El Supremo inhabilita a Torra por unanimidad y pone fecha de caducidad a la legislatura catalana

Madrid / BarcelonaPor primera vez desde la restauración de la Generalitat, el Tribunal Supremo ha inhabilitado a un presidente en ejercicio de su cargo. Y lo ha hecho por unanimidad de los cinco jueces que tenían que decidir, tal como ha avanzado esta mañana El Español. Quim Torra será apartado del Govern por no haber descolgado la pancarta de los lazos amarillos del Palau de la Generalitat en el plazo que le dictó la Junta Electoral Central (JEC) durante la campaña de las elecciones españolas del 28 de abril de 2019. El alto tribunal confirma íntegramente la condena que ya fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por haber desobedecido de manera "reiterada y contumaz" las órdenes de la JEC, tal como ratifica la sentencia de la sala segunda del Supremo, redactada por el magistrado Juan Ramón Berdugo.

El tribunal ha emitido la decisión este lunes –tal como había avanzado el ARA–, después de la vista que se produjo el 17 de septiembre en Madrid, en la que el presidente de la Generalitat quiso hacer acto de presencia. Ahí el abogado de Torra, Gonzalo Boye, expuso los argumentos por los cuales creía que el Supremo tenía que estimar el recurso de casación del presidente y enmendar al TSJC. Pero no les convenció. El Supremo ha decidido que Torra sí desobedeció a la Junta Electoral Central y que tiene que ser apartado de sus funciones.

Los magistrados sostienen que el ámbito del recurso de casación "no es la exhibición de determinados símbolos y pancartas de una determinada opción política"; es decir, la libertad de expresión no está a debate. "El objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, porque como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actas que reflejen su identidad política –remarca la sentencia–, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo que dispuso la Junta Electoral". "En el ejercicio de sus funciones de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización [de símbolos y pancartas]", dice la sentencia, que confirma que Torra "vulneró el principio de neutralidad al que se tienen que atener las administraciones en general contraviniendo las órdenes expresas de aquella JEC".

En la sentencia, de 133 páginas, la sala segunda subraya que Torra era consciente de que desobedecía y que mostró una "voluntad anímica inequívoca de contravención" de la instrucción de la JEC. Los magistrados desestiman todos los argumentos de la defensa del presidente catalán y, entre ellos, reiteran la competencia del órgano administrativo y rechazan la parcialidad que Torra denunció de varios miembros de la JEC, así como del tribunal que lo condenó.

Govern en funciones y Aragonés sustituto con poderes limitados

Ahora se abre un periodo de incertidumbre en las instituciones catalanas, puesto que el escenario es inédito. Tal como avanzó el ARA, los servicios jurídicos de Presidencia ya han terminado el informe que fija el itinerario jurídico a seguir y que da a Pere Aragonés, actual vicepresidente, los poderes para pilotar el ejecutivo a partir de ahora. Un Govern que, sin embargo, estará limitado en su actuación porque estará en funciones –una vez cese el presidente, también cesarán todos los consellers.

Como presidente sustituto, Aragonés tendría todos los poderes de Torra menos el de convocar elecciones anticipadas, someterse a una cuestión de confianza y nombrar o cesar consellers. El resto, los de representación de la Generalitat, el Estado y de coordinación del ejecutivo, los acumularía él. Ahora bien, aunque formalmente sea así, en términos políticos, JxCat y ERC han pactado que la proyección mediática será compartida con la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

La fecha de las elecciones

Una vez hechos los cambios en el Govern –la sustitución de Torra por Aragonés se tiene que publicar a través de un decreto del ejecutivo–, se abrirá un periodo de diez días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, inicie una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para comprobar si hay una alternativa al presidente. Los independentistas ya han dicho que no presentarían candidato, y hay que ver si lo hace la oposición. En caso de que no lo haga, el informe de los servicios jurídicos de Presidencia da la facultad a Torrent para activar la cuenta atrás de dos meses –un plazo que fija la ley– hasta la convocatoria automática de elecciones a través de un pleno.

Uno de los puntos de negociación entre JxCat y Esquerra –que todavía no han llegado a un acuerdo– es cuándo se tiene que producir este pleno. Fuentes republicanas interpretan que no puede ir más allá de unas horas después de los diez días de ronda de contactos, mientras que Junts cree que hay más margen de días o semanas para iniciar la cuenta atrás hasta las elecciones.