigación que lidera el juez Santiago Pedraz ha centrado hoy la Comisión de Control en el Parlamento de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. En concreto, se ha discutido entorno al dinero pagado a la productora Triacom durante el periodo 2008-2016, parte de los cuales sirvieron presuntamente para pagar facturas por trabajos inexistentes y nutrir así, de forma opaca, las arcas de Convergència. Cinco partidos –todos menos Junts y la CUP– han formulado preguntas al respecto.

Vicent Sanchis, director de TV3, recordó durante la sesión que él accedió al cargo después de este período, pero igualmente contemporizó la aparición de estos artículos de prensa, recordando que se basaban en "unas filtraciones susceptibles de ser parciales e interesadas". Además, sugirió que no todo el margen entre lo que facturaba y lo que subcontrataba Triacom era beneficio neto, ya que asumía partidas como la idea, el equipo de guionistas y el presentador. "En todo caso, la Corporación ha ayudado las dos veces que nos han requerido información", ha dicho el directivo en referencia a las dos solicitudes recibidas por la televisión pública, en 2019 y 2021. "TV3 no es parte encausada ", subrayó. Y la presidenta en funciones de la Corporación, Núria Llorach, ha insistido en que ni siquiera tienen acceso al procedimiento.

Dos de los partidos –En Comú Podem y el PSC– han señalado al anterior presidente de la Corporación, Brauli Duart, como responsable de lo que consideran un sobrecoste en la adjudicación. Aunque las contrataciones en Triacom empezaron durante el tripartito, la diputada Beatriz Silva ha recordado que "cuando Convergència ganó las elecciones, esta productora multiplicó por cuatro los ingresos provenientes de TV3, hasta el punto de que en algún momento el 92% del dinero que ingresaba provenía de la televisión pública". Durante la sesión se ha atribuido una estrecha relación entre Duart y David Madí.

"Els filtros no fallaron"

Sanchis ha querido defender, sin embargo, la normalidad de las contrataciones realizadas en aquellos años. "Los filtros no fallaron de ningún modo. Requeridos por los tribunales, nosotros hemos pasado una contabilidad absolutamente clara y transparente que dice que los precios pagados a una productora a cambio de unos programas que llegaron a esta casa son los adecuados. Son los correspondientes en ese momento a un programa de esas características, en el mercado".

Parte de las intervenciones se han centrado en preguntar si actualmente existen los mecanismos para evitar que se produzcan casos similares. La cúpula de la CCMA ha recordado que en 2016 se implantó una mesa de contratación que asegura al menos su transparencia. "La contratación en las televisiones públicas está excluida de la ley de contratos del servicio público", ha insistido Llorach. "Pero sin embargo, en 2016 la Corporación se dotó de una norma reguladora para contratar. Y es la única televisión pública del estado español que dispone de una norma reguladora. El resto se basan en esta exclusión, que les permite escoger a dedo qué empresas ejecutan sus contratos".

Desde las filas del PP, Lorena Roldán ha pedido que mientras no se aclarara el papel de Mediapro en este entramado se dejara de contar con la productora. También Anna Grau, de Cs, ha cuestionado la relación de TV3 con la productora de Jaume Roures y Tatxo Benet. "No han dejado de contratar a esta productora. Si se les acaba el papel de inodoro, lo compran en Mediapro. O se gastan 150.000 euros en externalizar el canal de YouTube. ¿Es éste su regalo de despedida, señor Sanchis?", le ha espetado a la diputada naranja. El aludido ha respondido: "Nosotros, sin condena, sin juicio alguno, no podemos descartar de los concursos una de las principales productoras de este país. Si lo hiciéramos incurriríamos en prevaricación". En una intervención posterior, Llorach cifró en 33.000 euros el importe del contrato y criticó que se haga correr una cifra, publicada en prensa, incorrecta.

Equilibrio con partida extra

La sesión ha servido también para conocer el cierre económico provisional del ejercicio 2021. La Corporación ha cerrado con un déficit de 171.000 euros, tras recibir in extremis una aportación extraordinaria de la Generalitat de 6,6 millones de euros. Este año se han facturado 48,5 millones de euros en publicidad (en 2020 fueron 41,9) y se han conseguido otros 6,5 millones en ventas y merchandising. Está pendiente, mientras tanto, el llamado conflicto del IVA. Llorach cuantificó en 23,7 millones lo que considera que debe el Estado, una cantidad susceptible de crecer en los próximos años. "Como no tenemos ese dinero, tenemos problemas de liquidez y tesorería, que cubrimos con pólizas. Nuestros asesores jurídicos confían en que la resolución será satisfactoria, pero no a corto plazo".