Derechos de las mujeres

"El aborto sería legal en Andorra si Cataluña no mirara hacia otro lado"

Las activistas Justyna Wydrzyńsk y Vanessa Mendoza denuncian la persecución judicial que sufren por defender los derechos de las mujeres

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Justyna Wydrzyńsk y Vanessa Mendoza, en la sede de Amnistía Internacional Catalunya.

BarcelonaNo se conocían hasta que se han encontrado en la sede catalana de Amnistía Internacional, la organización que abandera sus causas de defender el derecho al aborto y les apoya ante los tribunales que las han situado en la diana. La polaca Justyna Wydrzyńsk y la andorrana Vanessa Mendoza son dos referentes europeos de hasta qué punto la lucha por la libertad de los cuerpos de la mujer no está ganada y coinciden en advertir que incluso como en el caso catalán o irlandés en el que existe una buena ley, "no hay garantías de los derechos". A Wydrzyńsk un tribunal la condenó el pasado mes de marzo a ocho meses de trabajos para la comunidad para enviar una píldora abortiva a una mujer maltratada, ya Mendoza le han citado para el próximo 4 de diciembre para responder a la acusación de difamación en el gobierno de Xavier Espot. La fiscalía vio indicios de delito en el informe que el activista presentó en el 2019 en la ONU sobre el impacto que la prohibición absoluta del aborto tiene en las andorranas. "El caso de Vanessa es muy grave y merece todo el apoyo internacional que tuve yo", concede Wydrzyńsk, miembro del colectivo Abortation Dream Team. La psicóloga Vanessa Mendoza preside la entidad Stop Violències y es el rostro de la batalla para que las andorranas dejen de ser las únicas europeas, junto a las de Malta, que tienen prohibido el aborto, sin excepciones, incluso cuando existe riesgo vital para la madre o el feto es inviable. Se enfrenta a una multa de 6.000 euros ya una indemnización de otros 6.000 euros al ejecutivo por vulnerar su prestigio internacional, además de seis meses de inhabilitación para cargo público.

La lucha continúa

Dice que no se le ocurre un acuerdo con la fiscal del caso, que como la juez son mujeres, porque sería aceptar que ha hecho algo mal. "O absolución o nada", exclama, y ​​sostiene que si bien nunca debería haber llegado ese "juicio de la vergüenza", es una oportunidad para mostrar al mundo que en pleno siglo XXI hay un pequeño país que se rige por leyes medievales que dicta "la Iglesia, no el Parlamento".

Sin posibilidad de abortar en el país, las andorranas se han autoorganizado creando una red de ayuda a través de Stop Violencia, que ofrece información y acompañamiento al extranjero , en Francia, y sobre todo en los hospitales y clínicas catalanas. Las que carecen de tarjeta sanitaria catalana deben pagar la intervención o las pastillas para el aborto farmacológico. En los casos de abortos terapéuticos a partir del tercer trimestre, por enfermedad grave del feto, la factura económica sube y las mujeres deben endeudarse porque "la única opción que da el gobierno es que pares, veas morir a tu hijo y lo entierres", enumera. Por eso, el activista señala la responsabilidad de los catalanes, tanto asiduos en el Principado como ajenos en el "anacronismo" que se vive en el país. Entonces, ¿qué? "Pido el boicot, no que no venga a Andorra, pero que tenga conciencia de que somos una sociedad sin derechos", afirma contundentemente y asegura que "el aborto sería legal en Andorra si Catalunya no mirara hacia otro lado porque hace negocio con nuestra opresión".

Junto a Mendoza, Wydrzyńsk se sorprende de la rigidez andorrana y, sobre todo, de la poca atención que está recibiendo el próximo juicio de Mendoza. Entiende la rabia de la andorrana, porque ella pasó por un juicio hace pocos meses y porque, como en el Principado, considera que es muy difícil que haya cambios, aunque la sociedad –sobre todo las generaciones jóvenes– están levantando la voz en favor del aborto. No hace ni un mes que eloficialista PiS (la ultra Ley y Justicia) perdió la mayoría absoluta y esto permite que la Plataforma Cívica, liderada por el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, pueda formar un gobierno. "No tengo ninguna esperanza de que el futuro gobierno permita el aborto y volver a la ley del 2020 no es suficiente", lamenta. Reprocha que en campaña, Tusk, el candidato de la UE, por razones obvias, hubiera "utilizado políticamente" el derecho al aborto por la fuerza de las mujeres y que, en cambio, ahora está negociando con formaciones antiaborto. "Nunca me ha llamado, ni se ha interesado por mi caso. Tusk es una decepción total", critica.

La ofensiva ultra

El año pasado, 162 mujeres pudieron abortar legalmente por entrar en los dos únicos supuestos: el peligro de la salud de la madre o malformaciones del feto y por violación, aunque en la práctica en este último es complicadísimo porque, primero hay que ir a la policía a denunciar la agresión y el plazo para la interrupción es muy estrecho. La opción más factible para las polacas, pues, es viajar a Alemania o la República Checa o tomar la píldora abortiva para realizar todo el proceso en casa. El aborto es legal y ninguna mujer es perseguida por ellopero sí que se castiga la ayuda directa a hacerlo. Y en ese punto de la ley se agarró la juez que condenó a Wydrzyńsk por ofrecer la píldora a una mujer que estaba siendo presionada por su pareja. En cambio, su entidad puede seguir ofreciendo información sobre el aborto.

Sentadas en una sala de Amnistía, Wydrzyńsk y Mendoza comparten que la persecución judicial que sufren no es ninguna anécdota, sino un aviso para navegantes. puede bajar la guardia", insiste la polaca, como lo demuestran, dicen, la presión que están haciendo en todo el mundo organizaciones ultraconservadoras que tienen los derechos de las mujeres y los sexuales y reproductivos en el punto de mira. "Defendemos derechos humanos, y por eso nos persiguen", afirman.

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