De la inmersión a la amnistía pasando por ETA: así utiliza el PP el Comité de Peticiones de la Eurocámara
La izquierda acusa a Dolors Montserrat de tener una doble vara de medir a la hora de admitir peticiones, según pueden perjudicar o beneficiar a su partido
BruselasEl Comité de Peticiones es el encargado de hacer llegar las reivindicaciones de los ciudadanos comunitarios al Parlamento Europeo. Sin embargo, el problema es que le llegan demasiado y es muy complicado en la práctica que una queja o una iniciativa reciba audiencia en la Eurocámara. Por eso es clave la presidencia del Comité de Peticiones, que está en manos de la popular Dolors Montserrat. Su función es filtrar qué cuestiones se discuten en el Parlamento Europeo y cuáles se descartan.
En este sentido, al cargo que ocupa la eurodiputada catalana se le presupone neutralidad y, por tanto, que lleve a debate los temas que encuentre interesantes tratar, independientemente de qué partido político o gobierno puedan beneficiar o perjudicar. Ahora bien, los socialdemócratas, la izquierda y los verdes han criticado en distintas ocasiones y de forma unitaria que Dolors Montserrat instrumentaliza el Comité de Peticiones a favor de la agenda del PP y de sus intereses. Incluso han hecho llegar tres quejas formales por carta al expresidente de la Eurocámara David Sassoli ya la actual presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El último caso que ha indignado, y mucho, el ala progresista de la cámara comunitaria es la misión de eurodiputados que viajó hasta Catalunya por evaluar la inmersión lingüística, que impulsó la derecha española. Desde el principio, las formaciones de izquierdas criticaron que la UE no tiene competencias en materia de enseñanza, y la Comisión Europea también se pronunció en este sentido, pero la eurodiputada popular defendió que no era motivo suficiente para descartar la evaluación del castellano en las aulas de Cataluña.
En cambio, cuando un ciudadano griego de la minoría turca le hizo una petición similar el mes pasado para pedir una escolarización bilingüe en Grecia, Dolors Montserrat la rechazó por el mismo argumento que ella misma había obviado para la misión al escuela catalana: la UE no tiene competencias en materia de educación. Esta respuesta, a la que tuvo acceso la eurodiputada de ERC Diana Riba, que la publicó en las redes sociales, volvió a levantar polvareda entre los eurodiputados progresistas e independentistas. "Esto demuestra que todos los shows políticos y mediáticos contra el catalán que hemos aguantado estos años en la Eurocámara han formado parte de la instrumentalización que han hecho la derecha y la extrema derecha de este comité", pió la republicana.
Más allá del caso de la inmersión lingüística, a finales de enero Montserrat también aceptó discutir ampliamente sobre la ley de amnistía a petición de viejas glorias del españolismo muy cercanas al PP, Ciutadans y Vox como Rosa Díez o Juan Carlos Girauta. En ese mismo debate, el PP pidió enviar una misión a España para evaluar sobre el terreno la medida de gracia y los acuerdos de Pedro Sánchez con Junts y Esquerra, si bien la petición no prosperó.
De hecho, otra de las quejas recurrentes de los eurodiputados progresistas e independentistas contra Montserrat es la falta de equilibrio territorial de las misiones de eurodiputados que organiza el Comité de Peticiones. Cuatro de las diez visitas realizadas durante la legislatura de la eurodiputada conservadora han sido en España, aunque hay 27 estados miembros.
La doble vara de medir
Una de las visitas que impulsó Montserrat, con la connivencia de su partido, Cs y Vox, fue en el País Vasco para evaluar la situación de las víctimas de ETA y los casos de asesinato de la banda terrorista sin resolver. Otro grupo de eurodiputados también viajó hasta las Islas Baleares, entonces gobernada por la socialista Francina Armengol, a petición de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP.
Este caso era para, supuestamente, investigar los "presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca", aunque la derecha se centró en criticar al gobierno de Armengol. Y es muy similar a otro que presentó el propio PP sobre menores tutelados que han sido víctimas de abusos sexuales en la Comunidad Valenciana. Los eurodiputados de la derecha aprovecharon para hablar casi solo del caso del exmarido de la entonces vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, que fue condenado por abusar sexualmente de una menor tutelada.
También ha demostrado su doble vara de medir cuando desestimó una petición sobre el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero aceptó otra que criticaba la reforma sobre cómo se elige la cúpula de los jueces que quería impulsar al PSOE. Y cuando rechazó discutir sobre las trabas de los exiliados independentistas por ser eurodiputados y aceptó de forma reiterada solicitudes de debates de la ley Celaá, que sacaba peso a asignaturas como religión y restringía la enseñanza concertada.
Y, entre otros muchos casos, cuando admitió una petición contra el despliegue de la zona de bajas emisiones de Barcelona impulsada por el consistorio de Ada Colau y, en cambio, descartó la queja contra el nuevo Madrid Central del alcalde popular José Luis Martínez-Almeida y que la capital española superara el límite de contaminación.