El informe de renta familiar que publica el Ayuntamiento de Barcelona sirve para constatar con cifras lo que puede verse a simple vista: que existen enormes diferencias económicas entre los barrios más ricos y los más pobres. Sin embargo, en este caso, los datos del ejercicio del año 2021 permiten ver que respecto al año anterior se han conseguido atenuar estas diferencias. Así, el barrio más rico, Tres Torres, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, pasa de tener una renta per cápita de 39.655 euros a una de 37.800, mientras que el más pobre, Ciutat Meridiana, sube de los 9.827 a los 10.929. Los expertos señalan que uno de los factores que explican esta subida superior al 10% en un solo año es el incremento aplicado al salario mínimo, que entre 2019 y 2021 pasó de ser de 736 euros a ser de 965 euros (ahora son 1.134). El bajón en Tres Torres también puede ser la muestra de las dificultades de la clase media. En todo caso, se demuestra que existen medidas económicas que tienen un impacto directo en la reducción de la desigualdad y que, por tanto, mejoran la cohesión social, que es un valor en sí mismo.
Sin embargo, cabe señalar que el barrio más rico casi multiplica por cuatro la renta disponible del más pobre, una diferencia que después afecta a otros indicadores como la esperanza de vida, que puede variar hasta cuatro años en función del distrito de la ciudad donde vivas. Las políticas públicas deben tener este efecto redistribuidor, con el entendimiento de que una sociedad con menos desigualdades es también más habitable, segura, con mayor calidad de vida e incluso eficiente en términos económicos. Precisamente, una de las principales amenazas actuales para esta cohesión social es la dificultad de acceso a la vivienda, ya que el aumento de precios sostenido en el tiempo, tanto por comprar como por alquilar, está expulsando a población de la ciudad o condenando a muchos jóvenes a retrasar la edad de emancipación.
En este sentido, el diario ARA ha podido comprobar que los portales inmobiliarios han aumentado su oferta de anuncios un 32% después de que la diputación permanente del Parlament, con el voto en contra de Junts y la abstención del PSC, rechazara el decreto aprobado por el Govern de ERC que pretendía poner freno al fraude de ley que significa pasar los pisos a alquiler de temporada con el único objetivo de esquivar el control de precios. Mientras el decreto estuvo en vigor, estos anuncios habían desaparecido de los portales a la espera del desenlace final, y ahora han vuelto a ello. El fracaso del decreto es la prueba de las dificultades de las administraciones para poner límites a un mercado que siempre encuentra rendijas legales para escapar. Los agujeros que están identificados son el alquiler de temporada y el de habitaciones, así como la inexistencia de un régimen de sanciones. De hecho, el ministerio de Vivienda, en manos ahora del PSOE, no está siendo nada proactivo a la hora de abordar este problema, tal y como denuncian desde el Sindicato de Alquiladoras.
Sea como fuere, éste es el principal problema que afronta la ciudad de Barcelona (y el país entero) en términos de cohesión social y también de brecha generacional. Solucionarlo debería ser la prioridad absoluta de los partidos.
