BarcelonaHay motivos para seguir investigando si la actividad de la incineradora de residuos del Besòs ha contaminado el aire y ha perjudicado la salud de los vecinos de la zona entre 2015 y 2019. Con este argumento, la Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir el caso contra la planta de Tersa por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La causa había quedado archivada provisionalmente en mayo por el juzgado de instrucción número 5 de Badalona al considerar que Tersa no había incurrido "en ninguna conducta penalmente ilícita". Ahora, sin embargo, la Audiencia concluye que el archivo fue "prematuro" y ordena valorar en un juicio si la planta incineraba los desechos urbanos a una temperatura inferior a los 850 grados –la única manera de destruir los contaminantes sin afectar al atmósfera– y si emitía químicos nocivos para la salud humana.
La Audiencia ha estimado íntegramente el recurso de apelación del ministerio fiscal y parcialmente el de Airenet –que representa a asociaciones y entidades vecinales de Badalona, Sant Adrià del Besòs y Barcelona– y el de un particular. En los tres recursos se subraya que la actividad de la planta puede comportar un "riesgo grave para la salud", porque la incineradora no opera a la temperatura exigida por ley y porque utiliza un algoritmo (T2s) para controlar la temperatura que , a juicio de la acusación, no se equipara a los termopares avalados por la Generalitat, que son sensores de medida directa en la pared interna de la cámara de combustión. Un extremo que Tersa niega rotundamente.
Tersa es una empresa pública participada en un 58% por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona de Servicios Municipales (BSM) y por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y tiene permiso para incinerar hasta 360.000 toneladas anuales de residuos urbanos que no se reciclen. Tras seis años de periplo, las entidades vecinales del Besòs aglutinadas en la plataforma Airenet ven ahora más cerca la posibilidad de llevar a juicio a la empresa. Viven la reapertura de la causa como un triunfo. "Hoy para nosotros es un día de celebración", ha afirmado su presidenta, Silvina Frucella. En el otro extremo, desde Tersa alegaron que continuarán cooperando con las autoridades, pero defendieron que la planta dispone de la última tecnología en cuanto al correcto control y vigilancia de seguridad ambiental.
"Anomalías" a comprobar
En el auto al que ha tenido acceso el ARA, la Audiencia de Barcelona no comparte la conclusión del juzgado de instrucción 5 de Barcelona, que resolvió que no existía "ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furanos [que contaminan permanentemente el medio ambiente y son altamente cancerígenas] que se liberan durante el proceso de combustión [de residuos] superen el índice previsto legalmente”. Según sostiene la Audiencia, en los informes de los peritos y aclaraciones del Seprona de la Guardia Civil que se presentaron al juez de instrucción se plantea que en Tersa se "produjeron variaciones de temperatura que podrían indicar un problema grave del proceso de combustión o en el sistema de control de temperatura”.
En este sentido, la justicia afirma que existen "anomalías" a la hora de comprobar si los datos que aportaba la empresa sobre la combustión de residuos podían considerarse fiables, sobre todo porque a juicio de los expertos los resultados podrían ser "modificables, a diferencia de una medición directa con un termopar", o podrían sufrir una "sobreestimación" en el cálculo de la temperatura. Y se añade al auto que desde Seprona ya concluyeron que no podían determinar si los datos mediante los cálculos a partir del algoritmo de Tersa daban los mismos resultados que una medida directa con sensores. Por contra, la gestora de la planta incineradora mantiene en todo momento que el sistema de medida está "debidamente calibrado y certificado por entidades externas e independientes" y que cumple todas las normativas.
La Audiencia considera que es necesario resolver las cuestiones planteadas por el ministerio público y las acusaciones particulares. Por un lado, que en determinados momentos la temperatura no alcanzaba los 850 grados. Por otro, que se apreciaron temperaturas máximas superiores a 2.400 grados (concretamente 10.000 grados) a partir de 2019 "que no pueden justificarse físicamente con termopares comerciales". El auto incluye la valoración explícita de uno de los peritos, que declaró que Tersa estaría "quemando a temperaturas físicamente imposibles". También señala que no fue posible acceder a los registros de los termopares porque, según Tersa, "solo se guardaban los registros de los últimos seis meses", y que Tersa únicamente les dejó contrastar los datos el tiempo que duró la entrada y el registro .
