Una oportunidad de oro para llegar hasta el fondo de la operación Catalunya
De vez en cuando aparecen nuevas informaciones sobre la operación Cataluña que demuestran que no fue algo de cuatro locos sino un operativo de largo alcance, con múltiples instituciones involucradas (Policía, CNI, etc.) y que llegó a convertirse en una forma de actuar tan normalizada en el ministerio del Interior que se ampliaron sus objetivos, por ejemplo actuando contra Podemos (caso Neurona) y entorpeciendo las investigaciones sobre la corrupción del PP (operación Kitchen). Pero en el caso catalán, tanto por la amplitud de los objetivos (políticos, empresarios, periodistas, etc.) como por los recursos desplegados, resulta inverosímil que todavía no se haya iniciado ninguna investigación judicial seria. Estamos, sin duda, ante el mayor escándalo de la democracia española, con permiso de los GAL, en los que al menos un ministro –el del Interior, Jorge Fernández Díaz– utilizó a la policía para perseguir la disidencia política (con el excusa de defender la unidad de España) saltándose todos los límites de la ley.
La ley prohíbe expresamente realizar investigaciones prospectivas, es decir, investigar a alguien sin ninguna prueba previa sólo con el ánimo de perjudicarlo. Y esto es lo que se hizo en múltiples casos. Y cuando nada se encontraba entonces se inventaban supuestos escándalos, que se filtraban a la prensa amiga para influir en la realidad política (los casos de Artur Mas en el 2012 y Xavier Trias en el 2014). Ahora, gracias a los documentos y audios aportados por el excomisario José Manuel Villarejo, un personaje oscuro pero con información muy delicada para todos, sabemos que toda esa información llegaba directamente a la mesa del ministro Fernández Díaz y de ahí iba, según La Vanguardia y Eldiario.es, en la de Mariano Rajoy.
Precisamente, en el marco de los acuerdos de investidura se pactó que habría una nueva comisión de investigación sobre la operación Catalunya en el Congreso, donde el PSOE no quiere que comparezcan jueces o fiscales pero sí abre la puerta a que lo haga Mariano Rajoy. El contexto actual, en el que al PSOE le interesa destaparlo para descubrir el juego sucio del PP, es una oportunidad de oro para poder llegar hasta el fondo de la operación Catalunya, saber exactamente quién estuvo implicado ya qué nivel, de modo que los afectados puedan reclamar indemnizaciones por el daño infligido o al menos obtener un resarcimiento moral.
La paradoja es que todas estas operaciones ilegales, en las que se extorsionaba testigos para obtener información, se chantajeaba a empresarios y se distribuía información falsa que atentaba contra la dignidad y la imagen de los líderes independentistas, se hacían precisamente en nombre de la ley. La democracia española no podrá considerarse digna de ese nombre hasta que no aclare lo ocurrido y lo haga pagar a los responsables, se llamen Rajoy o Fernández Díaz. Y, evidentemente, el nuevo gobierno debería proceder a una depuración de las "cloacas de Interior" para que todo aquello no pueda volver a ocurrir nunca más.
