Un cambio en el sistema de financiación: ¿ahora sí?
En los preámbulos del Proceso, en el 2012 el entonces president Artur Mas intentó un pacto fiscal con el Estado. Sabía que detrás tenía el grueso de la sociedad catalana, empezando por el mundo económico. El rechazo frontal con el que se topó –entonces presidía el gobierno Mariano Rajoy– acabó subiendo el tono del pulso soberanista. Ha pasado más de una década y el problema de la financiación sigue lastrando las cuentas públicas catalanas y el progreso general del país. A pesar de la historia reciente, que tantas tensiones internas ha traído consigo, la conciencia de este agravio sigue generando un gran consenso transversal. Algo que este martes ha vuelto a quedar claro con el documento presentado por el mundo empresarial catalán, firmado por más de veinte instituciones, en las que se denuncia la infrafinanciación de la Generalitat a causa de un sistema de financiación autonómica que no es ni transparente ni equitativo ni eficiente.
Los empresarios proponen dos vías para salir de este callejón sin salida histórico: un sistema federal equivalente al de países como Estados Unidos, que "permitiría a las comunidades autónomas disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal de los ingresos que le corresponden ", o el pacto fiscal que propuso Mas en el 2012, que supondría que la Generalitat administrara y recaudara todos los tributos generados en el territorio, y asumiera un poder normativo sobre estos impuestos similar al que tienen Navarra y País Vasco. Como dijo este domingo en el AHORA la consejera de Economía del Gobierno, Natàlia Mas, si no se logra un cambio del sistema de financiación, "hemos tocado techo".
El actual sistema no tiene en cuenta ni el coste de la vida diferencial –con un euro no compras lo mismo en Cataluña que en otros territorios– ni la ordinalidad, que significa que si tú aportas más que otro territorio per cápita también recibirás más por cápita. De hecho, los empresarios hacen énfasis en que Cataluña es la segunda comunidad más rica y, por tanto, aporta mucho a la caja común, pero cae hasta el décimo lugar en recursos recibidos y hasta el decimocuarto si se ajustan los datos al coste de la vida. Sin pretender dejar de ejercer un grado de solidaridad, lo que se pretende es un trato igual para los ciudadanos catalanes que para los del resto del Estado. Cuando, además, año tras año se ve cómo la ejecución presupuestaria de las inversiones no se cumple (el primer semestre del año pasado sólo se ejecutó un 16% de lo comprometido: 370 millones de los 2.276 previstos), el sentimiento de agravio se hace más intenso. El déficit de inversiones es otro lastre que pesa como una losa sobre la economía catalana, que pese a todo sigue siendo uno de los puntales en la creación de riqueza en el Estado. Un puntal persistentemente castigado.
Hace 40 años que Catalunya está incluida en el régimen común autonómico y, aunque ha habido seis modelos diferentes, nunca se ha logrado salir del bucle de la infrafinanciación. El déficit fiscal catalán es una constante: de media, entre 1986 y 2021 se ha situado en el 8,1% del PIB. Ante esto, vuelve a hacerse evidente el gran consenso en la sociedad catalana para resolver una cuestión en la que le va el futuro.
