La Fiscalía de Menores recurre la decisión del juez de no detener el libro del crimen de Bretón
El ministerio público insiste en que 'El odio' supone una "intromisión ilegítima en el derecho al honor" de los dos menores asesinados

BarcelonaLa Fiscalía de Menores de Barcelona ha recurrido la decisión del juzgado de primera instancia que el lunes denegó que se paralizara cautelarmente la distribución del libro El odio, de Luisgé Martín, en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijos en el 2011 y revela intimidades de la madre de las criaturas, Ruth Ortiz. A raíz de los asesinatos, Ortiz lideró la lucha judicial por tipificar la violencia vicaria (la que golpea a los hijos por dañar a las madres) como un tipo de violencia machista.
En el recurso, el fiscal reitera que actúa para evitar el riesgo "grave e inminente de intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Ruth y José, los dos menores asesinados y quemados en una hoguera por su padre. El lunes, el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona denegó la medida cautelar que pedía la Fiscalía alegando que sin el contenido del libro no podía tomar una decisión provisional y antes de un juicio que, en el fondo, debe ponderar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de los niños.
En cambio, ahora el ministerio público responde al magistrado que sí tenía a su disposición material suficiente para detener la publicación y que, en todo caso, es la editorial Anagrama la que debería haberle hecho llegar una copia o un borrador del libro. Además, reprocha al juez que rechace la suspensión cautelar de la publicación cuando se trata "precisamente de evitar" la puesta a la venta del libro, ya que indica que sólo así se puede prevenir la vulneración de derechos de los niños.
"Un conflicto de derechos"
Este martes también se pronunció sobre el caso el Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo. Lo ha hecho para pedir que se tenga en cuenta a la madre de los niños a la hora de decidir si el libro sale a la luz o no en una intervención en el Congreso de los Diputados, donde ha entregado el informe de su institución que hace referencia a la violencia vicaría.
Gabilondo ha reconocido que en este caso existe "un conflicto de derechos", pero ha reivindicado que "los conflictos de derechos no se resuelven en una especie de dilema competitivo donde hay que tomar opción" por uno u otro. El defensor del pueblo también profundizó en el impacto de la violencia vicaria en las mujeres, "una violencia que no termina, ni siquiera con la muerte de sus hijos", y pidió tener en cuenta "el interés superior de la mujer en relación con sus hijos cuando estos hijos fueron asesinados".
Libertad de expresión y derechos de los niños
La petición que presentó la Fiscalía iba acompañada de distintas noticias que se han hecho eco del libro y de la nota de prensa con la que le anunció Anagrama, que incluye seis líneas del texto. El juez cree que estos extractos son "insuficientes" para valorar el caso. Por ello, respondió a la Fiscalía que "es absolutamente imposible poder realizar un juicio provisional e indiciario" sobre el contenido del libro para decidir si los tribunales deben intervenir para proteger los derechos de los menores sin antes haber celebrado un juicio.
La falta de detalles sobre el contenido del libro, decía el juez, llega hasta el punto de que no se puede aclarar a qué género pertenece, lo que hace que no se puedan valorar los límites de la libertad de expresión y de información. En este caso, además del derecho al honor y la intimidad de los niños también está involucrado el derecho a la libertad de expresión del autor y de la editorial, y el magistrado considera que de momento no tiene información suficiente para poder ponderar estos dos derechos.
Ortiz había pedido amparo a la justicia para que se paralizara la distribución del libro y la Fiscalía de Barcelona, donde se encuentra la sede de la editorial, pidió medidas cautelares para la suspensión de la publicación del libro. El Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) presentó previamente un escrito a la Fiscalía pidiendo "ayuda, auxilio y amparo", firmado por Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación.
La madre de los niños apunta que el conocimiento de los detalles del libro a través de los medios de comunicación le está causando un "gran dolor y nuevos daños psicológicos". En el escrito, considera que la publicación del libro es ilegal de acuerdo con la ley de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como contraria a la ley de protección a la infancia y la adolescencia.