La vivienda está a punto de superar la inseguridad en el ranking de las materias que más preocupan a los ciudadanos de Barcelona. Con el 28,8%, sólo una décima separa la desazón por el acceso a la vivienda del miedo por la inseguridad, que con el 28,9% es todavía el primer problema según los datos que se han hecho públicos de la segunda ola del barómetro municipal. Esta encuesta ha incluido, precisamente, preguntas específicas sobre el tema que dejan claro que la ciudad tiene un problema grave de vivienda, según opina una abrumadora mayoría del 94,3% de los encuestados, el 68,8% de los cuales creen que, a además, es un problema gravísimo. Lo es, de hecho, para casi la mitad de los encuestados, en un grado u otro, y afecta, como es bien sabido, especialmente a la gente que vive de alquiler.
Son cifras que no sorprenden por varias razones. Por un lado, porque éste ha sido un problema omnipresente en los medios en los últimos tiempos, y esto, como ocurre con la inseguridad, provoca la percepción en el encuestado de que el problema es creciente. Pero es que, además, en este caso las cifras también demuestran que la situación es grave y que existen razones reales para preocuparse. De hecho, no es casualidad que la manifestación convocada el pasado mes de noviembre por el Sindicato de Alquiladoras por protestar por el precio de los alquileres fuera multitudinaria –22.000 personas según la Guardia Urbana y 170.000 según la organización–, puesto que el precio medio del alquiler en la capital catalana en el tercer trimestre se situó en 1.133,33 euros, casi exactamente el salario mínimo interprofesional, de 1.134 euros al mes. Es decir, un alquiler que hace imposible a muchísima gente acceder a una vivienda digna.
Los topes que se han puesto a los precios han permitido frenar mínimamente la escalada, pero el problema se sigue agravando porque, por un lado, hay menos pisos en el alquiler libre y, en cambio, por el otro aumentado de forma considerable el alquiler de temporada, que permite mayores subidas fuera de la regulación. La situación es aún más crítica, y los inquilinos se ven expulsados de la ciudad porque, además, la gran mayoría no pueden comprarse una vivienda porque no tienen renta suficiente ni ahorros. Según el informe anual de 2024 del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, el 82,3% de los inquilinos no tiene el dinero necesario para pagar una entrada y el 72,7% no dispone de los ingresos mínimos para que la cuota hipotecaria no supere el 40% de su renta.
Sin opciones para comprar y sin posibilidades de acceder a un alquiler sostenible, cientos de ciudadanos se han visto obligados a huir de la ciudad, compartir vivienda o directamente vivir en la más absoluta precariedad de forma casi inhumana. No es un problema fácil de resolver, y este año han surgido varias iniciativas, tanto desde el Govern como desde el Ayuntamiento, para intentar poner límites a los alquileres abusivos, reducir los que son estrictamente turísticos y tratar de construir nueva vivienda. Sin embargo, todo es lento y las medidas anunciadas tardarán años en hacerse efectivas. Habría que ser más imaginativos y buscar soluciones más rápidas y realistas que permitan que Barcelona, y toda su gran área metropolitana, que está igualmente tensionada, puedan volver a ser habitables para sus vecinos.
