Blindar el aborto en toda la UE: ¿un reto factible?

BarcelonaBlindar el aborto en la Unión Europea (UE) en un momento de riesgo de retroceso en el acceso a este derecho por el aumento de la extrema derecha. Es el reto del movimiento europeo feminista Mi Voz, Mi Decisión, que también da nombre a la iniciativa europea ciudadana (el equivalente comunitario de la ILP) para recoger un millón de firmas (250.000 en España) antes de las elecciones europeas del 9 de junio. El objetivo es que la Comisión Europea resultante de las elecciones de junio tome en consideración la iniciativa y garantice que todas las mujeres dentro del territorio comunitario puedan interrumpir el embarazo. Se calcula que hay más de 20 millones de europeas en esta situación, e incluso en los estados donde sí es legal mujeres con discapacidad, migrantes o solicitantes de asilo chocan con obstáculos para acceder.

La idea surgió del esloveno Instituto 8. Marec (Instituto 8 de Marzo) y, en un principio, se añadieron entidades feministas de base en Francia, Polonia, Austria, Croacia, Irlanda, Finlandia y España , y posteriormente se han añadido asociaciones de Hungría, Dinamarca e Italia. En la Unión, el derecho al aborto no es homogéneo y va desde la inclusión en la Constitución del derecho al aborto de Francia hasta las grandes restricciones que impone Polonia, donde casi todas las interrupciones son clandestinas. Ante la imposibilidad legal de hacer una directiva europea para que Bruselas obligue a los ejecutivos a hacer del aborto un derecho, las promotoras han optado por activar lo que se llama competencias de apoyo, pensadas para proteger la salud sin invadir competencias estatales.

Así, reclaman que se garantice el acceso libre, gratuito y seguro para "todas las mujeres que están en la UE", independientemente de su situación administrativa o país de residencia. ¿Cómo se haría? La iniciativa pide programas de financiación plurianuales que se destinen a los estados donde el aborto es legal para que las mujeres residentes en países sin acceso puedan viajar con todos los gastos pagados.

La movilización ahora no es casual. "Debemos defendernos de las formaciones de extrema derecha y de la derecha extrema que están recortando derechos a Argentina y los Estados Unidos, pero que en España ya se sientan en el Congreso y en muchos Parlamentos autonómicos", alerta Kika Fumero, portavoz y coordinadora del movimiento en el Estado junto con la periodista Cristina Fallarás. Los derechos de las mujeres, continúa el activista, que va dirigir el Instituto Canario por la Igualdad, son siempre los que primero reciben el embate de las políticas reaccionarias porque "controlando el cuerpo de la mujer se controla la sociedad". Y, en este punto, enumera la vigilancia que se ejerce de la reproducción, de la sexualidad, de los embarazos no deseados e incluso de la capacidad para "reducir la capacidad de estudios, el progreso y la carrera profesional" de las mujeres. Los grupos ultras "funcionan con la misma estrategia y agenda, carecen de escrúpulos y disponen de enormes recursos humanos muy movilizados y económicos", detalla.

La voluntad es que, si se toma en consideración la iniciativa, la Comisión abre una línea para ayudar a abortar a las mujeres en países con una legislación favorable, pagándoles el viaje y la intervención. El caso más flagrante de prohibición es el de Malta, donde se prohíbe en todos los supuestos (incluso si existe riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto o por violación). Pero Fumero también se refiere a los estados donde sólo puede hacerse pagando (Alemania y Austria), así como a acompañar a las mujeres que quieren abortar pasadas las semanas de plazo máximo fijado en su país. "Se trata de que puedan ir a países vecinos de forma segura", insiste. En España, con una reforma aprobada la anterior legislatura, existe, por ejemplo, el tope de las catorce semanas para abortar libremente y, a partir de ahí, la mujer debe someterse al criterio médico. Además, el activista suma el impacto delalta objeción de conciencia entre los profesionales y las desigualdades territoriales, que sitúa a Castilla, Andalucía y Murcia en la cola en el acceso a este derecho.

Del éxito de la campaña dependerá el futuro de las mujeres. Fumero sostiene que la iniciativa coloca a los europeos en la disyuntiva entre "las políticas de la muerte", que atentan contra la salud física y mental de las mujeres que no tienen acceso al aborto, y "la cultura de la vida" , que defiende un derecho tan fundamental como el derecho de decidir sobre el propio cuerpo.