Juzgan el "mayor caso de corrupción a los Mossos" por tráfico de marihuana decomisada

BarcelonaTres mossos de escuadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners (la Selva) se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados ​​de la Audiencia de Girona por el inicio del juicio que, hasta el viernes, debe aclarar si van conjurarse para sustraer marihuana comisada en operaciones policiales y después venderla. Se trata de dos agentes y un cabo, que también era jefe operativo del grupo de investigación de la sección de salud pública. Según la acusación, recibieron la ayuda de una pareja de narcotraficantes de la zona, que también están acusados ​​por la misma causa. En la primera jornada de juicio, las defensas de los mossos han intentado anular la investigación sobre ellos poniendo en duda el protocolo que se siguió cuando otro traficante -que no está acusado en esta causa- les delató.

El origen de la causa se encuentra en la declaración de un traficante que alertó a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra de una presunta trama de corrupción policial en la comisaría de Santa Coloma de Farners. Según las defensas, en esa confesión el traficante explicó que un cabo le cobraba dinero a cambio de no detenerle. Con esta declaración, por tanto, el delator también se inculpó de posibles delitos contra la salud pública y de cohecho. Aquel interrogatorio se le hizo como testigo y, una vez se autoincriminó, los agentes de Asuntos Internos no detuvieron la declaración para ofrecerle la posibilidad de tener un abogado que lo defendiera a partir de ese momento.

Ahora las defensas de los policías se agarran a este punto para intentar que toda la instrucción de la causa quede en papel mojado y, contradictoriamente, esgrimen los derechos de quien les delató por defenderse ellos mismos. Los abogados de las defensas -Carles Monguilod, Benet Salellas y Manel Mir- han sostenido que, desde el momento en que se inculpó, el delator habría tenido que tener estatus de investigado en lugar de testigo y la opción de que le asesorara un abogado. Que no lo tuviera supone, dicen, una vulneración de derechos que "vicía" toda la investigación que derivó de esa declaración.

En concreto, las defensas han pedido que el tribunal anule nueve autos que forman parte de la instrucción y que involucren intervenciones telefónicas y las autorizaciones para poner micrófonos en el coche patrulla que usaban los acusados, así como para hacer las entradas y cacheos donde los detuvieron. Las defensas pidieron al juzgado que valorara esta petición antes de continuar con el juicio, pero esto supondría suspender el juicio hasta una fecha incierta teniendo en cuenta la agenda del tribunal y los magistrados han optado por responder a estos planteamientos de las defensas en la misma sentencia.

"El mayor caso de corrupción en los Mossos"

Para el fiscal Enrique Barata, esa estrategia de las defensas pone en evidencia que lo tienen "muy mal" para sortear una condena. A ojos de la Fiscalía, lo que se juzga esta semana es “el mayor caso de corrupción policial a los Mossos d'Esquadra”, y reclama penas a partir de doce años de cárcel y multas a partir de 80.000 euros para los policías. La más alta, para el cabo, al que acusa de liderar la red, y se enfrenta a una petición de doce años y nueve meses de cárcel y una multa de 84.500 euros. Además, la acusación pública exige que los tres queden inhabilitados para trabajar en el cuerpo de Mossos d'Esquadra durante el tiempo que dure la condena. En la causa hay cinco acusados ​​en total, y para ambos que no son policías el fiscal ha reclamado condenas de cinco años de cárcel y multas de 80.000 euros.

El fiscal cree que el cabo se encargaba de "activar el grupo", decidir cómo y cuándo se llevarían la marihuana, y también la cantidad. Luego le ayudaba el mozo con el que acostumbraba a trabajar en binomio, y un tercer policía presuntamente se encargaba de almacenar temporalmente la marihuana en su casa y "asumía la función de contacto" con el acusado de que no es policía, a quien informaba sobre la siguiente recepción de droga. Éste y su pareja, que también está acusada, estaba a cuento de todo y también colaboraba en la venta de marihuana, según el fiscal.

El episodio que precipitó la detención de los agentes quedó registrado por la cámara de videovigilancia de la comisaría de Santa Coloma de Farners, unas imágenes que forman parte del sumario y muestran el cabo y uno de los agentes llevándose sacos de marihuana decomisada después de un operativo en el que se intervinieron 168 kg.

Sus compañeros les exculpan

Este lunes también declararon en el juicio cuatro testigos, todos agentes compañeros de los acusados ​​en la comisaría de Santa Coloma de Farners, que corroboraron que el cabo era el responsable del grupo de salud pública y, junto con uno de los agentes acusados, dirigía las entradas y registros relacionados con el tráfico de drogas. Además, cuando el sargento no estaba —como ocurrió durante varios períodos a lo largo del 2020— asumía sus funciones.

Todos ellos han coincidido en asegurar que “nunca” vieron nada extraño ni ningún comportamiento que les hiciera sospechar que los acusados ​​podían estar desviando droga. Los cuatro testigos solían estar bajo las órdenes del cabo cuando cortaban plantas en los cultivos descubiertos, las ponían en cajas y las trasladaban a comisaría. Allí eran los responsables de meter la marihuana en bolsas, precintarlas y dejarlas en el camión que hacía las funciones de almacén para la droga requisada.