200 euros al mes para todas las familias con niños

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunciaba una medida que nos traerá la ley de familias, una prestación por crianza que, como ya avanzó Yolanda Díaz, quiere alcanzar los 200 euros mensuales. La propuesta ha generado cierto revuelo, también entre las filas de la izquierda, principalmente por el adjetivo que la acompaña: será una ayuda universal.

España tiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. El 29% de los niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza –el 26,5% en Catalunya–. Aunque es verdad que en los últimos años nuestro sistema de protección social se ha ampliado con la llegada del ingreso mínimo vital en 2020, y su complemento de ayuda para la infancia (CAPI), la capacidad que nuestro estado de bienestar tiene para reducir la pobreza infantil es todavía muy moderada. Concretamente, en el caso de las transferencias sociales, tienen el menor impacto en la lucha contra la pobreza infantil de toda Europa, muy por debajo del efecto sobre los mayores de 18 años y, especialmente, de 65 años.

Esto se debe a que nuestros principales mecanismos de redistribución se basan en ayudas contributivas –como la prestación de jubilación o la de paro– o en las desgravaciones fiscales, por lo que gran parte de aquellas personas que no cuentan con una estabilidad laboral, o no llegan al mínimo de renta para realizar la declaración, no se benefician de ello. E incluso las ayudas focalizadas en las familias en situación de pobreza, como el IMV, no llegan a casi el 60% de los hogares que potencialmente podrían recibirlos. Su desconocimiento, el laberinto burocrático para pedirlas o el estigma que pueden representar hacen que a menudo no lleguen a quienes más los necesitan.

En un país en el que cada vez hay menos niños, criarlos es muy caro. Concretamente, en Catalunya cuesta por encima de los 800 euros al mes. Y el aumento del coste de vida no se ha visto acompañado por los salarios. Las familias con niños y niñas a cargo tienen tasas de pobreza mucho más altas que los hogares sin ellos. Esto tiene un impacto en el futuro, no solo en términos de educación, salario y salud de los niños, sino también en cuanto al conjunto de la sociedad, cuyo coste se estima que en España alcanza más del 5% del PIB.

Universalizar una prestación por crianza significa, en primer lugar, reconocer que se trata de un derecho social para todos los niños, incluso para aquellos que viven en familias que no lo necesitan. Pero también implica garantizar que realmente llegue a quien lo necesita, eliminando barreras, estigmas y efectos regresivos de los mecanismos de apoyo a las familias. Es una medida muy cara, y requiere una reforma fiscal. Es probable que, por el camino, acabe convirtiéndose en una deducción fiscal reembolsable, o una prestación universal más discreta que se focalice en los hogares más pobres. Pero, en cualquier caso, nos acercamos a gran parte de los países europeos, que cuentan con ayudas universales a la crianza –aquellas que tienen tasas de pobreza infantil más bajas–, y el mensaje está claro: el coste de la crianza se paga entre todos. Los niños son el bien público más valioso, el que nos sobrevivirá.