Qué lejos queda el Pacto del Majestic con el que, en 1996, José María Aznar consiguió el apoyo de Jordi Pujol para ser investido presidente. Fue la última vez que la derecha española buscaba un acuerdo con el nacionalismo catalán y le hacía cesiones relevantes (mejora de financiación, policía de tráfico, supresión del servicio militar). Luego, con mayoría absoluta, Aznar recuperó su españolismo sin filtros. Desde entonces, durante todo el siglo XXI, el PP ha mantenido respecto a Catalunya una posición dura, refractaria a todo tipo de diálogo, primero con el propio Aznar y después con Rajoy, Casado y Feijóo; una política que empezó con el rechazo frontal y la movilización callejera contra la reforma del Estatut. Con la competencia españolista primero de Ciudadanos y actualmente de Vox, y con el Procés como respuesta de buena parte de la sociedad catalana al recorte del nuevo Estatut, el PP ha ido extremando sus postulados y cerrando cualquier puerta a un encaje distinto de Cataluña dentro del Estado.
La oposición absoluta de los populares a la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts como condición para la investidura de Pedro Sánchez se inscribe en esta política de involución nacionalista, con una interpretación de la Constitución mucho más restrictiva que la que regía en el momento de su aprobación. Es como si el PP hubiera retrocedido hacia los postulados del partido que le precedió, la Alianza Popular del exministro franquista Manuel Fraga. Los populares cuentan, además, con una amplia implantación ideológica en los aparatos del Estado, especialmente en la alta judicatura, como se ha visto en los últimos años con la represión del Proceso. Y disponen también de potentes altavoces mediáticos, siempre dispuestos a comprometer la convivencia. A remolque de todo ello, el franquismo sociológico vuelve a asomar sin vergüenza, como se ha visto estos días en las manifestaciones ante la sede del PSOE en Madrid.
Las manifestaciones de este domingo son una demostración más de esta deriva del PP, de ese retorno al anticatalanismo como recurso recurrente y cohesionador de un concepto unitario de España, alérgico a su pluralidad. Si durante el Procés Rajoy fue incapaz de buscar ningún tipo de entendimiento, lo que contribuyó al salto adelante independentista, ahora el PP va de nuevo hacia un choque doble, contra la amnistía a los represaliados del Procés y sobre todo contra la reedición de un gobierno de coalición de Sánchez con los apoyos de la España diversa, incluidos los votos de Puigdemont, bestia negra de la derecha y la ultraderecha. Con un discurso de carácter trumpista que pone en crisis el sistema democrático, el PP tacha a la mayoría que apoya a Sánchez de "ilegítima" y afirma que España va por el "camino de una dictadura", según la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, palabras pronunciadas entre gritos de los manifestantes de "Pedro Sánchez a prisión!"
La derecha española está dispuesta a todo. Las semanas y meses venideros serán claves para ver qué capacidad de cohesión y resistencia tiene el gobierno que forme Sánchez y la mayoría que le apoya. Y para ver si, en medio de esa movilización de la derecha y la ultraderecha, se avanza en los acuerdos firmados con ERC y Junts.
