La Fiscalía, escenario del choque por la amnistía dentro del Estado
La entrada en vigor de la amnistía, presumiblemente la próxima semana cuando se publique en el BOE, abrirá una batalla jurídica y política sin precedentes en la historia española reciente. Habrá conflicto entre poderes del Estado y dentro del poder judicial. Y después habrá una batalla interna que se prevé cruenta en la Fiscalía, un organismo que está a caballo entre el poder judicial y el ejecutivo pero que forma parte de las estructuras profundas del Estado, y donde hay fiscales preparados para hacer frente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno español. Esta guerra en particular servirá para calibrar cuál es el grado de oposición del Estado profundo contra la amnistía.
Recordemos que la Fiscalía es un organismo jerárquico, donde rige el principio de la "unidad de acción" y donde la última palabra la tiene el fiscal general del Estado. Sin embargo, dentro de la Fiscalía son mayoría, al igual que en la judicatura, los altos funcionarios de tendencia conservadora. La élite de la Fiscalía, y los líderes de la revuelta contra García Ortiz, son los conocidos en algunos círculos de la judicatura como "cuatro jinetes del apocalipsis", que son los cuatro fiscales de la causa del Proceso en el Tribunal Supremo : Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Javier Moreno. Estos fiscales no esperaron ni 24 horas desde la aprobación de la amnistía para trasladar a García Ortiz un escrito en el que se posicionaban en contra de considerar la malversación como un delito amnistiable y, por tanto, también en contra de levantar las medidas cautelares y el orden de detención contra Carles Puigdemont. Pero lo más grave no era eso. El escrito estaba lleno de apreciaciones de carácter político. Por ejemplo, criticaban que el PSOE no hubiera llevado la amnistía a su programa electoral (lo que sí hicieron Sumar, ERC y Junts) y consideraban que su aprobación "obedece esencialmente a razones de oportunismo político". ¿Quiénes son los fiscales para decidir sobre el contenido de un pacto político y una ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso? En lugar de limitarse a argumentos jurídicos, ellos mismos se ponen en evidencia y demuestran que se mueven, ellos sí, por intereses políticos.
El caso es que García Ortiz se encontrará una fuerte resistencia a acatar su autoridad por parte de estos fiscales, por lo que nos encontraremos con una paradoja: personas que dicen defender la ley pero que en realidad están dispuestas a saltársela para luchar contra quienes consideran enemigos de España. El resultado de este pulso será un laboratorio de lo que ocurrirá después en el ámbito de la justicia y, más en general, en la política. Por eso, Pedro Sánchez no puede permitir que los cuatro fiscales del Proceso humillan a García Ortiz y se le insubordinen. Y si lo hacen, debería tomar medidas ejemplares y ejemplarizantes contra ellos. En cambio, una derrota del fiscal general del Estado querría decir que, una vez más, el Estado profundo le dobla el brazo al ejecutivo y legislativo. Y ésta sería, en última instancia, una derrota de la democracia.