La administración puede hacer una sociedad más justa

¿Por qué la administración pública debe seguir adjudicando contratos como si sólo importara el precio, cuándo podría hacerlo con criterios que también mejoren la vida de las personas?

La contratación pública representa casi un 20% del PIB español. Esto significa que cada año la administración mueve miles de millones de euros para prestar servicios, adquirir productos e impulsar proyectos. Pero, ¿a quién se le otorgan estos contratos? ¿A quién beneficia realmente ese gasto?

Desde hace unos años, la ley 9/2017 de contratos del sector público abre la puerta, e incluso obliga, a incorporar criterios sociales y ambientales en la contratación. Una oportunidad inmensa para empresas y entidades de la economía social, que priorizan a las personas y el bien común por encima del lucro.

Contrariamente a lo que muchos piensan, favorecer la economía social no sólo es legal, sino que es deseable, porque contribuye a una gestión más eficiente de los recursos públicos. Esto no es sólo una convicción, sino que así lo establece la ley: "En toda contratación pública se incorporarán criterios sociales y medioambientales, con la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio".

Esto significa que una administración puede –y debería– incluir en sus pliegos condiciones que favorezcan a este tipo de entidades. ¿Cómo? Estableciendo contratos reservados a centros especiales de trabajo de iniciativa social o empresas de inserción. También, reservando servicios sociales, culturales o sanitarios a entidades que cumplan con criterios de participación y reinversión de beneficios.

Además, las administraciones pueden incorporar criterios de adjudicación que valoren aspectos clave de la economía social: contratación estable, igualdad de género, participación democrática o reinversión de los beneficios. Elementos que aportan valor añadido a la ejecución de los contratos y contribuyen a una sociedad más justa e inclusiva.

Es cierto que estas opciones no siempre se aplican. Todavía hay desconocimiento, inercias y, en algunos casos, un miedo infundado que esto pueda vulnerar la libre concurrencia. Pero la normativa europea y española está clara: no sólo lo permite, sino que lo impulsa.

La economía social representa un tejido empresarial arraigado, inclusivo y resiliente. Cooperativas, fundaciones, asociaciones, empresas de inserción y centros especiales de trabajo son claves para fomentar el empleo digno, la cohesión social y el desarrollo local. Si las administraciones quieren contratar mejor, con mayor impacto y retorno social, es necesario poner esta manera de hacer empresa en el centro.

Para ponerlo en contexto: si todos los servicios de limpieza de edificios municipales fueran adjudicados a empresas de inserción, además de garantizar la limpieza, se abrirían oportunidades reales para cientos de personas vulnerables que viven en el territorio. Municipios como la Garriga (Vallès Oriental) o Vilablareix (Gironès) ya han aplicado este modelo con éxito, demostrando que es viable combinar servicio e impacto social.

Este enfoque ya se aplica en otros ámbitos, como es el caso de la gestión de residuos textiles y voluminosos, donde la nueva ley de residuos prevé que al menos el 50% de la recogida y el tratamiento debe llevarse a cabo a través de contratos reservados para empresas de la economía social.

No es beneficencia, es inteligencia colectiva. Cuando una administración contrata a una cooperativa que reinvierte los beneficios en el territorio, oa una empresa que integra a personas en riesgo de exclusión, no sólo adquiere un servicio: construye una sociedad más justa.

Hay que dejar atrás la visión estrecha que identifica "mejor oferta" con "precio más bajo". La mejor oferta es la que mejora la vida de la gente, genera trabajo estable, respeta el medio ambiente y fomenta la participación.

En definitiva, la contratación pública debe ser una herramienta al servicio del bien común. Y la economía social está preparada para demostrar que otra forma de hacer empresa –y de hacer país– no sólo es posible, sino necesaria.