Estafados y sin casa: piden 20 años de prisión a una trama de abogados y notarios por haber engañado a 128 familias

BarcelonaEntre el 2009 y el 2015 una trama de abogados y notarios se enriqueció a costa de estafar a 128 familias, que ya arrastraban deudas económicas y que acabaron viendo cómo se quedaban sin casa por culpa de una estafa. Según la Fiscalía, buscaban personas con bajos conocimientos financieros y de derecho para ofrecerles un préstamo personal. La contrapartida era que tenían que poner su vivienda como garantía. Pero en realidad lo que buscaba la organización era apropiarse "definitivamente" de la casa, pagando una cantidad ridícula (entre 5.000 y 15.000 euros) o incluso sin darles ni un céntimo a cambio. Y en el caso de 128 familias les funcionó: la trama se quedó con su vivienda y ellos no vieron ni un euro.

La Fiscalía pide hasta 20 años de prisión para los miembros de la trama, en un caso en el que el Colegio de Abogados de Barcelona y el de Notarios también son acusación. Las dos instituciones piden una pena similar –y en algunos casos ligeramente superior– a los procesados. Uno de los acusados es un notario que ya fue suspendido de funciones hace tiempo a raíz del caso y el otro es Artur Segarra, el abogado que cumple condena en Tailandia por haber asesinado y descuartizado a un empresario de Lleida en 2016. Segarra había huido a este país para escabullirse precisamente por la investigación de esta trama, que se considera una de las mayores estafas inmobiliarias de la historia del Estado.

La "clave" del fraude

Según la Fiscalía los acusados formaban un "grupo estable" que tenía un único objetivo: engañar a las familias, la mayoría matrimonios de edad avanzada, ofreciéndoles un préstamo personal cuando en realidad lo que les endosaban era un contrato de compraventa de su vivienda. De hecho, muchos de los afectados fueron finalmente desahuciados de la casa donde habían vivido buena parte de su vida. La clave de la estafa es que se pacta con los clientes que el dinero del supuesto préstamo no lo recibirán inmediatamente, sino en diferido y sin ninguna garantía en cuanto a la casa.

Para que la estafa funcionara era imprescindible el papel de los notarios implicados en la trama, que eran las personas que daban fe de la compraventa de las viviendas como si se tratara de una operación legal, cuando en realidad escondía un préstamo fantasma que las víctimas no llegaron a percibir nunca. La Fiscalía los acusa de infringir "masivamente" los códigos y las normas que rigen su actuación.

Además del delito de estafa, la Fiscalía acusa a los procesados de organización criminal, de blanqueo y de falsedad documental. Aparte de imponerles la pena de prisión, pide que el tribunal que juzgue a los acusados los inhabilite para ejercer de abogados o de notarios y también para hacer negocios inmobiliarios.