La UE aplaza la ley Euro 7 y suaviza la rebaja de las emisiones de los coches

BruselasNuevo tira y afloja entre la lucha contra el cambio climático de la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen y los estados miembros. Este lunes los Veintisiete han llegado a un acuerdo para aplazar la entrada en vigor de la polémica ley Euro 7 y suavizar las rebajas obligatorias de emisiones contaminantes de los vehículos de combustión que había planteado Bruselas. "Con esta propuesta conseguimos un equilibrio entre los costes de inversión de las marcas fabricantes y mejoramos los beneficios ambientales", ha justificado el titular español de Industria, Héctor Gómez Hernández, quien ha presidido el encuentro ministerial.

De este modo, los socios europeos han consensuado que defenderán en las negociaciones con el Parlamento Europeo que la entrada en vigor de la normativa se aplace dos años: en cuanto a los coches, pasará del 2025 al 2027 y, en cuanto a los camiones, del 2027 a 2029. También han acordado que eliminarán las rebajas de emisiones que proponía la Comisión Europea al Euro 7 y dejarán las de la normativa anterior, el Euro 6. Es decir, un máximo de 80 miligramos por kilómetro (mg/kg) de óxido de nitrógeno para los vehículos diésel y unos 60 mg/kg para los de gasolina.

Por otra parte, la principal novedad del Euro 7 respecto a la anterior normativa es que se introducirán nuevos límites para las partículas contaminantes de los frenos y neumáticos, y pretende ser más exigente con los requisitos de durabilidad mínima de las baterías de los coches y, en general, de la vida útil de los vehículos. Ahora bien, también sobre estas cuestiones, los Estados miembros han rebajado las aspiraciones de la Comisión Europea, tal y como pedía la industria del sector automovilístico.

En este sentido, una parte importante de los socios europeos consideraba que los objetivos del ejecutivo comunitario son "demasiado ambiciosos" y que, por este motivo, los Veintisiete han apostado por acordar unas cifras más "realistas y aplicables". De hecho, poco después de que Bruselas presentara la propuesta legislativa, algunos países, como Francia, Italia o República Checa, ya se opusieron públicamente. También se posicionaron en contra actores tan relevantes de la industria automovilística como BMW, Volkswagen, Renault y Stellantis.

Los Estados miembros y las marcas más contrarias argumentan que los límites que proponía la Comisión Europea son excesivamente restrictivos y que obligarían a los fabricantes de automóviles a invertir demasiado dinero para poder cumplirlos. La ACEA (Asociación de Fábricas Europeas de Automóviles, en sus siglas en inglés) calculan que con la propuesta de la Comisión se habría encarecido el precio final de los vehículos en casi 2.000 euros para los coches gasolina y más de 2.500 euros para los diesel.

Mantener la competitividad

En este sentido, los Estados miembros remarcan que el sector del automóvil de Europa, que tiene mucho peso en países como Alemania, España o Italia, debe mantenerse competitivo frente al de Estados Unidos o China, que están especialmente dopados por la lluvia de millones que reciben en ayudas públicas. En cualquier caso, la prohibición de vender coches con motores de combustión a partir de 2035 se mantiene y, de hecho, el Euro 7 debe ser la ley que marque a la industria automovilística el camino progresivo hasta la prohibición final de coches contaminantes. Por este motivo, esta normativa afectará a todos los vehículos que se comercialicen desde que entre en vigor la nueva ley hasta 2035.

Por otra parte, también hay asociaciones ecologistas que encuentran insuficiente la medida que plantean los estados miembros, e incluso todo algunos países como Luxemburgo o Dinamarca critican que se hayan "diluido" tanto los objetivos medioambientales. Copenhague recordó, por ejemplo, que el "tránsito de coches contribuye significativamente a la contaminación del aire", lo que calcula que provoca unas 300.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea.

A pesar del acuerdo al que han llegado los Veintisiete este lunes, aunque falta que el Parlamento Europeo consensúe cuál es su posición, que suele ser más ambiciosa que la de los estados miembros, y entonces el Consejo y la Eurocámara podrán empezar a negociar la medida.