À Punt sobrevive al primer intento "de control" del PP y Vox
El gobierno valenciano rectifica y no modificará las mayorías para la elección de los órganos de dirección ni reducirá el presupuesto
ValenciaPrimera pelota de partido salvada, pero se mantiene el peligro y aún queda mucho juego por disputar. Ésta es la sensación que ha dejado el retroceso del Partido Popular y Vox, que han renunciado a implementar las medidas que habían anunciado para modificar las mayorías para la elección de los órganos de dirección de À Punt y para reducir el presupuesto de la cadena . Las iniciativas habían despertado el miedo de muchos ciudadanos y profesionales a repetir la traumática y estigmatizadora experiencia de Canal 9.
La marcha atrás del Consell la anunció el pasado jueves el propio presidente valenciano, Carlos Mazón, que aprovechó una respuesta parlamentaria al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, para afirmar que si al líder naranja las enmiendas incluidas en la ley de acompañamiento de las cuentas de la Generalitat para el 2024 referentes a la emisora le parecían el "asalto político" de À Punt y un inicio del "control" del canal, populares y ultras las retiraban.
En concreto, lo que no se aprobará será la modificación de los votos necesarios para elegir a los cinco miembros del consejo rector de À Punt que designan Les Corts y que populares y Vox pretendían que pudieran ser escogidos con una mayoría absoluta y no con la mayoría reforzada de tres quintos (60 diputados) como ocurre en estos momentos. Con la actual composición del Parlamento, el requisito obliga a los grupos que sustentan al Consejo a consensuar el listado de nombres con la oposición. Además, tampoco se cambiará el apoyo exigido para aprobar el mandato marco, que fija los objetivos generales de la cadena, y que seguirá siendo de tres quintos.
Otra medida que PP y Vox han dejado en el cajón, quizás para el futuro, es la modificación del número de miembros del conseller rector, que no pasarán de 10 a 11. Populares y ultras pretendían introducir un conseller en representación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un organismo en el que ambas formaciones tienen mayoría. Además, este ente tampoco podrá proponer un representante en el consejo de la ciudadanía –el ente asesor en materia de programación y de contenidos.
En su intervención en Les Corts, Calors Mazón defendió que a él le parecía "una buena idea" de que los municipios, a través de la FVMP, estuvieran representados en el consejo rector de la emisora, pero que si Baldoví lo consideraba "un ataque y un control" a la independencia de la radiotelevisión pública, populares y Vox retiraban la propuesta.
En cuanto al ámbito presupuestario, tampoco se modificará la financiación que la ley de creación del canal establece para la cadena y que en estos momentos debe ser de entre el 0,3% y el 0,6% de las cuentas autonómicas. PP y Vox deseaban que el 0,3% pasara de mínimo a máximo.
Finalmente, À Punt no deberá asumir el incremento del IVA que supone la decisión de 2021 de la Agencia Tributaria, que estableció que los medios de comunicación públicos ya no tienen derecho a deducirse la totalidad de el impuesto. La emisora podría tener que hacer frente a los 24,8 millones que la Hacienda española le reclama por los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. La medida fue recorrida por la Radiotelevisión Valenciana y las demás cadenas públicas y está a la espera de una sentencia. En caso de una resolución negativa, ahora quien asumirá el pago será la Generalitat y no el canal.
¿Por qué el PP y Vox han cambiado de opinión?
El inesperado giro de guión del PP y Vox ha sorprendido a formaciones políticas y sindicatos en la Comunidad Valenciana. Primero, porque supone un cambio de opinión en poco menos de unas semanas y, segundo, porque incluye el visto bueno del partido ultra, que reclamó el cierre de À Punt en numerosas ocasiones. En esta extrañeza también influye el recuerdo de la gestión del Partido Popular de Canal 9, que desembocó en el cierre de la cadena hace justo una década.
Según el PP, la rectificación evidencia su voluntad de llegar a acuerdos con el PSPV y Compromís. De hecho, los conservadores llevan semanas intentando negociar una agenda compartida de reivindicaciones con la oposición, una estrategia que los cambios en À Punt no habrían favorecido.
La explicación de los populares no convence al presidente del comité de empresa de À Punt, Toni Villarreal, que cree que el paso atrás en el IVA está relacionado con la presión recibida por el Consell durante las últimas semanas y con la convocatoria hasta dos concentraciones para oponerse a los cambios impulsados por el PP y Vox. "Quizás han oído las quejas recibidas desde la propia empresa y desde el sector audiovisual", detalla. Sobre la anulación de la modificación de las mayorías para la elección de los órganos de dirección, Villarreal apunta a una posible estrategia dilatoria y no a una renuncia de la medida. "Dijeron que querían reformar la ley de creación más a fondo. Quizás han decidido dejar este tipo de modificaciones para este momento", apunta el dirigente sindical.
Sea como fuere, la indefinición del Partido Popular y Vox, que más de seis meses después de ganar las elecciones aún no han explicado si van a tomar alguna medida sobre la emisora, solo aporta mayor incertidumbre a una cadena con audiencias muy bajas –cerró noviembre con una cuota media del 2,5%–, con una plantilla que no supera a los 450 empleados y de carácter temporal –al no haberse celebrado todavía el proceso selectivo que debe estabilizarlo–, y con un presupuesto de 69 millones que, según el comité de empresa, es el más bajo del Estado si tenemos en cuenta la cifra de habitantes.