Misc 13/12/2021

La familia de Canet que quiere más castellano acusa a Educación de "atizar" sentimientos de odio

Borràs propone a Cambray que asuma la dirección de la escuela y le reprocha que diga que no se puede hacer nada

ARA
4 min
Una madre acompaña sus hijos en la escuela Cerro del Dragón de Canet de Mar.

BarcelonaLa familia del alumno de P5 del centro de Canet de Mar que reclamó más castellano para su hijo ha acusado al departamento de Educación de "atizar" sentimientos de odio entre la población. En una carta escrita mezclando el catalán y el castellano y difundida por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, la entidad que asesora a las familias que quieren más castellano para sus hijos, los padres de Canet dicen que no quieren convertirse en un elemento mediático y que lo único que han hecho es pedir el cumplimiento de la ley y defender sus derechos. La familia acusa al Govern de mentir cuando asegura que el modelo actual de inmersión lingüística es el legal y considera que, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, el 25% del castellano se tendría que aplicar en todas las aulas. "Que no os engañen", afirman. Lamentan haber sufrido intimidación y amenazas, agradecen la solidaridad, pero reclaman serenidad y no apoyan a ninguna movilización.

La familia asegura que el calendario les ha ido en contra porque la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de su caso ha llegado después de la decisión del Supremo. Explica que Educación recibió la notificación de la interlocutoria de su caso concreto en octubre y "no la recorrió". Por eso, se pregunta por qué ahora ha ido a la escuela a protestar por la decisión judicial y no lo ha hecho en otros casos similares. "¿Quiere calentar el ambiente antes de las protestas?", cuestiona, y le reprocha que están sufriendo.

La misiva continúa explicando que quieren recuperar el buen ambiente, agradecen la tarea de la tutora y el apoyo de otras familias de la escuela, a pesar de que les piden que no les muestren este apoyo solo en privado sino también en público . "Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces", relata la familia. A esta gente les responden que no están en contra del catalán, sino que lo estiman y que disfrutan de la "riqueza" que comporta, pero afirman que son bilingües y que también estiman el castellano.

Para acabar, aseguran haber llegado a la conclusión de que se tiene que dejar de "tragar y tragar" y se tiene que ser valiente por lo que uno piensa, levantarse y reclamar democráticamente los derechos. "Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad", dicen. La familia cierra la carta con la frase de Bob Marley "Stand up for your rights", que significa "Levántate por tus derechos".

Borràs reivindica las "plenas competencias" en enseñanza

En paralelo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha propuesto al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que asuma la dirección de esta escuela de Canet. "No puede ser que digamos que no podemos hacer nada. Tenemos plenas competencias en enseñanza. Y no se puede dejar la responsabilidad solo a los profesionales", ha defendido Borràs en una entrevista a RTVE. En este sentido, ha recordado que Clara Ponsatí, como consellera de Educación, asumió el control de todos los centros educativos durante unos días para que las escuelas pudieran ser colegios electorales el 1-O y eximir así de responsabilidad a los directores.

Borràs ha considerado que la Generalitat "debe tener capacidad" de actuar y ha reprochado a Cambray que dijera que no se puede hacer nada ante la decisión del TSJC sobre la escuela de Canet. Según la presidenta del Parlament, cabe hacer algo y hace falta que se encuentren "las herramientas al alcance". "Es imposible que no se pueda hacer nada. Por ejemplo, asumir las competencias de la dirección del centro para descargar la presión sobre los profesionales", ha sugerido. Borràs también ha asegurado que es "evidente" que no habrá leyes españolas que blinden la lengua catalana y ha apostado por hacer leyes catalanas que la protejan.

El cantautor y exdiputado Lluís Llach planteó en una entrevista al ARA lo mismo : "¿Es posible que un conseller de Educación diga que no podemos hacer nada? Que la Generalitat asuma la responsabilidad de la directora del centro. Y si comporta dimisiones o inhabilitaciones, pues sí. Pero, por favor, ¿dónde estamos? ¿La Generalitat hace su día a día autonomista y cedemos la lucha a la ciudadanía o a la ANC o a Òmnium?", dijo a Antoni Bassas.

Una cosa parecida han reclamado también el expresident de la Generalitat Quim Torra, el exlíder de ERC Josep-Lluís Carod-Rovira y el exdiputado de la CUP Antonio Baños, entre otros, en un artículo conjunto publicado en VilaWeb y El Punt Avui, en el que piden una "estrategia institucional clara y asumida con todas las consecuencias de no acatar resoluciones contrarias a la inmersión en el ámbito escolar" y defienden que es "urgente e imprescindible" que desde el departamento de Educación se ofrezca "apoyo legal" a los centros afectados y a sus comunidades educativas. En una referencia velada al departamento de Educación, reprochan que se ha pasado muy rápido de decir que "el catalán no se toca" a decir que "no podemos hacer nada ante una decisión judicial".

El debate llega al Parlament

Todo ello se debatirá esta semana en el Parlament a través de dos mociones que han registrado la CUP y el PP. Los cupaires han presentado una iniciativa en la que piden al Govern que el departamento de Educación "asuma la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción" y garantice la seguridad jurídica del profesorado para asegurar que el catalán "sea, efectivamente, la lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya en todos los ciclos y etapas educativas, así como en las actividades extraescolares" en todos los centros educativos.

En cambio, el texto del PP reclama una "proporción suficiente" entre catalán y castellano en las aulas y propone una moción para fijar a partir del próximo curso un 25% de horas lectivas en lengua castellana "como mínimo", con el objetivo de "garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos".

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