Casado ha puesto la cara...y el fiscal Ariche se la ha partido

MadridCuatro folios que deberían provocar vergüenza. Pedro Ariche, teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), elevó el pasado viernes su informe sobre la querella del Partido Popular contra el president Joaquim Torra por presunta usurpación de funciones públicas : se trata de una querella especulativa e incongruente. Ahora toca a la ponente, la magistrada María Eugenia Alegret, mover pieza.

Era evidente, según se desprendía del escrito de querella, que el PP buscaba utilizar lo que podríamos llamar el actual estado judicial en el que se ha transformado el estado de derecho en España para “reforzar” su protagonismo unas horas antes -entrevista en TVE la noche del 3 de febrero mediante- de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, prevista para el día siguiente, 4 de febrero.

Porque si por un lado el PP sostiene que Torra ha dejado de ser president -al ser despojado de su escaño de diputado y de su aforamiento- va y presenta su querella precisamente ante…el órgano competente para enjuiciar al president, el TSJC.

El fiscal Ariche señala: “Entiende este Ministerio que…un ejercicio coherente con su pretensión debiera haberle llevado [al PP] a considerar competente al juzgado de instrucción que por turno de reparto corresponda de los de Barcelona, en cuanto partido judicial donde el querellado [Torra] estaría ejerciendo su, según se señala, impostada actividad pública”.

Si esta contradicción flagrante sobre el fuero salta a la vista no es menor la que se puede advertir sobre el huevo, es decir, el contenido de la querella.

Según el PP, la relevancia penal de la impostura de Torra tras perder su escaño estaría configurada por las actividades realizadas “en calidad de Presidente de facto de la Generalidad, sin encontrarse legitimado para ello”.

El fiscal le recuerda que la Junta Electoral Central (JEC) “no realiza un pronunciamiento expreso sobre su condición de Presidente”.

señala: “Más allá de la especulación sobre lo que, al entender del querellante [PP] pueda resultar `lógico´ o `ìlógico´de la simple lectura e interpretación de los preceptos estatutarios y constitucionales que refiere, la certeza y taxatividad de la norma penal impone al respecto la necesidad de un previo pronunciamiento por parte de un órgano competente con relación a la -sin duda controvertida- cuestión suscitada”.

En otros términos: no existe resolución alguna estableciendo que Torra ha sido inhabilitado como president.

“Por ello -dice el fiscal- pese a a la aparente incongruencia del querellante, es el TSJC el competente para conocer de la presente querella…”

Y por si la especulación e incongruencia apuntadas no supusieran poner en ridículo a Casado, el fiscal añade: y además el delito que usted pretende que persigamos no es, en la actualidad, tal delito.

Porque ha habido, en 1995, un cambio legislativo y usted no se ha enterado.

Ahora el delito de usurpación de funciones públicas “se reserva -sostiene el fiscal- para quienes siendo ajenos a la función pública se la atribuyen falsamente para obtener ventaja o cometer otros delitos con mayor facilidad, de manera que el precepto en cuestión queda prácticamente limitado en la actualidad a aquellos que -sin serlo- suplantan la formal condición de agente de la autoridad, conductas prevenidas…que nada tienen que ver con los hechos que el querellante refiere”.

¡Toma castaña!