El diagnóstico no es nuevo. España tiene un grave problema de acceso a la vivienda fruto de la mala gestión de muchos años, que es especialmente sangrante en el caso del alquiler público. Lo que sí sorprende de'Informe anual 2023 presentado por el Banco de España es la magnitud de las cifras de las que hablamos, y sobre todo la comparación con los demás países desarrollados. Según el informe, que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) actualizados este 2024 y que hacen referencia al año 2020, en España hay sólo 290.000 inmuebles destinados a alquiler social, uno 1,5% del total. La media de la OCDE supera el 5% y la de los países de la UE, el 9%. Para situarnos en la media habría que destinar 1,5 millones de viviendas nuevas a alquiler social y, por eso, desde el organismo supervisor se recomienda de forma insistente que haya un plan a largo plazo, pactado con todas las fuerzas y administraciones, que permita multiplicar en un 150% la construcción de un gran parque de vivienda pública.
Acerca del papel está muy bien. Pero antes de entrar con las recetas que se proponen, es necesario recordar el pasado. España, y muy en concreto Barcelona, tenía un importante parque público de vivienda que se fue vendiendo, perdiendo su control. Y esto no sólo con respecto al parque construido durante el desarrollismo, sino también en las últimas décadas. Si Austria o Países Bajos encabezan hoy con mucha diferencia el ranking de países con mayor alquiler social es, precisamente, porque han mantenido esta política de propiedad y gestión pública a lo largo de las décadas, por lo que hoy son la envidia de Europa . En España hemos tenido muchos años de políticas ultraliberales y privatizadoras, incluso con partidos supuestamente de izquierdas, lo que ha encarecido el precio del sol –que además es cada vez más escaso, especialmente en Barcelona– y por supuesto las viviendas. Si se vuelve a construir a gran escala desde las administraciones, esta vez será necesario asegurar que se blindará la propiedad pública de cara a las siguientes generaciones.
Poner en marcha las promociones públicas de vivienda, además, es un proceso lento y pesado. Hay que pensar, efectivamente, a largo plazo –mínimo diez años, como señala el Banco de España–, lo que significa que se necesitan dos o más legislaturas. Se requiere, por tanto, un consenso político y una colaboración entre administraciones que hasta ahora no ha sido fácil, y unos objetivos claros y compartidos para todos. Posiblemente sea en este terreno, el de la vivienda, donde más necesario es un gran pacto de país. Sabemos que es la yema del huevo de las desigualdades sociales y, por tanto, donde debe incidir con más contundencia. Son necesarias inversiones públicas a gran escala, así como un control del mercado inmobiliario, más intervencionista de lo que ha habido hasta ahora. Tanto en lo que se refiere a asegurar la propiedad pública como en la distorsión que suponen los pisos turísticos o de temporada, por ejemplo. Las propuestas que se hacen desde el Banco de España deberían ser un revulsivo para empezar a poner en marcha ya las soluciones.
