Garzón y la autarquía judicial española
BarcelonaLa justicia española ha vuelto a ser desautorizada por organismos internacionales, y esta vez la causa no ha sido el Procés sino su actuación con uno de sus jueces más conocidos, Baltasar Garzón. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mismo que pidió la liberación de los presos políticos catalanes, ha dictaminado que la condena al juez Baltasar Garzón por prevaricación fue "arbitraria". En una resolución dictada el 13 de julio y comunicada este miércoles, el organismo obliga a España a borrar los antecedentes penales del magistrado y a compensarlo adecuadamente por el daño sufrido. Así, este grupo de la ONU sostiene que Garzón no tendría que haber sido condenado ni inhabilitado por haber intervenido las comunicaciones de presos y abogados del caso Gürtel.
Recordemos que Garzón fue condenado e inhabilitado por esta razón en 2012, cosa que hizo que abandonara la delicada investigación del caso Gürtel. En paralelo, también se lo intentó condenar por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, pero finalmente fue absuelto. El dictamen de las Naciones Unidas es demoledor y enumera todas las irregularidades de su proceso judicial. Lo más flagrante es que uno de los jueces que lo condenó, Luciano Varela (que después fue juez del tribunal del Procés), asesoraba a los abogados que presentaban escritos contra Garzón, cosa que, según el Comité, demuestra que se vulneró el derecho de Garzón a ser juzgado por un tribunal imparcial. ¿Les suena?
La operación para descabalgar al juez Garzón cuando estaba investigando Gürtel y, sobre todo, los crímenes del franquismo fue una operación del ala derecha de la judicatura y de lo que podríamos denominar el deep state para impedir que, desde la justicia, se impugnara el relato de la Transición y se pusiera en cuestión el statu quo. También, de paso, el PP se liberaba de un personaje incómodo, a pesar de que esto no impidió que años más tarde, en mayo de 2018, fuera condenado por corrupción. Aquella sentencia provocó la moción de censura de Pedro Sánchez y significó el fin del gobierno de Mariano Rajoy.
El caso es que la justicia española cada vez acumula más reveses y más desprestigio internacional. Seguramente, su error fue no calcular que quitarse de encima a un juez como Garzón, que se convirtió en una estrella internacional y pionero en la aplicación de la jurisdicción internacional a raíz del caso Pinochet, tendría consecuencias a largo plazo. Esta resolución llega, sin embargo, en un momento en el que ya se ha hecho evidente que la democracia española tiene un problema serio con la justicia, políticamente sesgada y que, en el caso del Procés, ha recogido derrota tras derrota en el ámbito internacional. Recordemos que este jueves mismo la justicia escocesa se ha declarado no competente para extraditar a Clara Ponsatí con el argumento de que la eurodiputada vive ahora en Bruselas.
El gobierno español tendría que tomar nota del posicionamiento de la ONU para que se haga efectivo lo que pide, pero todo apunta a que la judicatura se bunquerizará y seguirá ignorando lo que pasa fuera de las fronteras españolas, en un tipo de autarquía judicial.