Todos los esfuerzos son necesarios para combatir la sequía
Las previsiones de lluvia no son buenas y desde la Generalitat no se espera que haya episodios significativos de aguaceros en los próximos dos meses. Esto significa que en diciembre, o como mucho en enero, se entrará en emergencia en toda el área de Barcelona, la más poblada, y aunque el consumo doméstico no es ni exagerado ni tampoco derrochador, tocará hacer más esfuerzos por no dilapidar un agua que cada vez vamos a pagar más cara.
Lo explica el consejero de Acción climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, en una entrevista en la que también comenta las posibilidades de que se reciba agua desde otros lugares donde tienen. La opción es traerla en barcos desde Mallorca, Marsella o Tarragona, la opción más sencilla. Por proximidad y porque precisamente la cuenca hidrográfica del Ebro está en mejores condiciones que las cuencas internas. Lo describe de forma clara: en el pantano de Mequinenza han entrado unos 180 hectómetros, pero, en cambio, en el resto del país sólo hay 120. Es una opción de futuro que naturalmente deberá combinarse con otras medidas, muchas de las cuales llevan meses en marcha.
La desaladora de El Prat ya hace tiempo que funciona al 100% y se está trabajando para ampliar la de la Tordera. Ha sido este trabajo previo, precisamente, el que ha permitido aguantar hasta ahora, pero si la situación no cambia habrá que tomar otras medidas que afectarán directamente a la vida cotidiana de la gente. La más clara será bajar la presión del agua del grifo allá donde se pueda, pero también cerrar las duchas de los gimnasios en algunos casos y, por supuesto, prohibir llenar las piscinas privadas.
La agricultura ya ha hecho mucho esfuerzo, y aunque quizás tendrá que hacer más, ya no puede soportar mucha más presión. Habrá que actuar también en el entorno urbano, y aquí entramos en un terreno complicado, porque el gran uso del agua que se hace en el sector turístico será más difícil de controlar. Sin embargo, habrá que intervenir porque no tendría sentido que todo el mundo tuviera restricciones menos los visitantes que, sin conciencia de la gravedad, hacen generalmente un uso generoso y poco ahorrador del agua en las habitaciones.
Y, por eso, el papel de los ayuntamientos será clave. En dos líneas. La primera, para detectar y remediar los muchos escapes que hay por falta de un buen mantenimiento de las instalaciones. Con esto es necesario ser rigurosos y rápidos. No puede permitirse que en una situación como esta todavía existan municipios que no se hayan puesto las pilas en este sentido. La otra implica aprobar la reglamentación que permita perseguir y multar de forma contundente a los particulares o empresas que no cumplen con las normas pactadas entre todos.
La situación es grave, y aún puede serlo más. Los ayuntamientos han tenido tiempo para prepararse y deben considerar que la gestión del agua es una de las grandes prioridades de futuro. No hay excusas, y aquí todo el mundo, ciudadanos pero sobre todo empresas y administraciones, deben realizar una gestión responsable que asegure el futuro.