Vetar a los condenados por delitos de sangre de las cocinas de las prisiones: el primer cambio del nuevo consejero de Justicia
La conselleria de Espadaler endurece el protocolo aprobado por el anterior departamento
BarcelonaLas personas condenadas por delitos "violentos con resultado de muerte o lesiones graves" no podrán trabajar en las cocinas de las cárceles catalanas. Desde este lunes todos los centros penitenciarios tendrán que seguir este criterio, emitido en forma de circular por parte del departamento de Justícia, actualmente en manos del conseller Ramon Espadaler. Tal y como explicó el ARA la semana pasada, la anterior conselleria, liderada por Gemma Ubasart (ERC), dejó terminado un nuevo protocolo después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric a manos de un preso que cumplía una pena de prisión por haber asesinado a una mujer. Este protocolo pretendía unificar los criterios para trabajar en las cárceles de una vez por todas y no vetaba de las cocinas a los condenados por delitos violentos, si bien endurecía los criterios para trabajar. La medida debía entrar en vigor el 1 de octubre, pero ya llevaban semanas las cárceles lo tenían y se estaban adaptando. Tal y como apuntó este diario, la nueva conselleria de Espadaler se guardaba la posibilidad de introducir cambios y finalmente lo ha hecho.
Concretamente, introduce dos cambios relevantes: los condenados por delitos violentos no podrán trabajar en trabajos de especial riesgo (son algunos talleres productivos industriales, la cocina, la panadería, la lavandería, las tiendas y aquellos trabajos que están fuera de los módulos) y tampoco lo podrán hacer los que tengan un resultado del test RisCanvi (que mide el nivel de reincidencia) alto o medio. El protocolo aprobado inicialmente permitía, en cambio, trabajar a quienes tenían un resultado medio (como el asesino de Mas d'Enric), pero ahora todavía se ha endurecido más este criterio, tal y como ha podido comprobar el ARA accediendo a la nueva circular. Además, tendrán que haber pasado seis meses sin expedientes disciplinarios, y un año si antes habían estado en un departamento especial.
"Se trata de equilibrar dos cuestiones que son de igual importancia: la seguridad en el trabajo por parte de los servidores públicos y los derechos de los internos, y preservar algo que es sustantivo, que es la convivencia en los centros", ha explicado el consejero Espadaler en declaraciones a Efe. Para el titular de Justicia, se trata de una medida "de sentido común", porque resulta difícil entender "que alguien que tiene delitos violentos, en ocasiones con armas blancas, con resultado de muerte o lesiones graves, pueda trabajar con determinadas herramientas, como cuchillos". Las modificaciones en el nuevo protocolo han sido una de las primeras decisiones de Espadaler y de Elena Pérez, nueva secretaría general de Medidas Penales en sustitución de Amand Calderó.
Más requisitos y una evaluación
Los presos que hayan pasado por el programa temporal para abordar conductas suicidas y violentas tendrán que haber recibido el alta de este servicio antes de poder trabajar en uno de los puestos de especial riesgo, añade la circular. El documento establece también una capa más de requisitos para aquellos talleres y servicios auxiliares que se prestan fuera del módulo, como la cafetería y lavandería, y que tendrán los mismos requisitos que los puestos de trabajo de especial riesgo.
También se tendrá en cuenta una valoración del equipo del módulo donde vive el preso, que evaluará el seguimiento que está realizando su programa de tratamiento (si asiste a las actividades, sobre todo las encaminadas a reducir el riesgo de actitud violenta), y la unidad de seguridad interior realizará un análisis de idoneidad cuando se trate de un preso que se encuentre en el programa de supervisión.
La nueva norma también estipula los requisitos para todo tipo de trabajos en prisión. No podrán trabajar los presos a los que se les haya abierto un expediente disciplinario en el último mes, un período que se extiende a tres meses por faltas graves ya seis por las muy graves. Tampoco podrán trabajar los presos que sufran "un trastorno mental activo y no compensado", indica el documento.
