Laboral

España, a un paso de activar la vía penal contra Glovo por los falsos autónomos

El secretario de Estado de Trabajo asegura que se ha enviado un ultimátum, pero la plataforma niega haberlo recibido

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Un repartidor de Glovo, en Barcelona.

BarcelonaEl próximo sábado se cumplirán dos años desde que la ley rider entró en vigor en España para controlar finalmente el uso de falsos autónomos por parte de las plataformas de reparto a domicilio. Pero lo cierto es que en este tiempo no han desaparecido de las calles del Estado los mensajeros que todavía no están contratados en plantilla por estas empresas. La catalana Glovo optó por reformular su modelo laboral, con un nuevo sistema que, según aseguran, sí cumple con la legislación vigente. UberEats decidió recurrir a las ETT, pero ante los incumplimientos de la compañía fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud, su competidora regresó a los autónomos en septiembre del pasado año. El desafío de estas empresas a la ley rider a pesar de las repetidas advertencias de la Inspección de Trabajo puede tener las horas contadas.

En una entrevista en el diario El País, el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que el ejecutivo español ha puesto en marcha la vía penal, es decir, la ventana para castigar a los responsables de las aplicaciones incumplidoras con penas de prisión de entre seis meses y seis años que se abrió con la última reforma del Código Penal. "Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema de sanciones económicas, sino un problema de sanciones penales", avisa el alto cargo del ministerio que lidera Yolanda Díaz . Fuentes de este ministerio admiten al ARA que estos requerimientos son "la antesala" de la aplicación del nuevo Código Penal y que el siguiente paso será llamar a la puerta de la Fiscalía.

Un portavoz de Glovo asegura que no han recibido ninguna comunicación en la que se haga referencia al aviso de Pérez Rey sobre las consecuencias penales de su incumplimiento de la legislación laboral. "A través de comunicaciones por correo electrónico y poniendo también a disposición teléfonos móviles de la dirección de la compañía, Glovo quiso mantener siempre una vía de diálogo con el ministerio de Trabajo", aseguran desde la plataforma con sede en Barcelona. En este sentido, la empresa añade que confía en la legalidad del nuevo modelo que lanzó en agosto del 2021 en España, "que lleva vigente desde ese momento y ha operado con total normalidad durante estos casi dos años". Uber no ha respondido al ARA la pregunta de si han recibido esta comunicación.

En la entrevista, el secretario de estado de Trabajo recuerda que "hay un tipo penal específico para estas conductas recalcitrantes de incumplimiento de los requerimientos de la Inspección" e insiste en que la modificación del Código Penal aprobada el pasado año en el Congreso tiene como objetivo, precisamente, evitar "esos comportamientos inadmisibles". Pérez Rey asegura que las notificaciones se han hecho llegar a las empresas "estas últimas semanas" y que el ministerio está a la espera de una respuesta: "Si no hay una modificación de su comportamiento, naturalmente avisaremos a la Fiscalía y a la autoridad penal competente para que investigue por qué estas empresas no cumplen la ley".

Sanciones a los restaurantes

Por otra parte, el ministerio también sigue estudiando otras vías para limitar las malas praxis laborales en el sector del reparto. Por ejemplo, "imputar o derivar responsabilidades" a los restaurantes que utilizan los servicios que incurren en el "incumplimiento legal". Hasta ahora no ha habido sanción alguna hacia los restauradores que utilizan estas plataformas. Glovo acumula más de 205 millones de euros en multas de la Inspección de Trabajo por la contratación de falsos autónomos, algunos de los cuales son inmigrantes sin documentación que para trabajar en España alquilan la cuenta a otros mensajeros para conseguir ingresos.

En junio, los ministros de Trabajo de la Unión Europea acordaron los criterios de la ley rider comunitaria, que pretende establecer qué trabajadores de plataforma son en realidad falsos autónomos. Yolanda Díaz se abstuvo y consideró que la normativa era "poco ambiciosa", pero el Estado confía en que esta nueva regulación suponga un paso adelante. "Para nosotros la economía de plataformas es decisiva. Estamos convencidos de que hay enormísimas oportunidades de trabajo, pero deben ser decentes y no con condiciones decimonónicas. Estamos trabajando con Europa para que la próxima directiva de plataformas dé también suficiente fortaleza para que el desarrollo tecnológico no pierda de vista que solo puede hacerse con derechos laborales", concluye Pérez Rey.

El secretario de Trabajo británico insta a las personas de más de 50 años a hacer de 'riders'

El secretario de estado de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Mel Stride, instó a las personas de más de 50 años que estén buscando trabajo a considerar la posibilidad de trabajar como repartidores para plataformas de entrega a domicilio. El alto cargo del gobierno británico realizó estas declaraciones durante una visita a la sede londinense de Deliveroo, una de las compañías locales que se dedican a este negocio. "Hay grandes oportunidades para la gente ahí fuera, y por supuesto está bien que consideren opciones en las que quizás no habían pensado", afirmó en una entrevista con el diario 'The Times'.

Stride destacó como algo positivo que las plataformas permitan a los empleados conectarse y desconectarse cuando quieran y que no requieren efectuar una jornada laboral fija. "Desde el punto de vista de la empresa en un mercado de trabajo tensado, es absolutamente esencial si quieres acceder a todo el talento disponible que hagas una oferta lo más flexible posible", añadió. La federación de sindicatos TUC ya ha reprobado las declaraciones del secretario de estado de Trabajo y Pensiones y le ha acusado de "glorificar" el capitalismo de plataformas en lugar de solucionar los problemas reales de los trabajadores de más de 50 años para acceder a un trabajo digno.

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