La gota que colma el vaso: Baleares sale a la calle para defender la lengua

PalmaLa concesión del estatus de real por parte de Felipe VI a la autollamada Academia de sa Llengo Baléà, que la Casa Real ha justificado por unos supuestos "informes" que no ha querido concretar, es la última de una larga lista de agresiones contra el catalán en las Islas Baleares que, desde hace un año, practican desde las filas de Vox con la complicidad del PP, que necesita la ultraderecha para gobernar. El pacto que PP y Vox firmaron en junio del 2023 para que Marga Prohens accediera a la presidencia del Govern (sólo en castellano), buscaba acabar con "las normas que supongan una imposición lingüística" porque "en la comunidad existen dos lenguas oficiales" , decía el acuerdo. Ahora el objetivo va más allá.

La Reyal Academi, una entidad acientífica y reaccionaria, incluso niega la unidad del catalán y reclama al Parlament que declare la lengua balear como "lengua minoritaria española". Incluso pretende cambiar el Estatut balear y que se sustituya la denominación del catalán por la de "lenguas baleares". El consejero de Cultura de Menorca, Joan Pons Torres, ha salido anunciando que quiere declarar el menorquín patrimonio cultural inmaterial porque la mayor amenaza para la lengua propia es "el catalán central". De momento el PP defiende que "la lengua propia de las Islas es el catalán" pero también lo deja pasar: "No podemos tapar la boca en Vox, sólo faltaría", decía el vicepresidente, Antoni Costa.

Los ataques a la lengua propia se han sucedido en ámbitos tan primordiales para la sociedad como la educación, la sanidad y la administración en sólo un año de legislatura. Este domingo la Obra Cultural Balear ha organizado una Diada por la Lengua en Palma, que coincidirá con la llama del Correllengua. Tendrá lugar también una manifestación que se prevé multitudinaria en la plaza Mayor, contra las políticas anticatalán del Gobierno que preside Marga Prohens, bajo el lema "Sí a la lengua".

Salud y enseñanza, prioridades

La eliminación del requisito del catalán en la sanidad pública fue una de las primeras medidas que el Govern puso en marcha, el pasado agosto, de forma fulminante. Rebajó la lengua de médicos y enfermeras en la categoría de mérito, pero la extrema derecha quiere eliminarla del todo. En respuesta, nació el colectivo Sanitarios por la Lengua, que a estas alturas suma ya más de 730 profesionales, y se presentó un recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite. La extrema derecha trabaja para que se elimine el catalán por completo, para todas las plazas de funcionarios, pero el gobierno no se ha pronunciado.

Otro de los puntales del pacto de gobierno fue que las familias pudieran elegir la lengua de escolarización de los niños, una medida que no se puede aplicar sin segregar a los alumnos en función de su elección y que ha provocado un choque frontal con buena parte de la comunidad educativa. ¿Qué pasará el próximo curso? La segregación lingüística –con 20 millones de presupuesto para el primer trimestre– será obligatoria en la primera enseñanza (infantil), pero los centros que lo quieran podrán sumarse a un plan piloto que otorgará más recursos económicos a las escuelas que separen a los alumnos en función de la elección de las familias en primaria. Será el curso 2025-26 cuando esta medida llegue a secundaria. La propuesta del conseller de Educación, Antoni Vera, no sólo ha puesto en pie de guerra a los defensores de la escuela en catalán, sino que ha indignado a entidades españolistas como PLIS, porque quieren que merme mucho más el catalán en las aulas.

Invisibilizar el catalán en la administración

El ejecutivo de Marga Prohens prescindió enseguida de la dirección general de Política Lingüística en su organigrama de Gobierno, así como de las referencias a la normalización y promoción del catalán y la defensa de los derechos lingüísticos, que quedan en manos del Instituto de Estudios Baleáricos. También se eliminó la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos porque supuestamente "imponía el catalán" y debía crearse la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, a cargo de Vox y con un presupuesto de 750.000 euros, para "fomentar tanto la protección del castellano como de las modalidades lingüísticas de las islas”. Vox elaboró ​​una proposición de ley a la que incluso el PP se negó a apoyar y que los expertos calificaron de "absurdo jurídico": el texto incluía multas de hasta 100.000 euros.

En localidades como Calvià y Marratxí, el catalán incluso ha dejado de ser la lengua vehicular en los consistorios. Al igual que en el Ayuntamiento de Palma. Una de las primeras medidas de la normativa lingüística municipal fue que el catalán dejara de ser la lengua prioritaria de las respuestas del consistorio con los ciudadanos. También eliminaron el dominio .cat en la web (es Palma.es). Las presiones de la extrema derecha también derribarán el requisito del catalán para los funcionarios municipales. Y la partida de promoción de la lengua ha pasado de 129.000 a 24.000 euros, una merma que ha tocado de lleno el Servicio de Dinamización Lingüística. Los recortes han sido generales: se han recortado un 25% las subvenciones de Jóvenes de Mallorca por la Lengua y la Obra Cultural Balear, aunque Vox, que forma parte del gobierno insular, ha asegurado que su objetivo es dejarlos a cero. El catalán ya ha dejado de ser la única lengua en dos de los galardones literarios más importantes de las Islas: los premios Mallorca y los Ciutat de Palma.