Modelos sanitarios: Madrid vs. Cataluña
El escándalo en el Hospital de Torrejón de Ardoz a raíz de unos audios destapados porEl País provoca una profunda indignación. En las grabaciones se puede oír al consejero delegado del grupo privado Ribera Salud –que gestiona el centro público en régimen de concesión– dando órdenes explícitas para aumentar las listas de espera rechazando pacientes y pruebas que no les son rentables. El caso implica una presunta mala praxis del centro hospitalario madrileño, que puede haber puesto en riesgo a pacientes priorizando la ganancia económica por encima del derecho fundamental a la salud.
Los recelos, lógicos, van mucho más allá de los usuarios del centro. La desconfianza se esparce en todo el modelo de privatización sanitaria desplegado de hace décadas en la Comunidad de Madrid y que tiene su origen justamente en lo que empezó haciendo el mismo grupo Ribera en la Comunidad Valenciana en los años 90. El modelo se basa en concesiones a grupos privados a los que la administración autonómica paga un canon anual fijo en función de la población. En resumen: el hospital recibe el mismo dinero haga más o menos operaciones o pruebas diagnósticas. Los problemas potenciales de este enfoque sanitario se han visto ahora muy nítidos en Torrejón de Ardoz, pero la propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha alertado de que "no es un caso aislado".
Es inevitable preguntarse dónde está el pecado original que ha permitido llegar a esta situación, o si algo así podría ocurrir en nuestro país, donde el modelo sanitario se basa en una robusta red pública pero también con un papel esencial de entidades privadas. La gran diferencia con Madrid se encuentra en el modelo de concertación, en cómo y con quién se articula esta colaboración público-privada, y en las garantías y controles que la administración debe ejercer para preservar la equidad y el bien común.
El contrato de los centros catalanes concertados con la administración no sólo se hace, en el caso de los hospitales, mayoritariamente con entidades sin ánimo de lucro o fundaciones con participación pública de ayuntamientos o consejos comarcales, sino que está enfocado a alcanzar unos objetivos de actividad. Los centros hospitalarios se comprometen a realizar un número determinado de asistencias, operaciones o pruebas al año. Todo se enfoca, pues, en secar las listas de espera –aún inadmisiblemente largas, recordémoslo– y evitar que pueda haber incentivos perversos que acaben por vulnerar los derechos de los pacientes.
Este modelo de concertación tan propio se ha convertido en una de las grandes fortalezas del sistema sanitario y, por ello, debe ser una prioridad preservarlo y protegerlo de las empresas que se enfocan sobre todo a repartir dividendos entre los accionistas. Sin embargo, reconocer el valor del modelo actual no significa ignorar sus riesgos y, por ello, hay que velar esencialmente por dos principios: la transparencia y el rendimiento de cuentas.
Además, estar lejos del modelo privatizador de Ayuso no debe hacer perder de vista los retos que afronta la sanidad catalana, donde la altísima presión asistencial (no sólo hospitalaria sino también en los CAP, y lo vemos estos días con la epidemia de gripe pros) remuneradas.
