Así defenderá España que el catalán sea oficial en la UE

BruselasUno de los principales temores de los estados miembros sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea es que establezca precedente y anime a otras comunidades de lenguas europeas que tampoco tienen ese reconocimiento a pedirlo. Por eso, antes del encuentro del Consejo de la Unión Europea de este miércoles en el que se discutirá sobre esta cuestión, España ha propuesto al resto de Estados miembros fijar diferentes condiciones para acceder a la oficialidad y que sólo cumplen estas tres lenguas, tal y como ha avanzado el ACN y ha confirmado el ARA, para frenar sus miedos.

Concretamente, la nueva propuesta del gobierno español, plantea seis requisitos para conseguir el sello de oficialidad en la UE: que sea una lengua "originaria" de un estado miembro, que cuente con un "reconocimiento constitucional", que sean "lenguas de trabajo en el Parlamento Nacional", que "se hayan utilizado durante más de diez años en las instituciones de la UE", que el Consejo tenga "una copia certificada de las traducciones en estas lenguas de los tratados de la UE", que "el estado miembro haya solicitado el reconocimiento de la lengua oficial y de trabajo" y "s' haya comprometido a asumir todos los costes derivados de su utilización en la UE".

El primer punto, el que hace referencia a que la lengua sea "originaria", sobre todo quiere tranquilizar a los países bálticos, que cuentan con minorías rusófonas. De hecho, Letonia y Lituania son algunos de los países que han mostrado públicamente más reparos en la oficialidad del catalán y han pedido más tiempo para estudiar sus consecuencias políticas que podría comportar dentro de sus fronteras, y más en un momento tan delicado como la actual, en plena guerra de Ucrania.

Respeto a las condiciones de constitucionalidad y de uso en los parlamentos estatalesel catalán, el gallego y el euskera se estrenaron en el Congreso este pasado 20 de septiembre—, esta condición va destinada especialmente a aplacar los miedos a estados como Francia, que cuenta con diferentes lenguas minorizadas dentro de sus fronteras. El corso, el vasco, el bretón, el catalán, el alsaciano o el occitano, no cuentan con la misma protección legal que el catalán en España y la Constitución francesa sólo recoge que "pertenecen al patrimonio de Francia". Además, el Estado francés no garantiza los derechos de sus hablantes y son lenguas que nunca son utilizadas en el ámbito político o administrativo. De hecho, la carta magna deja claro que "la lengua de la República es el francés".

El resto de puntos sencillamente se añaden para tratar de hacer un vestido lo más a medida posible al catalán, gallego y vasco para que quede claro que se trata de un caso único e inutilizable para otras lenguas, al menos a horas de ahora. En este sentido, con respecto al último requisito, cabe recordar que España ya propuso asumir los gastos de traducción e interpretación que comporten la oficialidad de estas tres lenguas.

Nada nuevo sobre cuestiones legales y presupuestarias

Pese a estas condiciones, diplomáticos de diferentes estados miembros contactados por el ARA critican que la propuesta no contiene "información nueva" ni resuelve las dudas que tienen respecto a las consecuencias económicas y legales que podría acarrear esta iniciativa. De hecho, hace tiempo que las distintas capitales se quejan de que España no les facilita la información que piden.

Además, en el último consejo, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se limitó a anunciar que contagiaría un informe técnico a la Comisión Europea para evaluar el impacto económico y logístico de la oficialidad de estas tres lenguas, un movimiento muy típico en Bruselas para simular que se está intentando avanzar en la iniciativa y, a la vez, sacar la pelota adelante. De momento, sin embargo, la evaluación de Bruselas aún no ha salido a la luz y, según prevén fuentes diplomáticas, puede que su publicación se haga esperar meses.

En este sentido, en el Consejo de Asuntos Generales que se celebra este miércoles no está previsto ninguna votación sobre la oficialidad del catalán en la UE y nada hace pensar que a corto ni a medio plazo se deba decidir nada. Así pues, el gobierno español está muy lejos de conseguir que el catalán obtenga el máximo reconocimiento al global de las instituciones europeas y, tal y como ha ocurrido en el Parlamento Europeo, corre el peligro de que la petición quede estancada en un punto muerto sin fracasar del pero tampoco sin avanzar. De esta forma, la oficialidad del catalán en la UE, que era uno de los requisitos que Junts puso a Pedro Sánchez para apoyarle, de momento está en trámite, pero los junteros votarán sí al líder del PSOE este miércoles.