Antecedentes del caso
El conflicto por la actividad y los presuntos efectos contaminantes de Tersa se remonta a 2018, cuando Airenet denunció la emisión de químicos nocivos y cancerígenos y las presuntas irregularidades en la gestión de la planta a raíz de diversos estudios de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Éstos constataron que, entre 1998 y 2017, la incineradora emitía "altos niveles" de químicos nocivos y cancerígenos "en comparación con otras incineradoras". A partir de la denuncia vecinal, y gracias a la colaboración de trabajadores de la empresa pública, Frucella denuncia que "Tersa utilizaba un sistema de información presuntamente fraudulento para enmascarar las condiciones reales de trabajo de la planta".
La causa contra Tersa
Airenet denuncia Tersa
En 2018, la Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación a raíz de una denuncia de Airenet, la plataforma de entidades y asociaciones de la zona del Besòs, basada en un estudio que asegura que la incineradora gestionada por Tersa genera altos niveles de contaminación que pueden empeorar la salud de los vecinos.
La Generalitat pone dos sanciones a Tersa
La dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático tramita dos sanciones por valor de 21.101 euros e inspectores requieren la corrección de "varias irregularidades" en 2018.
Sanción de residuos por incinerar por debajo de los 850 grados
En 2020, la Agència de Residus Catalana (ARC) impone una sanción a Tersa de 20.000 euros por haber incumplido la autorización para el tratamiento de residuos. La noche del 16 al 17 de julio de 2017 los hornos de la incineradora incineraron a una temperatura inferior a 850 grados, tal y como marca la ley.
Se anula la sanción por incumplir
Un año después, en el 2021, la sanción de la ARC fue anulada por la justicia después de un recurso de Tersa.
Denuncia en Badia y Rosa
En 2022, el ministerio público acusa al concejal de Emergencia Climática de Barcelona y presidente de Tersa, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la sociedad, Francesc Rosa, de haber tolerado presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental, ya que son los máximos responsables de la gestión de la compañía.
Badia declara durante 10 minutos
En abril de 2023, Badia declara ante el juez de instrucción número 5 de Badalona y asegura que Tersa cumple con la normativa de la Generalitat. La declaración dura sólo 10 minutos y no responde ninguna pregunta sobre cuestiones técnicas porque, dice, como presidente de la empresa las desconoce.
Cuatro años después, en 2022, la Fiscalía dio la razón a las entidades vecinales y ecologistas y presentó una denuncia contra Eloi Badia, entonces concejal del Ayuntamiento y presidente de Tersa, y contra Francesc Rosa, jefe de explotación de la misma sociedad. Ambos fueron investigados durante la instrucción. El ministerio público defiende que los denunciados "realizaron o toleraron conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la legislación ambiental" y que suponen "un riesgo grave" para la salud de los vecinos y para el ecosistema de la zona en general .
¿Qué pasa ahora con Eloi Badia?
Ahora que Badia es diputado en el Congreso por Sumar y, por tanto, es aforado, la causa debería remitirse al Tribunal Supremo. Sin embargo, Airenet no considera que los tiempos sean un inconveniente en este caso. Ahora bien, todavía no ha formalizado la acusación contra el exconcejal y entonces presidente de Tersa, ya que previamente es necesario que el juzgado de instrucción dicte, tal y como ordena la Audiencia, el auto de acomodación procedimental. Según fuentes judiciales, cuando esto ocurra, las partes pueden formalizar las acusaciones y, en función de quienes sean los acusados, los delitos y las penas que se soliciten, la causa seguirá por una vía u otra, o si se resuelve en el Supremo, en un juzgado de lo penal o en la misma Audiencia.