Una gestión nefasta que exige dimisiones inmediatas
Cada día que ocurre, la acumulación de evidencias que demuestran que la Generalitat Valenciana fue negligente en la gestión de la crisis provocada por la DANA el 29 de octubre es más escandalosa. El último capítulo se ha producido este mismo jueves, cuando la consejera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del operativo de Protección Civil, ha admitido en declaraciones a À Punt que no supo hasta las 20 h que existía un sistema de alerta a la población a través del móvil llamado ES-Alert. Y que tuvo que ser un técnico el que propuso hacer el aviso –pero cuando ya era demasiado tarde–. El desmentido de la consellera horas después resulta muy poco convincente. Sobre todo porque un audio de la Ser demuestra que miente, ya que desde al menos las 19:15 se estaba hablando en el Cecopio de enviar la alarma.
Este hecho se suma a todo lo que se ha ido sabiendo sobre aquellas horas fatídicas. Las llamadas por la mañana de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, a la consejera para ofrecer ayuda y coordinar la emergencia; que el gabinete de crisis, el Cecopio, no se convocara por parte de la consejera Pradas hasta las 17 h cuando había una alerta roja meteorológica desde las 7 de la mañana; el hecho, totalmente inconcebible, de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, estuviera en una comida desde las 15 hy que hasta las 18.45 h no contestara a la consellera, que reclamó su presencia por estar completamente desbordada; que el presidente no se sumara a la reunión del Cecopio hasta pasadas las 19 h, lo que retrasó la toma de decisiones, y, finalmente, que no se activara la alerta hasta las 20.12 h, cuando ya se tenía constancia de personas desaparecidas.
La mezcla de frivolidad, ineptitud, descoordinación y carencia en general de sentido institucional y de lo que significa gobernar un territorio es tal que hiere, dejando muy poco margen a Mazón para que pueda continuar en el cargo. Es evidente que en la reacción posterior a la tragedia también existe una responsabilidad directa del gobierno español, ya que es inimaginable que una de las principales áreas urbanas del sur de Europa quedara durante días sin suministros básicos, pero una correcta gestión de la situación el fatídico el martes 29 podría al menos haber ahorrado a muchas víctimas mortales, ya que la mayoría se vieron sorprendidas por una riada de la que nadie les avisó, más allá de À Punto y los tuits del 112.
Aquella situación reclamaba una actuación muy decidida y una mayor prevención. El ejemplo lo dio la Universidad de Valencia, que ante la alerta meteorológica decidió, el lunes 28 por la tarde, suspender todas las clases y actividades del martes 29. Si la conselleria de Educación hubiera suspendido a las clases en la provincia de Valencia, la gente hubiera sido más consciente del peligro. O si Mazón, en lugar de estar en una comida con una larga sobremesa, hubiera hecho una comparecencia a media tarde para ordenar un paro general de la actividad. Nada de esto se hizo.
Con todo lo que se sabe, y que los interesados no han desmentido, Mazón y su consellera deberían dimitir de inmediato. Esto es precisamente lo que se reclamará el sábado en una manifestación en Valencia que se prevé masiva y que, al contrario de otras ocasiones, debería tener consecuencias.
