Un punto de inflexión para mejorar las prisiones
El asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas de Enric provocó una revuelta de los funcionarios de prisiones que todavía no está cerrada. La herida sigue abierta, y el miedo a que vuelva a ocurrir algo similar se mantiene. La única manera de suturarla del todo, aunque siempre quedará cicatriz, es aclarar completamente qué ocurrió y tomar las medidas necesarias para prevenir en lo posible una situación parecida. En este caso, según ha descubierto el ARA, se incumplió un protocolo ante un incidente causado por el mismo preso sólo 68 días antes del crimen. Es difícil afirmar que, si se hubiera cumplido el protocolo que correspondía, el preso no habría podido cometer el asesinato, o lo habría hecho en otro momento. Pero el protocolo de reincidencia existe precisamente para evitar situaciones como la que acabó ocurriendo.
¿De qué sirve el RisCanvi, el algoritmo creado por investigadores de la Universidad de Barcelona que se utiliza para evaluar el peligro de reincidencia de los presos, si no se aplica como corresponde, como ocurrió en este caso? ¿Qué habría pasado si la Junta de Tratamiento de Mas de Enric hubiera tenido un aviso diferente del nivel de peligrosidad del preso? El caso es que cuando el preso que cometió el crimen agredió a un compañero suyo no se le volvió a evaluar con el RisCanvi tal y como marcaba el protocolo, y, por tanto, cuando la Junta de Tratamiento le dejó volver a trabajar en la cocina, no tenía su nivel de peligro actualizado. Probablemente, el órgano carecía de toda la información que necesitaba.
Aunque es discutible –y se discute– que se pueda utilizar un algoritmo para tomar decisiones que afectan a personas, como decidir si un preso puede hacer o no un trabajo, la actual normativa lo prevé así. Y esta herramienta es uno de los elementos que se tienen en cuenta para tomar decisiones como ésta. Por tanto, no tiene sentido que no se aplique como corresponde. Se cometió un error que no podemos saber del todo qué consecuencias puede haber tenido, lo que obliga a revisar cómo se aplican estos protocolos y si se están aplicando de la mejor forma posible.
¿Era conveniente que un preso condenado por haber matado a una mujer a navajazos, que nunca había reconocido los hechos y que hacía menos de cuatro meses había atacado a otro preso, continuara trabajando en la cocina, rodeado de cuchillos? Las autoridades penitenciarias deberían revisar a fondo las decisiones que permitieron esta cadena de hechos, y si los protocolos que se utilizan para evaluar los niveles de peligrosidad son correctos. No sólo depende la seguridad de los funcionarios de prisiones y los demás trabajadores de los centros penitenciarios, también la de los presos en general, que, no lo olvidemos, son personas, tienen derechos y en teoría están cerrados para pasar un proceso de rehabilitación que les permita reintegrarse a la sociedad.
El crimen de la cárcel de Mas de Enric debería ser un punto de inflexión que permitiera revisar el funcionamiento de los centros, no para endurecerlo por puro populismo, sino por encontrar los puntos débiles y hacerlo más eficiente y seguro para todos.