Aragonès reclama acabar con "el analfabetismo emocional" y los estigmas de la salud mental

BarcelonaQue la pandemia ha evidenciado una agravación general del estado emocional de la ciudadanía lo demuestra el debate monográfico de esta tarde en el Parlamento de Catalunya en donde el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avanzado que el nuevo Plan Nacional de Salud Mental y Bienestar Emocional supondrá un "cambio de paradigma" del actual modelo, que se ha demostrado caduco y con pocos recursos ante el aumento de diagnósticos detectados después de los meses de confinamiento. Todos los grupos parlamentarios han coincidido en sus intervenciones en la urgencia de reaccionar al aumento de casos nuevos favoreciendo la distribución equitativa en todos los territorios para dar respuestas rápidas a los pacientes.

Aragonès, que había solicitado la convocatoria de este debate, ha subrayado que el cambio tiene que empezar para romper todos los muros que todavía ahora esconden los problemas de salud mental y que hacen que la gran mayoría de las personas afectadas callen por el miedo de ser señalados, ya sea en el núcleo personal, laboral o social. Por eso, el president ha asegurado que hay que acabar con lo que ha denominado "analfabetismo emocional", el desconocimiento sobre en qué consisten los trastornos y la concienciación de cuidar la salud emocional. "Debemos impulsar una nueva mirada sobre la salud mental, romper estigmas y normalizar una realidad muchas veces invisibilizada", ha afirmado.

De estas etiquetas ha hablado en el pleno Mercè Torrentallé, vicepresidenta de la Federació Salut Mental Catalunya y activista en Obertament, que ha arrancado con una emotiva intervención para explicar en primera persona como la estigmatización social no afecta solo a la persona que sufre el trastorno sino que a menudo también "margina" de retruque a la familia. En su caso, residente en una población de la Noguera de 2.500 habitantes, su hija fue una víctima colateral, cosa que hizo que Torrentallé decidiera entrar en el activismo a favor de la causa. "No somos enfermos a cuatro patas ni tenemos brotes 24 horas al día 365 días al año", ha remachado la activista para pedir un esfuerzo a la sociedad para ser tratados como personas que pueden sufrir algún trastorno puntual.

Torrentallé ha puesto voz a las reivindicaciones del sector que quieren que se acabe con las contenciones involuntarias cuando se sufre un brote, tanto las mecánicas (atar a las personas a camas durante horas o días) como las psíquicas (con medicación excesiva para calmarlas) y ha incidido en que "hay alternativas" a un método que violenta la dignidad de las personas afectadas y les provoca un sufrimiento innecesario. "Yo estuve cuatro días bajo contención, sin poder pedir ayuda ni que me pudieran cambiar de ropa interior", ha explicado en medio de la atenta mirada del hemiciclo.

No se ha referido a los sistemas de contención, pero el president ha indicado que las personas diagnosticadas tienen que tener todos los derechos garantizados y no pueden ser tratadas como ciudadanos de segunda. Además, se ha comprometido a avanzar en "la reconversión" de las hospitalizaciones de larga estancia para potenciar en la medida de lo posible la atención domiciliaria o en hospitales de día (yendo a dormir a casa) para que la persona con un trastorno grave no pierda la conexión con su comunidad.

En un momento en el que las consultas médicas advierten de un aumento de los casos a raíz del sufrimiento de la pandemia, sobre todo en los trastornos alimentarios o las depresiones, Aragonès ha admitido que no se trata solo de poner más dinero para incrementar los servicios y las plazas disponibles, sino que hace falta "reforzar la red" de detección y de prevención. El objetivo es hacer aflorar los diagnósticos en las fases iniciales del trastorno porque si se aborda más tarde la recuperación cuesta más. En este sentido, el departamento de Salud se ha fijado contratar este y el próximo año a 300 profesionales que tienen que ser referentes de la salud emocional en la atención primaria y también se prevé contar con "figuras que se puedan responsabilizar" del bienestar emocional en las escuelas, puestos de trabajo, servicios sanitarios y espacios públicos como los centros cívicos o casales de gente mayor.