Archivado el caso contra la dirección del geriátrico con más muertes durante la pandemia

BarcelonaEn marzo del 2020, cuando estalló la pandemia de la covid, 230 personas mayores vivían en la residencia Ca n'Amell de Premià de Mar. En sólo dos meses, más de un tercio de los residentes (87) murieron y, como hizo en otros centros, la Generalitat asumió su gestión. Meses después, una querella de la fiscalía incentivó que una juez de Mataró investigara si, más allá de los efectos de la crisis sanitaria, podían atribuirse responsabilidades por homicidio imprudente. Ahora, familiares de estos abuelos critican que la fiscalía se haya "desdecido" en un informe en el que pide el archivo del caso. Pese a que las malas condiciones en el geriátrico quedaron constatadas, la jueza comparte que no se puede atribuir ningún delito a la dirección de la residencia y ha decidido archivar el caso. Ésta es la segunda investigación que se archiva de las tres que llegaron a la justicia por muertes en residencias de Cataluña durante la pandemia de cóvido, y de los tres Ca n'Amell es el geriátrico donde hubo más muertes durante la primera ola de la pandemia.

En un auto al que tuvo acceso el ARA, la magistrada archivó la causa, y los familiares tienen dos semanas para recurrir la decisión. De hecho, confirman a este diario que ya trabajan para conseguir que la investigación siga adelante. Los investigados por presunto homicidio imprudente y tratos degradantes eran el director y la directora médica de Ca n'Amell, gestionado por Domus Vi, un grupo internacional con 366 centros de atención a la tercera edad, la discapacidad y la salud mental en Francia, China y España. En el mismo escrito que archiva el caso, la juez constata que durante la primera ola de la pandemia se contrató a personal inexperto y con titulación no homologada.

El escrito con el que el fiscal pedía archivar el caso, al que ha tenido acceso el ARA, documenta que desde casi un mes antes de que la residencia fuera intervenida por la Generalitat, un equipo de atención primaria hizo visitas y dio soporte al centro. Sus informes diarios alertaban de una "actitud de dejadez, desatención y ausencia de interés" por parte de la dirección. Exponían casos como el de un residente que se rompió el fémur y no fue atendido durante dos días, y el de otro al que se le prescribió una bombona de oxígeno por dificultades respiratorias y al que encontraron al día siguiente con la bombona vacía. También señalan carencias de higiene y que más de una vez los abuelos que estaban en cama no correspondían con el nombre del cartel que los identificaba. De hecho, un día el equipo no conseguía encontrar a tres residentes, y los trabajadores del centro tampoco sabían dónde estaban.

El informe del fiscal también admite la "gravedad indiscutible" de una situación que describe como "caótica". Sin embargo, advierte que para atribuir un delito hay que demostrar la responsabilidad individual de cada investigado, y cree que la instrucción no lo ha conseguido. Tampoco se ha certificado si se podría haber evitado la propagación del virus con una gestión distinta, ni existen informes de praxis médica que individualicen la atención a los residentes. Esto, apunta el fiscal, "no resta gravedad ni importancia a los hechos, pero influye considerablemente en su estudio desde un punto de vista penal".

Las imprudencias leves, prescritas

La juez constata que la instrucción no ha demostrado que ambos investigados actuaran de forma "gravemente negligente" y aduce que sólo se puede pronunciar sobre posibles imprudencias graves que cometieran ambos directivos, porque las imprudencias leves prescriben al año, y la querella de la fiscalía se presentó más tarde.

Aunque los informes médicos que constan en la causa indican que al menos cuatro fallecidos podrían haberse evitado con las medidas adecuadas, tampoco se ha podido individualizar la responsabilidad de los directivos, como sería necesario para atribuir un delito. En la atención de los abuelos intervienen varias personas, y los informes forenses de la causa se refieren a la atención profesional en genérico, no a lo que hicieron los directivos o ningún trabajador en concreto. Además, la instructora considera que sería improcedente imputar negligencias penales a enfermeras o auxiliares por no ser las responsables de la falta de medios y materiales en el centro.

El auto añade que otros cinco abuelos recibieron una atención y un tratamiento médico adecuado y que su muerte no podría haberse evitado. Sin embargo, en estos casos sí se ha constatado que "la actuación médica, no imputable a personas concretas, obvió las máximas de la lógica sanitaria", aunque se considera que no fue una omisión grave. En otros dos casos los forenses ven "imposible" determinar si se habría podido evitar la muerte con medidas distintas.

Personal inexperto y sin aclarar responsabilidades de la dirección

Respecto a la posible responsabilidad del director, la justicia ha puesto bajo la lupa aspectos como la contratación de personal, medios y material disponibles, protocolos de aislamiento y medidas de desinfección e higiene. Los forenses que debían evaluar su gestión se declararon incapaces de hacerlo, por falta de información y por no ser especialistas en el campo. Esto ha hecho que la instrucción no pueda esclarecer una posible responsabilidad penal derivada de la gestión del virus.

Aún así, la propia instructora hace constar que durante la primera ola de la cóvida el centro contrató "personal inexperto e incluso con titulación extranjera no homologada". El único médico que trabajaba, y hasta otros 60 trabajadores, se contagiaron y tuvieron que coger la baja. La de la doctora se cubrió, pero la situación "comportó la imposibilidad" de contratar a personal de relevo.

Una docena de casos archivados en el Estado

El fiscal recuerda que distintas audiencias provinciales de toda España ya han validado una docena de archivos de investigaciones de muertes en geriátricos durante la pandemia. También se ha archivado la causa que estaba abierta en un juzgado de Sabadell contra los responsables de una residencia de ancianos de Palau-solità y Plegamans por la muerte de 55 personas durante la primera ola de la pandemia y todavía continúa la instrucción de un caso similar a Tremp. El fiscal cree que para las familias podría suponer un "calvario procesal" continuar con una causa con "improbable éxito de una acción penal viendo los resultados de la extensa y compleja instrucción judicial".