El colapso judicial puede salvar de la cárcel a los acusados de estafar la sanidad pública con recetas falsas

BarcelonaLa estafa de 226.239 euros en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) con recetas falsas para conseguir tratamientos de fertilidad gratuitos y después venderlos en internet estuvo a punto de no juzgarse. Unos minutos antes de que el juicio empezara ayer miércoles, defensas y acusaciones negociaban en los pasillos de la Audiencia de Barcelona un acuerdo para que los cinco acusados ​​admitieran el fraude a cambio de una condena menor. Pero una de las implicadas prefirió luchar una absolución, una decisión que ha derivado en dos días de juicio llenos de confesiones a medias, pero también de algunas acusaciones cruzadas entre los procesados.

Casi todos dicen que, en realidad, son víctimas del engaño y que participaron sin ser conscientes de ello. Pese a que al inicio del juicio se enfrentaban a peticiones de condenas altas, de hasta diecisiete años, lo más probable es que ninguno de ellos acabe en prisión. Ni siquiera el principal acusado, que sí reconoció con claridad que robó recetas en papel del CAP donde trabajaba y las falsificó con los sellos de los médicos que se guardaban en la consulta ya nombre de pacientes del centro. Ahora bien, si resultan condenados, los acusados ​​sí tendrán que devolver el dinero de la estafa.

"Estoy muy arrepentido. Nunca he cometido un delito y éste será el último, lo aseguro", ha dicho Jorge A. cuando ha utilizado el derecho al último turno de palabra en el juicio, que ha quedado visto por a sentencia este jueves. En ese momento, el principal acusado del engaño ya sabía que no le caerían diecisiete años de cárcel, como pedía la Fiscalía al inicio del juicio. La acusación pública ha rebajado la petición a cuatro años y tres meses de cárcel por los delitos de robo (de los talonarios de recetas), descubrimiento de secretos (de datos personales de los pacientes), falsedad documental y contra la salud pública (para vender medicamentos fuera de su circuito legal). Todo, porque ha aplicado el atenuante de dilaciones indebidas dado que la investigación estuvo paralizada durante meses.

Esta petición del fiscal, que ha suscrito la abogada que ejerce la acusación en nombre del ICS, también pide al tribunal que si condena al acusado no le haga entrar en prisión. Dado que cada uno de los delitos que se le atribuyen no comporta una pena superior a dos años, en estos casos la ley prevé la posibilidad de una suspensión extraordinaria de la pena de prisión.

Esta rebaja en la petición de condenas y la propuesta de anular una eventual entrada en prisión se ha reproducido también en todos los demás acusados. Inmaculada C., una vecina de Sevilla que vendía en plataformas como Wallapop los medicamentos que Jorge A. le enviaba, también ha pedido perdón ante la posibilidad de una condena de tres años y cuatro meses de cárcel (a diferencia de los once y medio que reclamaba la Fiscalía antes del juicio). "Nunca supe que las recetas eran falsas, lo juro por lo más sagrado del mundo, nunca lo supe", ha dicho la mujer, que también ha insistido en que empezó a comprar medicamentos por internet porque ya se había gastado miles de euros en tratamientos de fertilidad infructíferos y no podía pagar más.

"Lo hice por necesidad y ha salido todo mal"

"Lo hice por necesidad, y al final ha salido todo mal, porque no he podido ser madre. Pues Dios me va a dar un sobrino", ha dicho justo después de comprometerse a devolver los 60.000 euros que ganó con la reventa de tratamientos de fertilidad. También insistió en que su madre, Concepción T., también acusada por presuntamente ayudarla a entregar y cobrar algún medicamento, "no obtuvo ni un céntimo" con estas ventas. "Solo hay que verla y escucharla para saber que está ahí a causa de un error", ha añadido el abogado de Concepción T.

Una parte de las mujeres que compraron tratamientos en Inmaculada C. lo van hacer por recomendación de la directora de una clínica de fertilidad de Palma. Belén L., también acusada, ha pedido llorando al tribunal que no admita la petición de la Fiscalía de inhabilitarla durante año y medio para trabajar en el ámbito sanitario. Según ella, recomendó a algunas pacientes que contactaran con Inmaculada C. para conseguir tratamientos más baratos al ver que algunas mujeres no podían hacer frente al coste de estos medicamentos, especialmente cuando debían repetir el proceso si no lograban quedarse embarazadas. "Ayudé a esas personas, no me he llevado un euro. Era mi primer año como empresaria y di un teléfono sin saber quién estaba detrás. No puedo creer que me puedan inhabilitar, tengo una familia para mantener" , ha pedido al tribunal ante la petición de condena por un delito contra la salud pública, que también puede acarrearle una pena de dieciocho meses de cárcel.

158 recetas a nombre de un solo paciente

La quinta acusada, Susanna C., ha declinado por consejo de su abogado utilizar el derecho al último turno de palabra. Se trata de la farmacéutica, ahora jubilada, que dispensó a Jorge A. hasta 722 cajas de tratamientos de fertilidad a partir de 564 recetas falsificadas. Eran a nombre de una quincena de pacientes, pero algunos se repitieron hasta niveles muy alejados de lo habitual. En poco más de un año, Susanna C. entregó a Jorge A. medicamentos con 134 recetas a nombre de una sola persona, y 158 a nombre de otra. Todas de papel y de color rojo, lo que corresponde a los pensionistas, para los que, por tanto, el medicamento está subvencionado al 100%.

"No se le puede exigir que detecte las recetas falsas. Ella es engañada", ha insistido su abogado. En cambio, las acusaciones creen que debería haber encontrado evidente el engaño, o al menos sospechar de que un solo hombre retirara cientos de medicamentos a nombre de distintas personas. En su caso, el fiscal reclama una condena de dos meses de cárcel por un delito imprudente contra la salud pública, mientras que el ICS también le acusa de estafa y eleva la petición de condena a varios años de cárcel.