El Estado no verifica el uso de las armas que vende a pesar de tener las herramientas para hacerlo
Hace año se aprobó un mecanismo para poder inspeccionar dónde acaba el material, pero no se ha desarrollado
MadridEl PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de gobierno de coalición que las carpetas de estado, como Defensa, serían para el partido que lidera Pedro Sánchez. Aquella decisión supuso un freno a las aspiraciones de las entidades que hace años que denuncian el papel de España en la exportación de armas porque, a la práctica, no ha cambiado nada respecto a la etapa del PP. Sobre papel, sin embargo, el abril de 2020 se produjo un hecho relevante: el gobierno español aprobó un decreto, el 494/2020, que planteaba un mecanismo que lo habilitaba para comprobar sobre el terreno que las armas y el material de doble uso que exporta se usan para lo que se ha acordado. Un paso importante, coinciden la mayoría de actores consultados, pero que tiene ángulos oscuros. El primero de todos: que no se ha usado.
“Hoy ya se pone en algunos contratos que España se reserva el derecho de hacer un control posterior, pero todavía no se ha hecho ninguno”, asegura Roberto Uriarte, portavoz de Unidas Podemos en la comisión de defensa del Congreso. Lo corrobora Alberto Estévez, miembro de Amnistía Internacional y uno de los portavoces de la campaña Armas Bajo Control. En diciembre de 2020 las asociaciones que forman de esta parte tuvieron una reunión con la secretaría de estado de Comercio en que pidieron parar la exportación de armas a Arabia Saudita y, si no, que se implementara este certificado de uso final ex post. “De momento no lo hemos puesto en marcha”, fue la respuesta del gobierno, según explica Estévez en conversación con el ARA.
“Que no sea papel mojado”
La secretaría de estado de Comercio asegura a preguntas del ARA que ya ha empezado a exigir el certificado en “determinadas solicitudes a destinos de especial sensibilidad”, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero no Ghana. Como las autorizaciones de licencias son secretas y no se conocen hasta el informe anual, habrá que esperar para saber los adelantos de la herramienta. En la comparecencia en comisión en el Congreso, su responsable, Xiana Margarida Méndez, afirmó que intentaría que fuera “real, no solo papel mojado, no un instrumento bonito y teórico”.
El instrumento ya existe en los Estados Unidos, Suiza, Alemania y también se está planteando en Suecia, tal como apuntó Méndez, que hizo una explicación genérica de su funcionamiento el 29 de junio del año pasado. Se aplica con la aceptación por parte del cliente de un certificado de uso final que contiene una doble cláusula: la primera implica una declaración por parte del país importador que no utilizará el material fuera de su territorio. La segunda, y esta es la novedad, supone que el país receptor “se compromete a permitir a las autoridades españolas una verificación, una inspección, en el momento que la autoridad exportadora lo solicite”. El decreto aprobado incluye una plantilla de este certificado, pero la queja de algunos partidos políticos y entidades es que no se ha desarrollado la manera cómo se materializa la inspección.
Méndez, de hecho, invitó a los grupos parlamentarios a hacer propuestas al respeto. Un año después, sin embargo, no ha ido más allá. Uriarte considera que lo más apropiado sería que la hicieran autoridades independientes: personas del mundo académico y ONGs. “Si la hiciera la embajada o las mismas empresas, no generaría la misma confianza”, destaca. “¿Cómo se aplica?”, se pregunta Estévez, tan escéptico como el miembro del Centro Delàs Jordi Calvo, que más que una voluntad de controlar la exportación de armas ve en este instrumento una manera de pasar la responsabilidad al país comprador de cara a eventuales procesos penales si el uso final ha acabado siendo en conflictos armados o contra la población civil. “Tiene otra vertiente, que es dar seguridad jurídica a las empresas que venden armas”, añade, en relación a una parte de todo este sector que los portavoces de las entidades reconocen que, como ellos, también hacen su tarea de grupo de presión.
A pesar de que el gobierno no ha querido entrar a valorar esta hipótesis de quitarse responsabilidades, Méndez quiso dejar claro en su comparecencia que no hay “ningún elemento que tenga más peso que la protección de los derechos humanos” en materia de comercio de armas. “Ni el interés económico ni el de preservar lugares de trabajo”, especificó. Aun así, dentro del gobierno ha habido tensiones en los últimos meses como consecuencia de las armas españolas que se habrían utilizado en Yemen. La reciente nombrada ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tuvo una enganchada con la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque denunció que España no se puede considerar una “democracia llena” si lo que denuncian las asociaciones antimilitaristas está sucediendo.
La parte socialista del gobierno, sin embargo, niega la mayor. Méndez afirmó el 29 de junio de 2020 que no le constaba que ningún material autorizado por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (Jimddu) acabara en Yemen, de forma que sigue legitimando la venta de material a Arabia Saudita. “Los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes de Yemen no están sometidos a ningún embargo de la ONU o la Unión Europea”, añadió el gobierno en una respuesta a una pregunta escrita de EH Bildu el pasado enero.
Que no haya una orden de embargo es uno de los criterios que la Jimddu tiene en cuenta a la hora de validar o no las licencias, así como siete criterios más, como el de protección de los derechos humanos, el riesgo de desvío o las situaciones internas y regionales. Estévez es muy crítico con el hecho que España siga exportando a lugares con tantos indicios de vulneración de estos parámetros y se queja que, como último argumento, la respuesta del gobierno sea que “no puede desconfiar de sus aliados”.
Diplomacia y geopolítica
Aquí aparece otro ángulo oscuro del certificado de uso final ex post, que es que está pensado para que se introduzca de manera “excepcional”. Hacerlo siempre sería un contrasentido, expuso Méndez, porque podría ser un signo de desconfianza hacia el exportador. “Hay mucha geopolítica”, admite Uriarte, defensor de parar la venta de armas Arabia Saudita, tal como se hizo con Turquía con respecto al material susceptible de ser utilizado en Siria.
Estévez recuerda que Sánchez anunció la decisión sobre Turquía, de forma que a pesar de ser la Jimddu el organismo que autoriza las licencias, “en última instancia la Moncloa es quien decide”. Y la realidad es que más allá de instrumentos de dudoso funcionamiento, el sector de la exportación de armas disfruta de una salud de hierro y de un muro de opacidad.
