"Lo viven como un castigo": llegan las primeras denuncias de presos apartados de las cocinas

BarcelonaEl asesinato de la cocinera de Mas de Enric encendió el debate sobre la seguridad en las prisiones, y fijar medidas para evitar que se repita un crimen como aquél ha sido el primer gran movimiento en el ámbito penitenciario del nuevo Govern. El equipo del conseller Ramon Espadaler ha endurecido los requisitos para que los internos puedan trabajar en prisión con una circular que amplía los puestos de trabajo que se consideran de riesgo y ha vetado que trabajen los condenados o los que esperan juicio “por delitos violentos con resultado de muerte o lesiones graves”. Esto incluye no sólo las cocinas, sino también algunas posiciones en la lavandería, tienda, panadería y área de mantenimiento. Las cárceles ya han empezado a relevar a internos, sobre todo de las cocinas, si bien varias fuentes penitenciarias explican al ARA que buena parte de los cambios están por hacer. Sin embargo, los relevos efectuados han despertado malestar entre los afectados, hasta el punto de que algunos presos han recurrido a la vía judicial para intentar revocar el despido.

La cifra de cuántos quieren impugnar el despido es difícil de calcular porque "la inmensa mayoría" no tienen abogados particulares para poder presentar un recurso, explica el director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona , Iñaki Rivera. Ahora bien, a partir de su contacto con presos y sus familiares prevé que los juzgados reciban mayores denuncias. "Lo viven como un castigo", reflexiona. Coincide una profesional con contacto directo con internos que quiere mantener el anonimato: constata cómo muchos de los que han sido apartados no comprenden los motivos y se encuentran sin la actividad que les llenaba buena parte de las horas en prisión y les servía para conseguir algunos ingresos.

Uno de los presos que sí acudió a la justicia para protestar contra su destitución lo hizo a través de la abogada Mireia Salazar. El hombre trabajaba en el aula de formación de adultos dentro de la cárcel y "le dijeron de viva voz que el lunes no volviera". Unos días después se le notificaron por escrito, y Salazar ha presentado una queja contra el despido en el juzgado de vigilancia penitenciaria. Además, también trabaja en una demanda en un juzgado de lo Social por despido improcedente, en la que pedirá que no se aplique la circular. Entre otras cosas, argumentará que contradice una norma superior: el decreto que regula las relaciones laborales penitenciarias, con efecto en todo el Estado y que no fija requisitos en función de la gravedad del delito cometido. En opinión de Salazar, la circular de Justicia también vulnera el principio de individualización científica, que dice que el tratamiento penitenciario se hace caso por caso para cada interno. "El problema es que se generalizan todos los trabajos extramodulares, y hay muchos, muy diferentes y con riesgos muy diferentes", insiste.

Justicia busca recolocarlos

A preguntas del ARA, fuentes de Justicia admiten que "la aplicación de la nueva regulación implica un ajuste de las personas internas que no está exento de dificultades", si bien aseguran que "se está haciendo un gran trabajo en los centros para encontrar alternativas en actividades con menor riesgo” para que puedan trabajar. También subrayan que "el trabajo es un elemento importante en el proceso de rehabilitación de los internos, principio que orienta la privación de libertad".

Para sustituir a los presos apartados hay que encontrar otros que cumplan los requisitos. Por ejemplo, tener el carné para conducir maquinaria móvil o haber superado un curso de manipulación de alimentos. Estos días ya hay presos que se están formando por ocupar las plazas vacantes. Además, algunas posiciones, como la cocina, solían ocuparlas los presos con condenas más largas, porque podían darle más estabilidad que otro preso con perspectivas de salir en libertad pronto. Las penas más largas suelen ser por asesinato (de 15 a 25 años) y homicidio (de 10 a 15), pero una vez vetados los presos por delitos violentos se les sustituirá con otros internos que no se prevé que salgan pronto.

“Su libertad depende de ello”

Salazar también advierte de la "tensión y preocupación" que el veto supone para los presos. Aparte de las cargas familiares que algunos asumen con el salario de la cárcel, que a menudo también utilizan para pagar a los abogados, la letrada apunta que "su vida y su libertad dependen de ello". Muchas condenas incluyen una responsabilidad civil o indemnización económica, y pagarla o demostrar el compromiso de hacerlo a plazos es uno de los elementos para valorar si un preso accede a la semilibertad. Cuando se trata de cantidades altas, las indemnizaciones suelen pagarse fraccionadas y muchos lo hacen con el salario que ganan trabajando en prisión. "Que esto se trunque pone en riesgo su libertad", alerta la abogada.