Querer atraer talento a coste cero y sin visión de futuro, un error

De aquí a 2030 se prevé que se jubilará el 15% del profesorado universitario. Y ahora mismo la situación de la mayor parte de las universidades catalanas, y españolas, es la de un profesorado envejecido y un grueso de docentes jóvenes y bien preparados que acumulan años de precariedad y malas condiciones laborales si no han hecho, como un gran número de profesionales, el paso de emigrar por buscar mejores condiciones en universidades y centros de investigación extranjeros. En este contexto ha habido diversas iniciativas que han intentado captar ese talento de fuera para incentivar las políticas de investigación e innovación. Pero no todas han resultado tan exitosas como las del programa Icrea.

Uno de estos últimos fiascos es el programa de ayudas para la atracción de talento internacional María Zambrano, lanzado en el 2021 por el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, que pretendía "recualificar el sistema universitario español" y contaba con financiación europea. En un primer momento fue un éxito, porque se pudieron adjudicar 1.103 ayudas, de las que 274 fueron a siete universidades catalanas. El problema empezó ya con las bases de la convocatoria, que fijaba un sueldo mensual de 4.000 euros brutos y contratos que finalizaban en diciembre del 2024, pero existían inconcreciones. En la comunicación de la convocatoria se daba a entender, aunque en ningún momento hubo el compromiso, de que las plazas se estabilizarían después. Y, además, la mayoría de universidades descontaron del sueldo bruto los gastos “empresariales”, por lo que el sueldo real de los investigadores quedó reducido a poco más de la mitad. Sin embargo, este último punto deberá corregirse después de que una sentencia del Supremo obligue a devolverles parte de ese dinero.

Buena parte de los investigadores afectados, muchos de los cuales dejaron su trabajo en lugares prestigiosos pensando que realmente era un programa de retorno de talento, están ahora frustrados y enojados. Una parte se ha vuelto, y la otra vive con la incertidumbre de lo que podrá ocurrir y se ha movilizado para intentar encontrar soluciones. El ministerio de Ciencia, ya en otras manos, ha suspendido el programa y considera que es decisión de las universidades estabilizar o no a los docentes investigadores, al tiempo que considera que las competencias están transferidas y sería la Generalitat, en todo caso, quien debería hacer -se responsable. La Generalitat, en cambio, considera que éste era un programa estatal y no quiere saber nada. Y desde la Asociación Catalana de Universidades Públicas consideran que no tienen dinero suficiente para asumir los docentes de este programa, que, insisten, era finito.

Sin embargo, estas universidades se han aprovechado de unos profesionales de primer nivel que, como bien denuncian ellos mismos, han empleado como objetos de un solo uso. Seguramente hay que mirar caso por caso, pero sería necesaria una respuesta clara del Gobierno y las universidades para solucionar este lío y dar respuestas a los cerca de 300 investigadores afectados. Y, por supuesto, en el futuro hace falta más seriedad y transparencia en estos programas. Querer atraer talento a coste cero y sin perspectiva de futuro es, claramente, un error que no podemos permitirnos.