Justicia

"Fueron agresiones sexuales porque no dimos consentimiento a ese policía infiltrado"

Las denunciantes del agente encubierto en los movimientos sociales de Barcelona dicen que la operación "ordenada" por el Estado no tenía ningún control judicial

Barcelona"Su infiltración tiene consecuencias imborrables, sea legal o no". Así se han manifestado las ocho mujeres que se querellaron contra el policía nacional que se infiltró en movimientos sociales de la ciudad al día siguiente de publicarse la decisión de la Audiencia de Barcelona de cerrar la investigación. Las denunciantes se han pronunciado públicamente por primera vez desde que intentaron iniciar la causa contra el agente, en enero del 2023. "Sí que fueron agresiones sexuales porque no dimos consentimiento a ese policía, sino al personaje que había creado 'Estado", explicaron este martes, "sin poner la cara pero sí las voces" para proteger su intimidad tras oír encima "todo el peso del patriarcado" a raíz de su denuncia.

A través de una grabación, las impulsoras de la querella han intervenido en una rueda de prensa donde las abogadas y compañeras de militancia han respondido a la confirmación del archivo de la causa antes de iniciar ninguna investigación. En el mismo acto, presentaron un manifiesto que reclama acabar con las infiltraciones policiales y depurar responsabilidades.

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El hombre que durante más de dos años fue amigo, compañero y pareja para ellas era en realidad "un policía, un funcionario a sueldo del Estado" que se infiltró en los movimientos sociales de Sant Andreu, no por una investigación concreta, sino de forma "prospectiva, sin ningún tipo de autorización judicial, con una carta en blanco con el pretexto de ir buscando hechos posibles delictivos", ha aclarado la abogada Laia Serra, que en este caso representa a la CGT ya las afectadas del sindicato.

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Hasta ahora, la justicia ha descartado éste y los demás delitos que le atribuyen: contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. De hecho, la Audiencia de Barcelona no ve delito en la actuación del policía infiltrado. "Si estiremos el chicle, podríamos llegar al absurdo de considerar sospechoso de agresión sexual a quien miente a su futura pareja sexual sobre cuestiones como sus gustos musicales o el equipo de fútbol de quien es seguidor", dice el tribunal quitando hierro al engaño que denuncian las activistas. Sin embargo, ellas recurrirán al Tribunal Supremo con la intención de llegar, si es necesario, a instancias internacionales.

"Prácticas que pueden afectar a todos"

Serra ha incidido en que más allá de la afectación a personas y colectivos concretos del barrio de Sant Andreu, lo que ha motivado la querella ha sido "generar un debate social sobre unas prácticas de estado que pueden afectar a todos". Para la abogada, el debate jurídico en este caso, más allá de los delitos que se puedan atribuir o no al agente, debería estar en "la total opacidad" sobre las infiltraciones de este tipo. Ha añadido que "una práctica de estas características nunca es una iniciativa individual"; por el contrario, considera que "era conocida, incentivada, avalada y ordenada por el ministerio del Interior".

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La otra abogada del caso, Mireia Salazar, comparte que son "operaciones que el Estado ha aceptado, y donde no hay control ni supervisión judicial". La abogada de Irídia alertó del "desconocimiento del marco legal que se está empleando" para estas infiltraciones policiales porque, criticó, el ministerio no hizo pública esta información. "Tampoco tenemos garantías de que cesen, y sabemos que se siguen llevando a cabo", ha avisado.

Salazar ha recordado también que el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley que presentó Bildu para prohibir estas operaciones y fijar un marco legal para darle garantías. Por otra parte, Serra ha remarcado que en el Parlament sí se hizo una comisión de investigación sobre las infiltraciones policiales. Al margen de eso, las dos letradas han compartido que el posicionamiento del instructor y la Audiencia de Barcelona al rechazar investigar el caso coincidió plenamente con el de la Fiscalía, que, según valoró Salazar, "ha hecho una defensa férrea del Estado".